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Fortalecimiento de la Capacidad Estatal |
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Quien no arriesga, no gana o de cómo contribuir a la transparenciaVivian Newman Pont |
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La situación de transparencia en Colombia actualmente no es buena: a pesar de que la jurisprudencia constitucional es adecuada, la legislación es atrasada, poco garantista y dispersa. Por esto, la Alianza Más información, Más derechos** decidió arriesgarse a promover un proyecto de ley estatutaria que contribuyera a cambiar el statu quo. El resultado hasta ahora, es una norma con avances y algunos problemas. Lo bueno: Hasta el sol de hoy, el Estado publica algunos de sus actos en diarios y gacetas oficiales que solo consultan ciertos abogados. Si el proyecto se convierte en ley, incluso las entidades privadas que cumplen función o prestan servicio público y los partidos políticos tendrán que tener todos sus datos claves en la Web y además incluir otras lenguas y formatos alternativos para poblaciones especiales. Otro aspecto positivo del proyecto es que la reserva de información ofrece más garantías pues es más difícil mantener el secreto. Con la nueva norma, la carga de la prueba para negar el acceso la tendría quien quiere aplicar una reserva bajo cumplimiento de requisitos que incluyen la existencia de ley previa y fundamentos de que la revelación causaría un daño determinado superior a la transparencia. Esto impedirá lo que sucede hoy: que los funcionarios incompetentes o corruptos en temas reservados, puedan tapar sus faltas alegando que se trata de temas vedados. Así, hoy por ejemplo no hay ley que impida que el diputado de Antioquia que osó decir que invertir en Chocó era como perfumar un bollo esconda su hoja de vida alegando intimidad. Bajo la nueva norma no: lo que era privado cede ante la importancia del escrutinio público. Además, el seguimiento del derecho estará a cargo del Ministerio Público que se someterá a la política pública diseñada por el ejecutivo y protegida principalmente por los jueces de tutela y un mejorado recurso de insistencia. Funcionaría entonces un sistema de pesos y contrapesos que hoy opera deficientemente. Pero, como en el trabajo gobierno-congreso de todo trámite legislativo siempre hay quién pesca en río revuelto, no faltan apartes malos en el proyecto de ley de transparencia. El más desafortunado cambio se dio por cuenta del Ministerio de Defensa, quien aprovechó para imponer como una cuestión “de honor” un parágrafo que exceptúa de las reglas propias del acceso todo lo relacionado con defensa, seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales. Con esto, se intenta burlar las reglas internacionales y constitucionales que, por vía de jurisprudencia, actualmente impiden el abuso del secreto. La segunda perla también la propició el gobierno. Incluyó la antidemocrática posibilidad de negarse a indicar si un documento está o no en poder de una autoridad pública. ¡Habrase visto! Sin embargo, estas perlas no conllevan reserva absoluta ni son dentelladas a la situación actual en materia de transparencia, como pregonan algunos analistas. Por dos razones: La primera es que, contrario a lo que sostienen algunos medios, los aspectos problemáticos no representan un atraso legislativo, pues la casi totalidad de los puntos problemáticos ya existía en nuestras atrasadas leyes. O sea que, en el peor de los casos, quedaríamos en la misma situación de hoy. La segunda razón es que si tenemos ley, la interpretación de sus artículos no es exegética ni aislada sino sistemática, es decir, en relación con las demás reglas y principios garantistas de la misma ley. Así, parágrafos regresivos, no tienen vocación de éxito. Adicionalmente, los riesgos de esta iniciativa, propios de todo trámite legislativo, son moderados pues el control constitucional de la Corte, basado en la propia jurisprudencia, esta sí garantista, exigirá argumentos muy fuertes para desmejorar la situación del derecho de acceso a la información pública. De manera que el balance del proyecto de ley es positivo. Por esta razón, además de una crítica constructiva, sería buena idea saludar el avance legislativo e intervenir como ciudadanos en la Corte Constitucional para solicitar que revise y module aquello que va contra la jurisprudencia nacional e internacional o incluso contra la democracia. |
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