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Petro 100 días

Hicimos un balance de la gestión de Gustavo Petro en sus primeros 100 días de gobierno. | EFE

100 días de la presidencia de Gustavo Petro: el análisis de Dejusticia

Desde cada línea de investigación de nuestra organización identificamos asuntos que han tenido retrocesos o se han agravado en estos 100 días de Presidencia, asuntos nuevos y/o prometedores que aún no despegan y asuntos que van por buen camino.

Por: DejusticiaNoviembre 15, 2022

El presidente, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, completan 100 días a la cabeza del Ejecutivo, que irá hasta el 2026 con una reiterada promesa de trazar nuevas rutas para el país.

Desde Dejusticia hemos estado vigilantes frente a la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con las garantías que esto ofrece para la democracia, y frente a la garantía de los derechos humanos y la protección de las conquistas en defensa del Estado de derecho y de la Constitución.

En ese sentido, desde cada línea de investigación de nuestra organización identificamos qué banderas rojas (asuntos que han tenido retrocesos o que se han agravado), qué banderas amarillas (asuntos que son nuevos y/o prometedores, pero que aún no despegan) y qué banderas verdes (asuntos que van por buen camino) debemos levantar a 100 días de la presidencia. Aquí están:

Sistema judicial: 

Banderas amarillas: 

  • Hay temas que aún no despegan, pero sabemos que andan en preparación: por ejemplo, el DNP está buscando trabajar más con las encuestas de necesidades jurídicas para extraer de ahí recomendaciones  y ajustes a las políticas de justicia. 
  • Transformación del ESMAD, que tiene el propósito de privilegiar el diálogo y el acompañamiento a la manifestación pública antes que el uso de la fuerza. Esto se corresponde también con las recomendaciones hechas por CIDH y OACNUDH, que coincidían en la importancia de transformar el ESMAD para que obedeciera a las normas nacionales y estándares internacionales en relación con la garantía del derecho a la protesta. Hay escepticismo en las organizaciones de que el cambio no sea suficiente para transformar la lógica en la que ha operado el ESMAD. 

Banderas verdes:

  • En acceso a la justicia: el inicio del trámite de acto legislativo para la creación de una jurisdicción agraria, lo que sin duda va a fortalecer el acceso a la justicia de la población en temas relacionados con la tierra rural, que es una de las problemáticas con mayores necesidades jurídicas insatisfechas.
  • En política criminal: las iniciativas legislativas que ha preparado para i) implementar medidas alternativas al encarcelamiento y un acercamiento de justicia restaurativa, y ii) medidas de choque para enfrentar factores estructurales de la crisis carcelaria.
  • No se ha estigmatizado la protesta social, lo cual coincide con las recomendaciones hechas por CIDH y OACNUDH. 

Justicia Económica

Bandera roja:

  • La seguridad vial: entre enero y septiembre de este año han fallecido casi 6 mil personas a causa de los siniestros viales, un 14 % más que el año anterior. El Gobierno no ha regulado la Ley Julián Esteban y nombró en la Agencia de Seguridad Vial a una persona que no conoce ni tiene experiencia en el tema.

Banderas amarillas:

  • Vemos una apertura del Gobierno, particularmente del Ministerio de Vivienda, para implementar medidas estructurales frente a la desnutrición en La Guajira. Entre otras, el Gobierno aceptó la visita de la Relatora DESCA de la CIDH al departamento.
  • Vemos una apertura de la Cancillería para que Colombia se involucre en la construcción del tratado de Empresas y Derechos Humanos. Esto es positivo, porque el tratado será un mecanismo para exigirles a las empresas que respeten los derechos humanos y reparen a las víctimas de abusos corporativos.

Bandera verde: 

  • Por fin el Congreso aprobó el impuesto a las bebidas azucaradas, una medida que propuso el Gobierno en su reforma tributaria.

Justicia Fiscal 

Bandera verde: 

  • Es una reforma que apunta a la progresividad y a la equidad con la eliminación de ciertos beneficios tributarios, tanto para empresas como para personas. Adicionalmente, pretende lograr un recaudo importante que permitiría mitigar los riesgos de déficit fiscal e invertir en programas sociales.
  • El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2023 (ajustado por inflación) incrementó el 48% para la agricultura, 11% para la paz y 10% para la vivienda.

Banderas amarillas:

  • Impuesto de renta sobre las empresas: El recaudo tributario se concentra en las empresas del sector minero energético por el subsuelo. Y se creó una tarifa diferencial en el impuesto de renta para empresas, sobre lo cual será necesario hacer seguimiento  y analizar cómo responde el sector empresarial sobre su aporte tributario en renta.
  • Será valioso hacer seguimiento a las fuentes de los recursos que destinará el gobierno para inversión social, pues el presupuesto aprobado (ajustado por inflación) para  prosperidad social en 2023 disminuyó el 29%.

Banderas rojas:

  • Transacciones políticas que se han discutido a puerta cerrada entre el gobierno y partidos políticos y gremios para aprobar, modificar y eliminar medidas fiscales planteadas en el proyecto de reforma tributaria.
  • Se eliminó el impuesto a las pensiones altas y la propuesta que establecía un impuesto de renta ordinario a los negocios derivados de las iglesias.  Eran medidas de justicia tributaria que combatían la inequidad.

Antidiscriminación de Género: 

Bandera amarilla:

  • El proyecto de ley de creación del Ministerio de Igualdad que sí genera expectativas de todos lados, teniendo en cuenta la cantidad de sectores que busca abarcar. 

Bandera roja:

  • Vale la pena hacer un llamado al tema de paridad en cargos más bajos a los de grandes direcciones. Si bien en departamentos administrativos y ministerios se está cumpliendo la ley de cuotas, lo cierto es que de ahí para abajo no hay tanta paridad ni representación de muchas mujeres, por lo que sí valdría la pena sacudir el tema.

Internacional

Banderas rojas:

  • Ausencia del tema migratorio en la agenda bilateral entre Colombia y Venezuela luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales. El pasado 1 de noviembre Gustavo Petro y Nicolás Maduro realizaron un encuentro en el que se tocaron diferentes puntos, entre ellos el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, punto que aplaudimos y compartimos. Sin embargo, este tema sigue sin ser abordado en las agendas de ambos países, lo que es de suma importancia dadas las complejidades de los flujos migratorios, y en el que está en juego los derechos de las personas.
  • Eliminación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante (antes Gerencia de Fronteras). Resulta preocupante que el Gobierno de Gustavo Petro haya tomado la decisión de acabar con esta oficina, adscrita a la Presidencia de la República, que se encargaba desde febrero de 2018 de coordinar y articular los ministerios, los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado, la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, con el objetivo de concertar las políticas de integración socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana. Uno de los roles a destacar de esta dependencia fue la creación de la estrategia de generación de ingresos, que se han convertido en la hoja de ruta para las instituciones del Gobierno nacional que buscan la inclusión laboral de la población migrante y refugiada y el desarrollo de sus emprendimientos. En ese sentido, preocupa la continuidad de las iniciativas impulsadas desde la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante para promover la integración de la población migrante y refugiada.
  •  Con ocasión de la reunión que mantuvo Gustavo Petro el 3 de octubre con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que según “los datos últimos que tengo es que ya el sentido (de la migración venezolana) no es de Venezuela hacia Colombia, sino de Colombia hacia Venezuela”. Esta afirmación no solo es preocupante, sino que no tiene sustento ni en las cifras que lleva el Estado colombiano a través de Migración Colombia, ni en las de la plataforma R4V que indican que los migrantes pasaron de 1.7 millones a 2.4 millones entre enero de 2021 y febrero de 2022 (para Colombia), y además el éxodo de venezolanos en el mundo creció de 6.8 millones en agosto a 7.1 millones en septiembre de este año. Este tipo de discursos viene siendo reiterativo por parte de funcionarios del gobierno, como fue el caso del embajador Armando Benedetti.
  • Demoras ante solicitudes de Permisos por Protección Temporal (PPT). De acuerdo con la Bitácora Migratoria, en los últimos meses la entrega de PPT se ha  relentizado sin que se haya llegado a la meta trazada por el gobierno anterior de llegar a 1.8 millones de documentos de identificación entregados en 2022. Esto es preocupante porque impone barreras de acceso a derechos fundamentales y la integración socioeconómica de la población migrante

 Banderas amarillas:

  • La viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, en la 52° Asamblea General de la OEA manifestó el compromiso del gobierno nacional por garantizar la integración socioeconómica de 1.4 millones de venezolanos regularizados en Colombia y del millón que falta por regularizar. Además, solicitó a los países de la región para trabajar de forma conjunta y coordinada en pro de los derechos de las personas migrantes y refugiadas de la región. Sin embargo, con la eliminación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, dichas funciones pasarán a la Cancillería y esto es problemático porque el tema de integración socioeconómica puede perder allí visibilidad.
  • En la pasada reunión ministerial sobre la Declaración de Los Ángeles, Colombia se comprometió a aplicar rigurosamente la Declaración de Cartagena a los solicitantes de reconocimiento refugio. Sin embargo, no es claro cuál será la hoja de ruta para materializar dicho anunció: por ejemplo, nos preguntamos cuál será el fortalecimiento institucional a la cancillería para dar respuesta a las más de 42 mil solicitudes de refugio que hay pendientes hasta ahora.

Tierras y Campesinado

Bandera roja:

  • No parece existir avances en el cumplimiento de la orden constitucional de diseñar el plan nacional de clarificación de baldíos, a propósito de la prescripción adquisitiva de dominio sobre presuntos baldíos (Sentencia SU-288 de 2022). La Ministra ha manifestado que se está esperando el contenido completo de la sentencia de la Corte, lo que desconoce que la orden es de obligatorio cumplimiento a partir del momento en que se conoce el comunicado de prensa de la providencia.

Banderas amarillas

  • Se ha anunciado como prioridad de este gobierno la reforma agraria, sin embargo, aún no se reactiva el Sistema Nacional de Reforma Agraria, mecanismo que puede garantizar la actuación coordinada desde las diferentes instituciones, y los esfuerzos permanecen hasta la fecha en formalización, más que en redistribución.
  • Se ha anunciado como una de las prioridades de la actual administración la implementación del sistema nacional de cuidado en la ruralidad, pero hasta el momento no parecen existir avances en esta dirección.

Banderas Verdes

  • El gobierno radicó el proyecto de acto legislativo que reconoce al campesinado como un sujeto de derechos colectivos, y que incorpora al bloque de constitucionalidad la Declaración de Naciones Unidas a favor de esta población. Proyecto que ya cuenta con dos debates.
  • El Ministerio de Justicia radicó el proyecto de acto legislativo que crea la jurisdicción agraria que ya logró 3 de los ocho debates.
  • Se ha convocado y se trabaja en la preparación en la Convención Nacional Campesina, como un espacio de diálogo entre el movimiento campesino y el gobierno nacional. En este momento las organizaciones exigen el carácter vinculante de las conclusiones de dicho espacio.

Política de drogas

Bandera verde:

  • Se terminó el proceso de aprobación del plan de manejo ambiental para las aspersiones aéreas en el Catatumbo.
  • Colombia volvió a ser una voz de reforma al régimen internacional de prohibición.

Banderas amarillas:

  • Está pendiente el liderazgo de los proyectos de acto legislativo y de ley para regular el uso adulto del cannabis. O al menos la coordinación entre la bancada de gobierno para tramitar los múltiples proyectos de ley.
  • Aún no se han suspendido los operativos de erradicación de cultivos de coca, que afecta a los campesinos que han reclamado la implementación de la sustitución. Mientras tanto, el programa de sustitución sigue acéfalo. 

Bandera roja:

  • El Gobierno aún no define cuál va a ser la estrategia para materializar la reforma anunciada a la política de drogas. Existen muchos anuncios, pero aún no se clarifican los cambios, las prioridades en el corto y mediano plazo. Tampoco los equipos en varios sectores de gobierno que van a liderar esas reformas.

Justicia Transicional

Bandera roja:

  • Falta de claridad de una agenda estratégica unificada. No es clara la articulación y cómo se aterriza  la propuesta de la Paz Total con la política de seguridad y el fortalecimiento de la justicia para combatir la impunidad, en particular frente a las posibilidades de mecanismos de sometimiento.

Bandera amarilla:

  • A pesar de la aprobación de la prórroga de la ley de orden público, aún hay muchos aspectos cruciales sin definición en la apuesta de paz total. Por ejemplo, cómo se garantizarán los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta los estándares fijados a partir del Acuerdo de Paz con las Farc, y cuál será el alcance del sometimiento a la justicia de los grupos de crimen organizado.

Banderas verdes:

  • La decisión de avanzar en negociaciones y acercamientos con grupos armados es importante, pues muestra la voluntad política de avanzar en la construcción de paz en las regiones que siguen enfrentando expresiones de violencia.
  • El compromiso con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación que ha cesado la situación de ataques y riesgo que se percibían en el gobierno anterior.

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Regionalización

Banderas rojas:

  • La situación de seguridad en los territorios: aunque la condición humanitaria de no matar, no desplazar y no confinar ha sido determinante en el acercamiento del gobierno nacional con diversos grupos armados ilegales, no son claros los datos oficiales de verificación que indiquen que en efecto las vulneraciones a los DD. HH. y al DIH haya bajado de intensidad en los territorios.
  • Gustavo Petro anunció un cambio de paradigma sobre la seguridad, ahora denominada seguridad humana, pero hasta este momento no se conoce en qué consiste este concepto, cuáles serán sus estrategias, cómo se materializará en los territorios y cómo se abordará frente a casos críticos. Llama la atención que ante situaciones tan complejas como la que vive una ciudad como Cartagena de Indias no se conoce una estrategia directamente liderada por el Ministro de Defensa.

Bandera amarilla:

  • Los diálogos regionales vinculantes: son una estrategia para recoger las principales necesidades de las regiones; priorizar soluciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y con ello, aumentar la presencia del Estado en los territorios donde los grupos armados ilegales imponen su ley. Sin embargo, algunos de estos diálogos han tenido ausencias conceptuales y metodológicas. El plazo para presentar el proyecto del Plan de Desarrollo es el 15 de noviembre y el último diálogo es en diciembre. Si las inconsistencias continúan los Diálogos pueden correr el riesgo de convertirse en una estrategia populista, con una aparente escucha de las poblaciones, pero poco efecto en la materialización de sus demandas

Justicia ambiental

Banderas rojas 

  • Tensiones por la propiedad de los bosques con comunidades étnicas y su reconocimiento como autoridades ambientales, en especial, frente a la negociación de los bonos de carbono.
  • Exploración y explotación de concesión minera Liberocobre en Mocoa, Putumayo, en un contexto de riesgo por inundación y gestión del riesgo.
  • Incumplimiento de las sentencias que protegen la Amazonía y el río Atrato.
  • Frente al anunciado «cambio en la estrategia militar anti deforestación para la Amazonía» aún faltan claridades respecto al alcance que asumirá el modelo y cómo se procederá para asegurar que los procedimientos que no vulneren los derechos humanos.
  • Falta implementación en sistemas de trazabilidad de productos señalados como «motores de deforestación». A saber: madera, carne y agroindustria.

Banderas amarillas 

  • Política centrada en la justicia ambiental y la mitigación y adaptación al cambio climático.
  • Concesiones hereditarias en la Amazonía para estimular la conservación y seguridad jurídica de los campesinos colonos y demás rutas para garantizar derechos territoriales. 

Banderas verdes

  • Implementación de espacios participativos locales.
  • Impuestos a explotaciones mineras y de hidrocarburos.
  • Fortalecimiento  de la gestión del riesgo para la atención de emergencias
  • Ratificación del Acuerdo de Escazú
  • Acuerdos con campesinos en la Amazonía para vincularlos a las políticas antideforestación

Estado de derecho

Banderas amarillas 

  • Los Diálogos Regionales Vinculantes que se han hecho hasta ahora han tenido problemas metodológicos y de organización. A pesar de la importancia que pueden tener estos diálogos para profundizar la democracia, la falta de participación efectiva integral genera dificultades en materia de derechos. Las comunidades pueden encontrar sus expectativas de participación frustradas y sentirse instrumentalizadas por el proceso. Debe asegurarse una participación de calidad, informada, respetuosa de las particularidades regionales, étnicas y culturales para no ser ejercicios de participación vacíos, que solo sirvan para justificar posteriormente aquello incluido en el Plan de Desarrollo.
  • Todavía hay confusiones y dudas respecto a la estrategia de Paz Total. Nos preocupan: 1) la falta de claridad sobre los términos y mecanismos de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales que participen en los procesos de paz total; 2) el impacto que tengan en la implementación y legitimidad del Acuerdo Final de Paz; 3) la continuidad de causas estructurales de la violencia , en particularidad la rentabilidad de los negocios ilegales y la insuficiente presencia del Estado en parte del territorio colombiano.

Transparencia, tecnología y derechos humanos: 

Bandera verde:

  • El Senado aprobó un artículo sobre transparencia de la información, en el que se obliga a la Dian a garantizar una muestra representativa de datos anonimizados de las declaraciones tributarias. Lo que permitirá robustecer los análisis fiscales. Esperamos que sea parte de la Ley.

Antidiscriminación étnico-racial:

Banderas verdes:

  • A través de la Mesa Permanente de Concertacióne se estipuló con los pueblos indígenas la ruta de consulta previa para el Plan Nacional de Desarrollo. Esta ruta se concertó para tres meses.
  • Radicación del proyecto para creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad.
  •  Se cumplió con la meta de titulación de 681.372 hectáreas para pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
  • El Congreso, en respuesta al lineamiento que envió el Gobierno Nacional, aprobó el Acuerdo de Escazú.

Banderas amarillas:

  • Transición energética: El gobierno debe formular (i) un discurso realista respecto a la dependencia del petróleo y el gas en la economía nacional y, para hacerlo, debería concertar una agenda que tenga en cuenta la posición de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
  • Respecto al discurso de combatir el cambio climático el gobierno debe reconocer de forma explícita la importancia de los pueblos indígenas, especialmente los amazónicos, en el mantenimiento del equilibrio ambiental.
  • Las propuestas para contrarrestar la deforestación en la Amazonía deben contemplar a los pueblos indígenas como actores claves en la solución del problema. Los pueblos indígenas amazónicos ejercen la labor de cuidado y preservación de la selva de acuerdo a sus conocimientos tradicionales del territorio.
  • El gobierno debe plantear políticas públicas fuertes para reevaluar las actividades asociadas a la ganadería extensiva, ampliación de la frontera agraria, acaparamiento de tierras, expansión de la agroindustria y actividades ilícitas que generan deforestación, degradan los bosques, generan pérdida de biodiversidad, afectan los ejercicios de gobierno propio y dan lugar a conflictos socioambientales.

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