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Antidiscriminación |
Las sociedades latinoamericanas están atravesadas por formas profundas y diversas de discriminación. Por ello, Dejusticia trabaja contra la discriminación a través de estudios y acciones jurídicas y sociales para garantizar el derecho a la igualdad. |
| Discriminación de género |  |
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Demanda a la designación del Superintendente de Salud por incumplimiento del Presidente Juan Manuel Santos a la ley de cuotasDemandado: Norma demandada: Decreto 2170 de 2012Dejusticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandamos la elección del Superintendente de Salud por violación a la ley de cuotas, pues al momento de su nombramiento existía el deber en cabeza del Presidente de la República de nombrar una mujer y decidió nombrar un hombre. Con esto, el porcentaje de participación de mujeres en la dirección de las superintendencias es nulo. Es decir es del 0% mientras que debería ser mínimo de 30% de acuerdo con el mandato de la ley 581 de 2000. |
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Demanda a la designación del director de Colciencias por incumplimiento del Presidente Juan Manuel Santos a la ley de cuotasDemandado: Decreto 1973 de 2012Dejusticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandamos la elección del director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias- pues al momento de su nombramiento existía el deber en cabeza del Presidente de la República de nombrar una mujer y decidió nombrar un hombre. Con esto, el porcentaje de participación de mujeres en la dirección de los departamentos administrativos es inferior al mínimo legal, es decir que es de 16,6% mientras que debería ser mínimo de 30%. |
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Intervención ante la CIDH en el caso que estudia la prohibición de la fecundación invitroDemandado: República de Costa RicaDeJuSticia presentó un amicus en el caso que estudia la Corte IDH, sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que prohíbe la fecundación in vitro. En nuestro escrito consideramos que la Convención Americana, interpretada a la luz de otros instrumentos de derecho internacional protege el derecho de acceder al más alto nivel de desarrollo científico para el ejercicio de su autonomía reproductiva y la posibilidad de formar familia, que fue afectado intensamente con la prohibición de Costa Rica |
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Intervención en proceso de tutela por vulneración del derecho a la información pública y otros, en contra la ProcuraduríaDemandado: Procurador General de la Nación y otras.Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional respaldando la petición de la tutela presentada por Mónica Roa y otras mujeres contra funcionarios de la Procuraduría General de la Nación por vulnerar su derecho a la información y en consecuencia, sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Sostenemos que los funcionarios de la Procuraduría tienen un deber de suministrar información veraz e imparcial de forma proactiva pues ésta es fundamental para el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía. En virtud de sus funciones públicas tienen un deber reforzado que exige una rectificación inmediata cuando por cualquier medio se enteran que han emitido información errada. En el caso concreto, demostrada la inexactitud de algunas afirmaciones hechas por los accionados, solicitamos que las corrijan para garantizar el derecho a recibir información veraz. |
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Demanda a la designación de tres Ministros del Gobierno (Vivienda, Interior y Transporte) por incumplimiento del Presidente Santos a la ley de cuotasDemandado: Decreto 1015 de 2012, Decreto 1016 de 2012 y Decreto 1115 de 2012.DeJuSticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandamos la elección de los Ministros de Vivienda, Interior y Transporte porque con su nombramiento el Presidente Santos incumplió la ley 581 de 2000 que obliga que al menos 30% de los Ministerios sean dirigidos por mujeres. |
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Amicus frente a tutela sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por riesgo para la salud mental de la mujer.Demandado: .Dejusticia intervino para respaldar la protección de los derechos fundamentales de una mujer cuya voluntad de interrumpir su embarazo fue desatendida, pese a que su situación encajaba en una de los tres eventos de despenalización del aborto, a saber, la existencia de un riesgo para para la salud mental de la mujer. Dada la multiplicidad de faltas de los operadores del sistema de salud en el presente caso, las cuales evidencian las dificultades para dar un adecuado tratamiento a la causal de peligro para la salud mental de la mujer, proponemos a la Corte algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para no hacer nugatoria en la práctica la procedencia de la IVE en los casos que encajen en esta causal. |
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Impugnación de la demanda de nulidad instaurada contra el decreto que reglamentó la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo.Demandado: Decreto 4444 de 2006Dejusticia intervino solicitándole al Consejo de Estado que deniegue la solicitud de nulidad del decreto que reglamenta la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Para tal efecto, argumentamos que la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en tres casos, a saber, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de inseminación artificial, impactó el sistema de salud al reconocer que las mujeres embarazadas que se encuentren en las situaciones descritas tienen derecho a acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de salubridad. En virtud de este impacto en el sistema de salud, el Gobierno Nacional podía ejercer su potestad reglamentaria en este caso, pues de conformidad con la Ley 100 de 1993 es la autoridad competente para reglamentar la prestación de los servicios de salud. |
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Amicus curiae en tutela sobre garantía del derecho a salud mental de víctimas del desplazamiento forzadoDemandado: Ministerio de Protección SocialDejusticia respalda las pretensiones de la acción de tutela dirigidas a que se garantice el derecho a la salud de cuatro mujeres que no han recibido una atención integral frente a las graves afecciones psíquicas y emocionales que se desataron a raíz de su condición de desplazadas por la violencia del conflicto armado. En respaldo de la tutela, Dejusticia argumenta que la vulneración de los derechos en este caso concreto se debe a una falla estructural de la política pública sobre desplazamiento forzado, en la medida en que no existen los mecanismos necesarios para asegurar a las víctimas una atención psicosocial integral, oportuna, adecuada y permanente. |
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AbortoDemandado: Normas que prohíben el abortoDejusticia intervino en Nicaragua, México y Colombia en la legalización del aborto en estos países. |
| Discriminación población LGBT | |
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Intervención frente a tutela sobre donación de sangre de personas homosexualesDemandado: Laboratorio Clínico Higuera EscalanteDejusticia intervino ante la Corte Constitucional en una tutela que analizaba si un Laboratorio Clínico había discriminado a un hombre homosexual al rechazarlo como donante de sangre. La razón de esta exclusión se encuentra en la normatividad que regula los bancos de sangre, la cual impide la donación a los hombres que hayan tenido relaciones sexuales masculinas en el período de 15 años donen sangre, como medida para evitar la recepción de sangre infectada con VIH/SIDA. Argumentamos que en este caso efectivamente hubo un trato discriminatorio, ya que se confundieron la conductas riesgosas frente al VIH (causas reales de contagio) con la pertenencia a una población, siendo este último criterio erróneamente utilizado para rechazar las donaciones de los hombres homosexuales. |
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Caso Chandler Burr: adopción individual y orientación sexualDemandado: Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarEn abril de 2011, luego de haber pasado por un largo proceso de adopción y de que las autoridades colombianas lo consideraran un padre idóneo y le concedieran la adopción de dos niños colombianos, el señor Chandler Burr debió separarse de sus hijos adoptivos porque le comentó a una funcionaria del ICBF que era homosexual. Por ese solo hecho, el ICBF abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y separó a la familia Burr. DeJuSticia y Colombia Diversa asumieron la representación de la familia Burr, por considerar que este es un caso en el que los prejuicios y la discriminación en razón a la orientación sexual estaba vulnerando los derechos de los niños. Presentamos una tutela que tuvo dos decisiones judiciales en contra de la familia Burr, pero en revisión ante la Corte Constitucional, esta decidió proteger el derecho al debido proceso y el derecho de los niños a ser escuchados y ser tenidos en cuenta. La sentencia de la Corte sostiene que la apertura del proceso administrativo que separó a la familia Burr no tenía justificación pues no había evidencia de que se estuviera vulnerando o amenazando los derechos de los niños. A continuación se incluye una hoja informativa del caso en la que se resaltan los hechos relevantes del mismo, y otros documentos que pueden ser útiles para las personas que quieran comprender el drama humano que hay detrás del debate jurídico que actualmente hay en Colombia por cuenta de este caso. |
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Demanda para que se permita el matrimonio homosexual.Demandado: Artículo 113 del Código Civil, el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 294 de 1996 y el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009.Colombia Diversa y Dejusticia presentamos esta demanda con el objeto de que se declare la inexequibilidad de la restricción del matrimonio civil a las parejas heterosexuales. Argumentamos que esa restricción viola los derechos a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad y al buen nombre, y al libre desarrollo de la personalidad de las personas homosexuales; sin que existe ninguna justificación constitucional para mantener la restricción. |
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Concepto en acción de tutela por discriminación contra transgeneristaDemandado: Olga María Chacón, Carlos Dávila y la Sociedad Hotelera TequendamaColombia Diversa, Women´s Link y DeJuSticia presentamos esta intervención ante la Corte en un proceso de tutela en el que la accionante alega la violación de sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, al habérsele negado el ingreso a dos eventos nocturnos en la ciudad de Bogotá en atención a su condición de transgenerista. Sostenemos que pese a que está constitucionalmente prohibido discriminar por razón de la orientación sexual y de la identidad de género, las personas transgeneristas son discriminadas en múltilpes ámbitos de la vida social. Sin embargo, en muchos casos estas discriminaciones son sutiles y encubiertas, por lo cual es necesario que en los procesos judiciales en los que se alegan tales discriminaciones, se apliquen estándares probatorios específicos para prevenirlas y para sancionar su ocurrencia. Conforme a dicho estándar, la persona que alega la discriminación no tiene que demostrar directamente la intención discriminatoria pues se trata de una prueba casi imposible. En su lugar, a la persona le basta probar i) que hace parte del grupo tradicionalmente discriminado, ii) que en una situación semejante fue tratada de manera distinta a otras personas de otros grupos sociales y iii) que dicho trato distinto le ocasionó un daño. Una vez probada esta situación, entonces debe presumirse la discriminación y se invierte la carga de la prueba, de tal modo que corresponde a quien otorgó el trato diferenciado probar que éste era justificado y no tenía propósito discriminatorio. Conforme a ese estándar probatorio, concluimos que en este caso concreto las decisiones de los jueces de instancia deben ser revocadas y debe otorgarse la tutela. |
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Concepto en acción de tutela para que se realice el trámite de adopción consentida por parte de compañera permanente homosexualDemandado: Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarEl año pasado una pareja de lesbianas que han convivido por más de cuatro años y que en el año 2007 declararon la existencia de su unión ante notario acudieron al ICBF para iniciar el trámite para que una de ellas pudiera adoptar a la hija biológica de la otra. La niña fue concebida por inseminación artificial luego de que la pareja de mujeres tomara la decisión de tener un hijo, y desde ese momento ha estado bajo el cuidado de las dos mujeres. Sin embargo, pese a que el Código de la Infancia y la Adolescencia contempla la adopción consentida que permite que una persona adopte al hijo biológico de su cónyuge o compañero/a permanente, el ICBF rechazó la solicitud en razón del carácter homosexual de la pareja. Dejusticia, en asocio con Colombia Diversa, intervino ante la Corte Constitucional para que tutele los derechos de esta pareja de mujeres y de la menor a la igualdad, el debido proceso, así como el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. |
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Intervención ciudadana sobre la constitucionalidad del Art. 113 del Código Civil-matrimonio civilDemandado: Artículo 113 del Código Civil que consagra el matrimonio civil únicamente para las parejas heterosexuales y que define la procreación como uno de los fines del matrimonio.La intervención respalda las pretensiones de los demandantes orientadas a permitir que las parejas conformadas por personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil y que se declare la inconstitucionalidad de la definición de la procreación como uno de los fines del contrato en cuestión. De este modo se pretende que se fortalezca y amplíe a nuevos casos el precedente constitucional en materia de protección de los derechos de las parejas constituidas por personas del mismo sexo, el cual se ha venido consolidando desde el año 2007. |
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Intervención ciudadana parejas del mismo sexoDemandado: Normas demandadas: artículo 68 numeral 3 de la Ley 1098 y el artículo 2 de la Ley 54 de 1990El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia- interviene en el proceso con la finalidad de presentar algunas observaciones con respecto a los conceptos científicos solicitados por la Honorable Corte Constitucional, para verificar si existe alguna prueba empirica que demuestre afectación en los menores que crecen en hogares conformados por parejas del mismo sexo. |
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Demanda en bloque contra normas discriminatorias contra parejas del mismo sexoDemandado: Normas discriminatorias contra las parejas del mismo sexoLa demanda se presenta contra una serie de normas que excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales y sus miembros, vulnerando con ello, en todos los casos, el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política, y en algunos casos los artículos 2, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 29, 40, 48, 49, 51, 58, 64, 66, 93, 95, 100, 123, 126, 209, 229, 250 numerales 6 y 7 de la Constitución Política. |
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Régimen patrimonial: Parejas del mismo sexoDemandado: Normas demandadas: Artículo 1 de la ley 54 de 1990 y artículo 2 de la ley 54 de 1990 modificado por la ley 979 de 2005.Intervención ciudadana en el proceso No. D-362. Actores: Marcela Sánchez, Luz María Mercado, Alejandra Azuero y Daniel Bonilla. Normas demandadas: artículo 1 de la ley 54 de 1990 y artículo 2 de la ley 54 de 1990 modificado por la ley 979 de 2005. |
| Discriminación racial y étnica | |
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Intervención en la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 44 de la Ley 1551 de 2012Demandado: Artículo 44 de la Ley 1551 de 2012La demanda solicita que se declare inconstitucional el artículo 44 de la ley 1551 de 2012 porque considera que la norma: i) constituyó territorios biodiversos en zonas donde debió haber hecho consulta previa a los pueblos indígenas que allí habitan, ii) viola el derecho de autogobierno del artículo 330 de la Constitución Política, iii) crea una nueva entidad territorial no contemplada en la Constitución, iv) desconoce la reserva de ley orgánica para este tipo de materias; y v) violó el principio de unidad de materia y de consecutividad. En este escrito apoyamos la petición del demandante y nos concentraremos en dos cargos: el primero, demostrar que la creación de los nuevos territorios biodiversos y fronterizos exigía una consulta previa a los pueblos indígenas que allí habitan, y en tanto ésta no se hizo, la norma debe ser declarada inconstitucional; y segundo, expondremos que los nuevos territorios pretenden crear una entidad territorial similar al municipio, lo cual es inconstitucional, pues desconoce los tipos de entidades territoriales previstas en la Carta Política. |
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Intervención en proceso de tutela sobre discursos discriminatorios.Demandado: Universidad Distrital Francisco José de CaldasDeJuSticia y el Observatorio de Discriminación Racial, conformado por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), DeJuSticia y el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, presentamos la siguiente intervención ante la Corte Constitucional en un proceso de tutela adelantado por un estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas quien dice ser víctima de discriminación racial debido a las expresiones racistas de un docente durante su clase. En ella analizamos el alcance de los derechos que se encuentran en tensión: los derechos a la libertad de cátedra y de expresión, y el derecho a la igualdad, específicamente la prohibición de discriminación racial. Proponemos algunos criterios para determinar cuándo se puede calificar el discurso de un docente como discriminatorio. Concluimos que en el caso concreto hubo una violación del derecho a la igualdad y proponemos por tanto algunas medidas resarcitorias pertinentes. |
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Intervención en incidente de nulidad de la T-769 de 2009Demandado: T-769 de 2009Dejusticia intervino en el incidente de nulidad promovido por el Ministerio del Interior y Justicia y la Empresa Muriel Mining Corporation en contra de la Sentencia T-769 de 2009, que ordenó suspender el proyecto de cobre y otros minerales Mandé Norte en territorios colectivos afrocolombianos e indígenas hasta que se realicé una consulta previa con todas las comunidades afectadas en la cual se tendrá que obtener el consentimiento libre, previo e informado. En esta intervención, Dejusticia argumenta que dicha sentencia no cambió el precedente jurisprudencial, como lo afirman los solicitantes, sino que precisó el alcance de la consulta previa en proyectos de gran escala que puedan causar un impacto profundo en comunidades indígenas o negras en situaciones de vulnerabilidad por presiones territoriales en el marco del conflicto armado relacionado con proyectos de extracción de recursos. |
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Concepto en acción de tutela sobre conformación de Juntas de Acción Comunal en el Resguardo San LorenzoDemandado: Alcaldía Municipal de Riosucio (Caldas)El Gobernador del Resguardo de San Lorenzo interpuso acción de tutela contra la Alcaldía de Riosucio con el objeto de que ésta deje de fomentar la conformación de Juntas de Acción Comunal (JAC) al interior del Resguardo. En nuestra intervención apoyamos la tutela, indicando que los actos de fomento de las JAC por parte de la Alcaldía accionada, así como el acompañamiento y apoyo dado por ésta a las iniciativas emprendidas por dichas juntas sin el el consentimiento de las autoridades del cabildo, constituye una violación a la autonomía étnica y una amenaza al derecho a la diversidad étnica y cultural de la comunidad Emberá de San Lorenzo que decidió, a través de su autoridad legítima, no constituir ni apoyar la conformación de JAC dentro del Resguardo. |
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Intervención ciudadana en una tutela contra el Ministerio de Transporte y otros por la violación del derecho fundamental a la consulta previa y los derechos territoriales de los pueblos Embera-Katío y Embera-Dobida de los resguardos Chidima Toló y Pescadito.Demandado: Ministerio de Transporte y otrosEn la actualidad existen tres proyectos que constituyen una seria amenaza a los derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación, al territorio y a la integridad cultural de los pueblos Embera – Katío y Embera – Dobida que habitan los resguardos Chidima Tolo y Pescadito en el Chocó. La construcción de una vía que conecta los municipios de Acandí y Unguía y que atravesaría los resguardos, el proyecto de interconexión eléctrica de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. y las actividades de prospección minera de la empresa Gold Plata son tres proyectos que pese a su estado incipiente ya han empezado a afectar a las comunidades, las cuales hasta el momento no han sido tenidas en cuenta. En este amicus Dejusticia interviene a favor de los derechos de estas comunidades y respalda la acción de tutela promovida por la Comisión Colombiana de Juristas para que tales proyectos sean suspendidos hasta que se realicen las respectivas consultas orientadas a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. |
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Salud: AfrodescendientesDemandado: Normas demandadas: artículos 1 al 30 de la Ley 691 de 2001Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 al 30 de la Ley 691 de 2001, mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, por violación del preámbulo y de los artículos 1, 2, 7, 11, 12, 13, 48, 49, 70, 85, 93, 330 (parágrafo), 55 transitorio de la Constitución Política. |
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Derechos de las Comunidades NegrasDemandado: Ministerio de Agricultura-Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODEREl Consejo Comunitario de las Islas del Rosario presentó una acción de tutela en contra del INCODER, la cual fue negada por los jueces de primera y segunda instancia. En dicha acción, los tutelantes argumentaron que el Estado colombiano les ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, así como los derechos de la comunidad a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y a la autonomía. En la T-610 de 2012 la Corte Constitucional tuteló los derechos de petición, debido proceso adminisitrativo y propiedad colectiva de la comunidad de la Suprema y del Tribunal. En la misma providencia ordenó al INCODER resolver de fondo la solicitud de titulación colectiva, que mientras se expida la decisión se suspenda la celebración de nuevos contratos de usufructo y solicita a la Personería del Pueblo Regional Bolívar y a la Procuraduría General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo determinado en el fallo. |
| Discriminación económica | |
| Discriminación por situación de discapacidad | |
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