La Comisión ha tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades. | Foto cortesía Comisión de la Verdad
10 preguntas y respuestas para entender la demanda que busca ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad
Por: Dejusticia | agosto 19, 2021
La Corte Constitucional está estudiando una demanda que busca extender el periodo de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). El objetivo es compensar los meses en que la pandemia afectó profundamente el trabajo de la Comisión, especialmente al impedir el contacto directo con las víctimas y los territorios.
Acá respondemos algunas preguntas que recibimos a través de Instagram para entender qué busca la demanda y por qué es importante para las víctimas del conflicto.
1. ¿Quién presentó la demanda?
Las organizaciones de víctimas Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia.
2. ¿Cuáles normas demandaron?
Demandamos los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017 que organiza la Comisión de la Verdad. La demanda fue parcial, es decir, solo está dirigida a las partes de esos artículos que hacen referencia a los tres años de periodo.
3. ¿Cuál es el problema con los tiempos de la CEV?
Según ese Decreto, la CEV terminaría su trabajo a finales de noviembre de 2021. El problema es que esta institución solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40% de su periodo. El resto del tiempo han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades.
4. ¿Cuáles son los argumentos de la demanda?
El principal argumento es que la pandemia impidió que la Comisión pudiera cumplir de manera cabal con sus propósitos, sobre todo con el enfoque territorial y participativo de las víctimas. Esto estaría vulnerando los derechos de las víctimas a la verdad e implicaría un incumplimiento del acuerdo de paz.
5. ¿Por cuánto tiempo piden ampliar el periodo?
Esta es una decisión que depende plenamente de la Corte. Sin embargo, en la demanda propusimos tener en cuenta el periodo de un año y dos meses desde que se declaró la emergencia sanitaria en Colombia hasta que entró en vigor la reactivación económica.
6. ¿La Corte Constitucional tiene la competencia de extender el periodo de vigencia de una institución?
Si bien es el legislador el encargado de definir la duración de las instituciones temporales, eso tiene unos límites para casos como el de la implementación del acuerdo de paz. Lo que pedimos en la demanda no es que la Corte modifique esas normas y cambie el periodo de la CEV, sino que las reinterprete para que los tres años de duración sean efectivos.
7. ¿Cuáles son los argumentos de las víctimas?
Estos son algunas razones de las víctimas firmantes de la demanda para pedir la ampliación del periodo:
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8. ¿Cuánto puede tardar la decisión? Porque igual la Comisión debe seguir, asumiendo que se acaba ya.
La Corte Constitucional podría tomarse unos cuatro meses para decidir según sus tiempos normales. Las organizaciones demandantes le enviamos un memorial a la Corte Constitucional solicitando que le dé a este proceso un trámite extraordinario bajo la figura de “urgencia nacional”. Esto permitiría acortar los tiempos para emitir la sentencia y que esta llegue en un momento oportuno.
9. ¿Esto podría abrir la puerta para que otras instituciones amplíen el término de su mandato?
Si la Corte falla a favor, esto no afectaría los periodos de otras instituciones. De las otras instituciones creadas por el acuerdo de paz, la CEV es la única que tiene un periodo corto y que por cuenta de la pandemia no ha sido efectivo.
En relación con las instituciones del gobierno y elegidas democráticamente (como la Presidencia o las alcaldías), la decisión de la Corte no podría extenderse, pues están creadas para enfrentar situaciones cambiantes como una pandemia.
10. ¿Quiénes apoyan esta demanda?
La Corte recibió más de 20 intervenciones a favor de la demanda. Hay apoyos desde organizaciones de víctimas, sociales, étnicas y comunitarias; personas individuales; instituciones públicas como la JEP y la Defensoría del Pueblo; organizaciones de derechos humanos y universidades.