Políticas Públicas

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) buscan asegurar un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana. Desde una perspectiva interdisciplinaria, Dejusticia estudia e incide en temas clave para el cumplimiento de los DESC.


2012 - ago
13
Publicado en:
El Espectador
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¿Se la fumó verde?

Rodrigo Uprimny Yepes

Su justificación esencial es que muchos de los problemas más graves de los adictos a drogas ilícitas derivan del consumo en condiciones de ilegalidad.
Esto no significa que las drogas ilícitas, como la marihuana o la cocaína, no tengan riesgos. Obviamente los tienen, como también los tienen el alcohol y el tabaco. Tampoco se trata de banalizar el drama de quienes caen en la adicción, que puede destruir vidas y familias. Se trata simplemente de enfatizar que esos problemas son mayores cuando el usuario tiene que acceder a la sustancia en un mercado ilegal y tiene que consumirla en la marginalidad.
Muchas veces esta marginalidad, más que el uso de la droga en sí misma, es la que provoca los más graves efectos al usuario. Así, la marginalidad obliga al consumidor de heroína a utilizar jeringas usadas, lo cual incrementa el riesgo de contagio de hepatitis B o VIH.
La ilegalidad evita también un control de la calidad de los productos, lo cual es muy grave para la salud pública. Si el alcohol estuviese prohibido, un alcohólico no podría comprar licor certificado en expendios controlados, sino que tendría que recurrir a compras clandestinas ¿Imaginan ustedes las cantidades de muertes o de personas ciegas por trago adulterado? Algo semejante sucede en el mercado de drogas ilícitas. Muchas muertes por supuesta sobredosis no derivan de un exceso del consumidor, sino de la pésima calidad de la droga ilegal.
Finalmente, las condiciones de marginación e ilegalidad reducen la posibilidad de que un adicto decida acceder a un programa de apoyo y rehabilitación.
Las llamadas salas de consumo han sido entonces creadas, en el marco de las llamadas políticas de reducción del daño, como una estrategia para disminuir la marginalidad de los adictos y atenuar así su sufrimiento.
Estas experiencias son diversas. En algunos casos, como las salas que existen en Bilbao o Frankfurt, simplemente se ofrece un espacio protegido y seguro para que la persona pueda consumir más tranquilamente la droga que consiguió en el mercado ilegal. Este espacio es entonces aprovechado por las autoridades sanitarias para atender eventuales sobredosis y orientar a los usuarios a formas menos riesgosas de consumo. Algunos de ellos deciden incluso participar en programas de rehabilitación.
En otros casos, como las salas de heroína en Zúrich, se va más lejos, pues el Estado suministra, bajo supervisión médica, heroína a consumidores que no han logrado superar su adicción con otros programas. Este suministro médico de la heroína permite entonces que esas personas tengan una vida mejor, a pesar de su adicción, lo cual no sólo reduce su sufrimiento personal, sino que disminuye los problemas sociales asociados a estos consumos problemáticos. Algunos deciden incluso dejar la heroína.
Estas salas de consumo han salvado vidas y atenuado los sufrimientos de muchos adictos. No entiendo entonces cómo pueden ser contrarias a la dignidad humana, como lo sostuvo el procurador. Y a la larga son además un buen negocio para la sociedad, pues los costos en que incurre el Estado son ampliamente compensados por la prevención de crímenes o de enfermedades más graves y costosas para el sistema de salud, como el sida.
Es obvio que una propuesta audaz como esta no debe ser improvisada y debe estar integrada a políticas globales frente a las drogas, por lo que es desafortunado que Petro la haya soltado sin un buen sustento. Pero es una opción que Colombia debe evaluar seriamente y que no debe ser descalificada con un mal chiste, como lo hizo el procurador al acusar al alcalde de habérsela fumado verde.

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