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10 años de lucha: la historia detrás de la consulta minera en Cajamarca

Helena Durán
marzo 31, 2017

Publicado en: Vice

En Colombia, conseguir que los ciudadanos decidan acerca de la minería en su territorio no ha sido cosa fácil

 

Todo empezó hace más de 10 años, cuando ejecutivos de una empresa llamada Kedada empezaron a llegar a Cajamarca, Tolima, hablando de una mina. Nadie sabía muy bien cuáles eran las intenciones, de qué clase de minería se trataba ni quién era la supuesta empresa. Parecían ser rumores sin mucha importancia. Pero en el 2007 el presidente Álvaro Uribe anunció que en el Tolima se había hallado la mina de oro más grande del mundo y le abrió los ojos a los tolimenses.

Los ciudadanos entendieron que debían moverse, hacer algo, pero en ese momento, nunca pensaron que pudieran llegar a detener el proyecto. A partir de ahí, se organizaron, armaron grupos y comités para definir estrategias y mostrar su oposición pacífica. A donde la empresa -que ya se sabía que era la sudafricana Anglo Gold Ashanti- llegara, llegaban los movimientos con tamboras y platillos. Lograron que la Universidad del Tolima no firmara convenios con la empresa y en el 2011 organizaron la primera Marcha Carnaval por la Vida en Ibagué, a la cual asistieron más de 12.000 personas provenientes de diferentes municipios del Tolima e incluso de otros departamentos. Esta marcha se sigue realizando cada junio desde ese entonces.

Hasta ese momento, la estrategia era más política que jurídica. Sabían que debían parar el proyecto, pero no veían rutas para hacerlo. Y entonces llegó Piedras, el pequeño municipio del Tolima en donde se hizo la primera consulta popular ambiental de Colombia (el 28 de julio del 2013 el 99% de los votantes de ese municipio le dijeron NO a la minería). Piedras alborotó el avispero. El gobierno salió a decir que esas consultas eran ilegales, y la Procuraduríaamenazó con abrir procesos a los concejales que habían permitido que esto pasara. Desde ese momento, organizaciones como Dejusticia entraron al ruedo, defendiendo la constitucionalidad de estas consultas, tanto en intervenciones en procesos judiciales como en debates públicos. La tesis que Dejusticia ha defendido desde el comienzo, es que los municipios tienen competencia para llevar a cabo estas consultas pues son ellos quienes deben ordenar el desarrollo de su territorio y reglamentar los usos del suelo, y la minería tiene todo que ver con ambas cosas.

A pesar de la controversia, con Piedras los movimientos se dieron cuenta de que había herramientas legales que les permitían, como ciudadanos, oponerse a la actividad minera y proteger su medio ambiente. Desde ahí, enfocaron la mayoría de sus esfuerzos en lograr que en otros municipios se hicieran este tipo de consultas. En 2014 trataron de hacerlo en el Espinal y en Ibagué, sin resultados. Lograron convencer al alcalde de Cajamarca que la presentara, pero en febrero del 2015 el Concejo Municipal hundió la iniciativa. Unos meses después, en julio, el Congreso les botó un flotador: la consulta popular de origen ciudadano (ley 1757 de 2015), una figura que permite que a través de firmas se inicie el proceso para convocar a una consulta popular, lo que significó que ya no dependían del alcalde.

Lograron conseguir más firmas de las que exige la ley, y a mediados del 2016 presentaron la consulta al Concejo y este la aprobó. Luego pasó la lupa del Tribunal Administrativo del Tolima, que debía decidir sobre su constitucionalidad, y estuvieron a punto de cantar victoria. Pero no. La empresa puso una tutela en contra de la sentencia del Tribunal, y de ahí en adelante siguieron meses peleas jurídicas, con la empresa luchando por ahogar la consulta y los movimientos tratando de que no se hundiera.

Los obstáculos no solo fueron legales. Desde que la oposición ciudadana al proyecto se empezó a gestar, comenzaron a circular rumores de que la guerrilla estaba promoviendo la consulta, que había partidos políticos detrás de la misma, que los estudiantes que la impulsaban eran unos “marihuaneros” que no sabían lo que estaban haciendo. Decían que la gente se iba a quedar sin trabajo, que se iban a quedar sin carreteras y sin hospitales. Que si la empresa se iba, Cajamarca no tendría mucho futuro. En medio del debate el entonces alcalde de Cajamarca, William Poveda, falleció por un infarto, lo que hizo que la situación fuera aun más difícil. Ante la polémica, la gente en el pueblo prefería no hablar mucho del tema, pues siempre se generaba tensiones.

En marzo del 2017, después de una segunda sentencia del Tribunal del Tolima, por fin se fijó una fecha para la consulta. El gobierno municipal decidió que se hiciera tan solo dos semanas después de las elecciones atípicas de alcalde, que se llevaron a cabo el 12 de marzo. Después de años de trabajo tan solo habría dos semanas para hacer campaña. Pero ni siquiera esto fue un impedimento.

Con la certeza de que la consulta se haría, Cajamarca se despertó. Movimientos y organizaciones de todas partes del país empezaron a llamar para ver en qué podían ayudar. Fueron días intensos, visitando finca por finca, hablándole a la gente de la consulta y de por qué debería votar por el NO y proteger su territorio y la riqueza ambiental del mismo. Los niños del pueblo no se quedaron por fuera y buscaron a los promotores para ver en qué podían ayudar; enviaron videos, pancartas y hablaron con sus padres y abuelos para que votaran a favor del medio ambiente. Las monjas también se manifestaron: hubo misas, vigilias y oraciones. El día antes de la consulta llegaron los indígenas e hicieron una ceremonia para garantizar un buen clima en las votaciones. A quienes iban de vereda en vereda promoviendo el NO les ofrecían almuerzo, transporte, salían a saludarlos, o simplemente les regalaban una sonrisa. No hubo campaña por el SI, pero la semana antes de la consulta no había quien no hablara del tema.

Tampoco fue fácil. Los rumores se intensificaron, llegaron más amenazas, la Registraduría puso pocas mesas de votación y, horas antes de que se abrieran las urnas, empezaron a llegar mensajes de texto diciendo que la consulta se había cancelado por el “mal tiempo”. Con todo y eso, y a pesar de que la lluvia mojó a los primeros votantes de la mañana, 6.296 personas salieron a votar: el 97.7% por el NO.

Después, todo fue fiesta. Tras meses de peleas jurídicas y políticas, de división y polarización, Cajamarca logró que su voz se oyera y que el país supiera que prefiere la agricultura sobre la minería. También salió unida de la batalla y orgullosa de ser la despensa agrícola de Colombia, y el principal productor de arracacha, y no el municipio con la mina de oro más grande del país. Cajamarca le mostró a Colombia que hay otras formas de desarrollo, y que cuando la ciudadanía se une y lucha por una causa puede lograr cosas que en un principio parecían impensables.

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