En medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el plano nacional, y de la tensión diplomática en el hemisferio por las elecciones en Venezuela, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez llega al meridiano de su mandato. Una mitad en la que, al menos durante el último año, la Vicepresidenta ha tenido un rol mucho menos protagónico que en los primeros 12 meses.

Además del escándalo en la UNGRD, como telón de fondo aún suena la posible financiación ilegal de la campaña presidencial, lo cual puede afectar lo que queda de su mandato. De igual manera, en el Congreso se han estancado algunas de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno nacional, como las de la salud y educación. Estas reformas son fundamentales, pero el Gobierno no ha logrado generar consensos amplios en torno a las reformas concretas que el país necesita. También ha habido inestabilidad en el gabinete ministerial, pues el presidente ha cambiado al menos 20 veces a las personas titulares de sus ministerios. De igual manera, darle forma a la política de Paz Total y las acciones para mejorar seguridad, son otros desafíos que debe enfrentar el Ejecutivo en este “segundo tiempo”.

Nuestras líneas de investigación hicieron un examen de algunas acciones, inacciones y omisiones claves de los dos primeros años del Gobierno Petro-Márquez. Los resultados de nuestro análisis están clasificados en tres colores: en rojo, aquellos temas en los que creemos que hay retrocesos o donde la situación ha empeorado; en amarillo, aquellas metas o promesas que se han estacando; y en verde, lo que consideramos que es un avance y debe seguir marchando.

Tierras y campesinado

Rojo:

El ejecutivo ha hecho esfuerzos fiscales en el sector agricultura, pero no ha logrado que se alcancen los resultados proyectados al inicio del mandato en materia de redistribución y formalización de tierras. Aunque la Reforma Agraria no se limita al tema de tierras, este asunto parece ser uno de los indicadores más importantes para medir el desempeño del Gobierno en la materia.

Amarillo:

A pesar de los avances normativos (Acto Legislativo 01 de 2023), no hay una ruta clara para el reconocimiento de la dimensión ambiental del campesinado. El Gobierno ha manifestado voluntad de incluir al campesinado como un aliado en la conservación de la biodiversidad y en la atención del cambio climático, sin embargo, las comunidades campesinas siguen reclamando rutas claras para resolver los conflictos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas.

Verde:

Durante estos dos años, el campesinado ha sido reconocido como un sujeto político y de derechos a nivel constitucional. Este reconocimiento del campesinado se ha desarrollado mediante la creación de espacios como la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos a través del Decreto 1004 de 2024, este espacio permitirá la coordinación interinstitucional para materializar las apuestas constitucionales del Acto Legislativo 01 de 2023.

Justicia transicional

Rojo:

El Gobierno ha enviado de forma reiterada mensajes preocupantes sobre la justicia para las víctimas que comprometen la institucionalidad transicional. Los llamados a tribunales de cierre para «buscar una verdad judicial completa» desconocen los múltiples esfuerzos en materia de justicia transicional y, especialmente, el rol de la JEP como el órgano judicial encargado de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH cometidas en el conflicto armado. Esto se suma a las ambiguas y múltiples declaraciones del Presidente sobre la necesidad de impulsar un «perdón social» que parece poner en tela de juicio el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes han cometido y siguen cometiendo crímenes que afectan los derechos humanos.

Amarillo:

La Paz Total no termina de tomar forma. La mesa con el ELN ha logrado acuerdos sobre ceses al fuego -actualmente en suspenso- y otros procedimentales, pero no ha logrado acuerdos sustantivos y está empantanada por las estrategias adicionales del mismo Gobierno con estructuras de ese grupo en Nariño. Por otra parte, el avance de las demás mesas es incierto y el impacto en la protección de las y los ciudadanos es poco claro. Si bien la situación de seguridad territorial que recibió el Gobierno era preocupante, en lugar de implementar acciones que reduzcan el impacto en la población civil y la expansión de los grupos, la Paz Total se ha desarrollado en medio de esos fenómenos e incluso ha incidido, a través de los ceses, en promover condiciones que los facilitan.

Verde:

Se concretó la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene como fin asegurar los mejores recursos económicos, técnicos y tecnológicos a partir de la articulación de actores claves en la búsqueda. El Sistema se encargará de formular, de forma participativa, la primera política pública integral para la atención, prevención, búsqueda, identificación, reencuentro o entrega de cuerpos de personas desaparecidas. Esto, además, es la respuesta concreta a una de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad para impulsar los procesos de búsqueda.

El poder judicial

Rojo:

A finales de 2023, el presidente Petro presentó al Senado una terna de candidatos a la Corte Constitucional, todos cercanos a su proyecto político. El elegido fue el secretario jurídico de la Presidencia, lo que generó cuestionamientos sobre la idoneidad e imparcialidad del proceso de selección. Las dudas surgen porque la selección parece basarse en redes políticas o amiguismo, en lugar de criterios que deben guiar el proceso, como la transparencia, la idoneidad, la independencia, la objetividad, la participación ciudadana, la igualdad y la diversidad. Esta situación no debería repetirse en 2025, cuando el presidente debe proponer una nueva terna para la Corte.

Amarillo:

La Ley de Servicios de Utilidad Pública, aprobada en marzo de 2023, permite a algunas mujeres privadas de libertad cumplir su condena en libertad al prestar un servicio comunitario. Sin embargo, su implementación sólo ha beneficiado a 66 de 5.000 mujeres, según las proyecciones. Esta Ley es un importante paso en la incorporación del enfoque de género a la política criminal y penitenciaria del país, pero sus problemas de implementación señalan que al Gobierno le falta mucho por hacer (como planteó Dejusticia en un informe reciente). 

La crisis carcelaria en Colombia sigue sin medidas contundentes para su desescalamiento, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos. Aunque el Ministerio de Justicia propuso una ley en 2023 para humanizar el trato carcelario a las personas privadas de la libertad, el proyecto fue archivado sin que el Gobierno lo retomara.

Verde:

En 2023, el presidente Petro propuso una terna de mujeres para el cargo de Fiscal General de la Nación, marcando un avance significativo en la inclusión de mujeres en cargos de poder en Colombia. Las candidatas eran juristas altamente cualificadas con experiencia en derecho penal. Aunque el compromiso con la equidad de género no ha sido constante durante el mandato de Petro, esta terna envió un mensaje simbólico y político importante que debería replicarse en procesos similares durante los próximos dos años.

Justicia ambiental

Rojo:

A pesar del mensaje de «paz con la naturaleza» promovido por el Gobierno, la realidad muestra que la protección de los líderes ambientales, especialmente en la región amazónica, sigue siendo insuficiente. La Defensoría ha alertado sobre los riesgos para estos líderes, mientras que la deforestación y la protección de áreas protegidas han estado ligadas a los avances y retrocesos en los diálogos con grupos armados ilegales en esta región.

Amarillo:

El Gobierno anunció una «reducción histórica de la deforestación amazónica» el año pasado. Sin embargo, la reducción no se ha mantenido  y contrasta con el aumento del 40% que se anunció durante los últimos tres meses de este año. Las entidades competentes presentan retrasos y falta de claridad en los informes y metodologías de medición. Aunque el presidente promueve incentivos a la conservación en lugar del enfoque militarista del gobierno anterior, estas estrategias a menudo carecen de diagnósticos adecuados, lo que ha llevado a vulneraciones de derechos humanos, como en el caso de los créditos de carbono con pueblos indígenas.

Hay voluntad para buscar alternativas energéticas de cara al cambio climático, pero estas iniciativas no han incorporado con claridad el tema de derechos humanos.

Verde:

El Gobierno ha exaltado el componente ambiental como columna vertebral de su plan de desarrollo y discurso de política pública a nivel nacional e internacional. La realización de la COP16 en Colombia este año es una muestra de esta apuesta.

Política de drogas

Rojo:

La implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS), creado mediante el Acuerdo FInal de Paz, ha enfrentado incertidumbre e inercia. Aunque el gobierno de Petro triplicó el presupuesto del programa, solo se ejecutó el 5,8% en 2023. La falta de claridad en los cambios y nuevas iniciativas, junto con la crisis socioeconómica y el aumento de tensiones sociales y reclamos judiciales, destaca la ineficacia del PNIS en abordar las necesidades de las comunidades cocaleras.

En diciembre de 2023, el Ministerio de Justicia publicó un borrador de decreto para regular los usos de la hoja de coca, cannabis y amapola con fines médicos, científicos e industriales. A ocho meses, no se ha avanzado en la regulación, y las iniciativas de investigación o desarrollos industriales enfrentan obstáculos burocráticos.

Amarillo:

En septiembre de 2023 se lanzó la política nacional de drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, que tendrá una vigencia de 10 años. Si bien la política tiene compromisos audaces en materia de regulación, cambio de narrativas, salud pública y derechos humanos, casi un año después aún no hay plan de acción de la política, lo cual impide una operacionalización concreta de la misma.

Verde:

En la Comisión de Estupefacientes No. 67 en Viena, Colombia lideró una coalición de 63 países para revisar el sistema internacional de control de drogas, destacando la necesidad de un enfoque en salud y derechos humanos. Colombia, además, fue protagonista en el histórico rompimiento del Consenso de Viena para lograr introducir oficialmente la reducción de daños como una herramienta válida en la respuesta al uso de drogas. 

Colombia será la sede de la Conferencia Internacional de Reducción de Daños (HRI 25) del 27 al 30 de abril en Bogotá. Este evento, fundamental en activismo y academia, solo se ha realizado una vez en América Latina desde su inicio en los años 80.

Justicia fiscal

Rojo:

Existe un crecimiento desmesurado del gasto público por presiones en aumento de la deuda y de gastos de funcionamiento, mientras que los ingresos derivados de la recaudación de impuestos ha disminuido. Sigue en entredicho el cumplimiento de la Regla Fiscal, que sirve como instrumento de planeación financiera para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el país. Todo esto afecta los recursos disponibles para la inversión social.

Amarillo:

Las decisiones de la Corte Constitucional sobre la Reforma Tributaria de 2022 disminuyeron considerablemente su potencial de recaudo. Por ello se ha hablado de una nueva reforma tributaria que principalmente busca impulsar la economía. Sin embargo, aún no se conoce el proyecto de reforma y se espera que mantenga propuestas que respeten los principios constitucionales de la progresividad y equidad. 

Verde:

El gobierno colombiano ha sido fundamental en el debate sobre la cooperación tributaria internacional, promoviendo equidad y transparencia. Presidió el primer año de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria en América Latina y el Caribe (PTLAC), enfocándose en la tributación ambiental. Además, ha apoyado las discusiones de la ONU para una Convención Marco de Cooperación Tributaria Internacional, destacando la importancia de incluir como principio a los derechos humanos para combatir la desigualdad.

Política migratoria: 

Rojo:

No han avanzado los mecanismos de regularización especiales como el ETPV (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos), el cual actualmente no acepta nuevas solicitudes, excepto para niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema escolar. Esta falta de acceso a regularización afecta gravemente a muchos migrantes que buscan estabilidad en el país.

Amarillo:

El gobierno  anunció la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares dentro de la Cancillería de Colombia, el cual asumirá las funciones de la Dirección de Asuntos Migratorios del Ministerio de Igualdad, que desaparecerá en 2026. Desde el cierre de la Gerencia de Frontera no hay claridad sobre la implementación de este nuevo viceministerio y su impacto en la política migratoria. Además, hay incertidumbre en torno a nuevos procesos de regularización:

En junio se anunció el PEP Tutor, un mecanismo de regularización para representantes legales o custodios de niños, niñas y adolescentes con Permiso por Protección Temporal (PPT). Sin embargo, el decreto que lo oficializa aún no ha sido expedido por el Gobierno Nacional.

En mayo, durante la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles, se anunció un nuevo visado especial permanente para migrantes de América Latina y el Caribe sin estatus regular en el país, cuya implementación todavía está pendiente.

Verde:

Colombia se posiciona en el centro del calendario migratorio global en 2024. Fue sede de la tercera consulta del Plan de Acción de Cartagena +40, acogerá la XXII Conferencia Suramericana sobre Migraciones en Bogotá, y preside el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Estos eventos son cruciales para la política migratoria, facilitando acuerdos regionales y promoviendo la cooperación internacional.

Acceso a información pública 

Rojo:

Tendencia regresiva en la implementación del derecho al acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014), pues el gobierno amplía cada vez más y sin justificación las excepciones a esta norma. Por ejemplo, el derecho al hábeas data se ha ampliado a las personas jurídicas, más allá del hábeas data de las personas naturales que son sus miembros, aumentando desproporcionadamente su nivel de protección y restringiendo aún más el derecho al acceso a la información pública. Las organizaciones privadas han hecho uso de este concepto para denegar el acceso de información a la ciudadanía. También, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió dos resoluciones en las que exige al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) no divulgar proactivamente información privada y semiprivada de las declaraciones de bienes y renta de los servidores públicos que antes estaba publicada. Por último, entidades del Estado están denegando el acceso a la información pública a partir de la reserva estadística, según la cual se deben proteger los datos individuales que permiten la identificación de personas naturales o jurídicas. Entretanto, la Corte Constitucional sigue sin decidir sobre el Acuerdo de Escazú, que llenaría vacíos sobre acceso a información pública ambiental en manos de privados. 

Amarillo:

No encontramos.

Verde:

No encontramos.