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Política migratoria

| EFE

21 recomendaciones para que la nueva política migratoria de Colombia sea integral

Junto a 70 organizaciones, expertos, académicos y migrantes, enviamos una carta al nuevo Gobierno con una serie de claves que pueden contribuir a la protección de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas.

Por: DejusticiaSeptiembre 5, 2022

Un grupo de 70 personas migrantes, refugiadas y retornadas en Colombia, organizaciones de la sociedad civil, academia y expertas y expertos en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, le planteamos al gobierno de Gustavo Petro una serie de claves para la nueva política migratoria del país.

En una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y a la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, las y los firmantes sugerimos 21 recomendaciones para que el Gobierno desarrolle e implemente una política pública integral en materia de movilidad humana, enfocada en la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas.

Históricamente, Colombia se ha caracterizado por ser un país de origen de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, pero recientemente se ha convertido en un país de tránsito, destino y retorno de personas migrantes y refugiadas. Frente a esta situación, las medidas adoptadas por el Estado colombiano han sido reconocidas internacionalmente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agencias como el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) las han destacado como un ejemplo para la región y el resto del mundo, ya que reflejan el liderazgo, pragmatismo, humanidad y solidaridad del Estado y la sociedad colombiana en la gestión de la migración. En este sentido, Colombia ha demostrado a nivel mundial que una gestión humana de la migración es posible y que reporta múltiples beneficios al país.

Sin embargo, medidas como la construcción y orientación de una política migratoria (Ley 2136 de 2021) y la creación del el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos – ETPMV (Decreto 216 de 2021) no han sido suficientes para garantizar el acceso a la protección internacional y la integración de las personas migrantes y refugiadas en Colombia.

Estas medidas han carecido de acciones con enfoque diferencial para la atención y protección de esta población y no han tenido en cuenta el contexto de conflicto armado en Colombia. Así mismo, han resultado tímidas en cuanto al involucramiento del sector privado se refiere.

Por lo tanto, en esta próxima etapa que se inicia con el nuevo gobierno, es necesario que el Estado colombiano continúe adoptando medidas para consolidar una política migratoria que cumpla con los estándares internacionales, interamericanos y constitucionales sobre los derechos de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas, que genere incentivos para sumar al sector privado.


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Además, es fundamental que el Estado colombiano cuente con una política migratoria que tenga en cuenta su rol no solo como país de destino, sino de tránsito de personas migrantes y refugiadas de distintas nacionalidades.

Para seguir avanzando en la agenda migratoria del país es necesario que el Estado colombiano pueda establecer un espacio transitorio de diálogo con las personas migrantes y refugiadas, organizaciones de la diáspora y organizaciones de la sociedad civil, mientras se establecen las instancias formales, como la Mesa Nacional de la Sociedad Civil. Lo anterior, con el objetivo de crear espacios democráticos y colaborativos que permitan la participación de diversos actores interesados en el fortalecimiento a la Política Integral Migratoria (PIM), así como su plena implementación.

A continuación, presentamos 21 recomendaciones con el propósito de fortalecer la actual política migratoria y los programas existentes, y que el Estado colombiano continúe liderando el desarrollo de una gestión migratoria humana en el continente americano y a nivel internacional.


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