El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira por la vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de los niños y niñas wayúu, que tuvo como consecuencia la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a desnutrición. En la sentencia T-302 de 2017, la Corte emitió 210 órdenes para que 25 instituciones trabajen por la protección de los derechos del pueblo wayúu al agua, la alimentación y la salud, entre otros.

¿Qué ha cambiado desde entonces? Dos hechos revelan, de entrada, que el estado de cosas inconstitucional sigue presente: primero, la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira (34 casos por cada mil niños) hoy es siete veces mayor al promedio nacional (4,6 por cada mil niños), según la veeduría ciudadana de la sentencia. En la sentencia, la Corte estableció que el ECI se declarará superado cuando el promedio del departamento alcance el promedio nacional.

Por otro lado, tampoco se ha concretado el plan de acción necesario para establecer las acciones de las instituciones involucradas. Aunque la Corte le dio un plazo de seis meses al Gobierno para tener esta herramienta, su construcción apenas está en etapa de consulta previa. 

A continuación analizamos cómo va el cumplimiento de los ocho objetivos mínimos constitucionales que estableció la Corte en la sentencia. Este análisis se basa en algunos aspectos generales que hemos identificado desde Dejusticia y no en indicadores específicos, pues el mecanismo de seguimiento a la sentencia tampoco se ha construido.

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1. Agua: Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua

• Pilas públicas: La apuesta del Gobierno actual para garantizar agua potable es el programa Guajira Azul, que contempla la construcción de pilas públicas, una infraestructura en donde las comunidades cercanas llegan a abastecerse de agua potable. Según el Viceministerio de Agua, se han entregado cuatro de las 24 pilas públicas contempladas en la estrategia y otras siete están en ejecución. Esto ha permitido, de acuerdo a las cifras del Viceministerio, aumentar la cobertura de agua potable del 4% al 20%. Sin embargo, desde Dejusticia pudimos constatar en una visita de campo reciente que algunas de estas pilas, a pocos meses de su inauguración, no tienen ni una gota de agua.

• Pozos profundos: El Gobierno de Juan Manuel Santos, a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), construyó 29 pozos de agua potable en 2016. Sin embargo, el 90% de ellos no está funcionando y el 10% se encuentran subutilizados o funcionando con recursos propios de la comunidad. Las alcaldías municipales eran las encargadas de garantizar el mantenimiento de estas obras. 

• Calidad del agua: No existen datos accesibles sobre la calidad del agua en la zona rural de La Guajira. Sin embargo, un informe de Felipe Núñez, experto en agua invitado por la Corte a la zona, determinó que ante la cantidad insuficiente de agua potable, algunas comunidades se ven forzadas a consumir agua que puede poner en riesgo su salud. En la comunidad ‘23 de abril’, municipio de Uribia, mostraron el agua que habitualmente sacan de un arroyo cercano para su hidratación, alimentación e higiene. Era de color café, textura espesa y tenía mal olor.

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2. Alimentación: Mejorar los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria 

• Cobertura: El principal programa de atención alimentaria para niños menores de cinco años son las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), que solo cubren al 34% de los niños de los municipios priorizados por la sentencia (Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia) según un informe de la Veeduría Ciudadana de la Sentencia T-302 publicado en 2021. 

• Calidad y pertinencia: En el marco de la inspección judicial de la Corte a La Guajira, en septiembre de 2021, el ICBF remitió las minutas alimentarias de seis comunidades visitadas. Allí se pudo evidenciar que los alimentos y productos entregados a los beneficiarios no tenían en cuenta el componente cultural, pues había alimentos como lentejas y huevos, que no forman parte de las costumbres alimentarias de las comunidades wayúu. También se evidenció la presencia de productos ultraprocesados como el cereal y las fórmulas infantiles.

• Seguridad y soberanía alimentaria: Según el informe de Gloria Pinzón, experta en alimentación invitada a la última inspección judicial de la Corte, “durante el recorrido por las comunidades no se evidenciaron proyectos productivos en desarrollo, ni las personas entrevistadas hicieron referencia a esto, por lo que es posible afirmar que no se encuentran en desarrollo programas de seguridad alimentaria”.

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3. Salud: Aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional

• Aunque la cobertura de salud de la población wayúu es cercana al 100%, el problema está en la “oportunidad del servicio”, como lo llama Cesar Arismendy, coordinador técnico de la Veeduría Ciudadana de la Sentencia T-302: “¿cómo se les lleva la atención a las comunidades dispersas sin vías, sin centros de salud? En la Alta Guajira el único centro de salud es Nazareth, en la punta, pero ¿cómo hace para llegar la gente que vive en la mitad del municipio? Hoy los niños que estamos perdiendo a causa de la desnutrición, todos están cubiertos con el sistema de seguridad social”.

• Según Diego Lucumí, experto en salud invitado a la última inspección judicial de la Corte, “falta implementar de  manera  efectiva  un  modelo  de  atención  en  salud  que  sea apropiado a las necesidades culturales, territoriales,  socioeconómicas y epidemiológicas de la  población  wayúu”.

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4. Movilidad: Mejorar la movilidad de las comunidades Wayúu que residen en zonas rurales dispersas

• El pasado 29 de abril, el Ministerio de Transporte realizó una reunión de consulta previa con autoridades tradicionales para acordar la atención de las vías terciarias a corto, mediano y largo plazo. Ahí se priorizó la la atención 172 kilómetros distribuidos en los cuatro municipios priorizados en la sentencia: Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.

5. Información: Mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes 

• Desde Dejusticia, en nuestro trabajo de seguimiento a la implementación de la sentencia, hemos identificado una opacidad generalizada en la información relacionada con el cumplimiento de las órdenes. Por eso, en un informe sobre transparencia que le entregamos a la Corte, recomendamos que las entidades públicas departamentales diseñen un plan de fortalecimiento en materia de acceso a la información. También le solicitamos a la Corte que le ordene al Congreso y al Gobierno crear un registro centralizado, público y de libre acceso con la información de los beneficiarios finales de las empresas que operan en Colombia y que contratan con el Estado. 

• Asimismo, los indicadores que están reportando las entidades accionadas sobre el cumplimiento de la sentencia, luego de cinco años, son en su mayoría de gestión y no de resultado. Esto dificulta la posibilidad de tomar las acciones pertinentes para mejorar la problemática identificada. 

6. Transparencia: Garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas

• Según el Instituto Anticorrupción, en las 15 alcaldías municipales de La Guajira existe un alto riesgo de contratación multipropósito, es decir, contratistas que sus contratos previos con el Estado han sido para la provisión de bienes y servicios heterogéneos.

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7. Sostenibilidad: Garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales 

• Algunas intervenciones, particularmente en materia de agua potable, evidencian que la sostenibilidad no se está garantizando. Un ejemplo de ellos son las pilas públicas, pues algunas de ellas están funcionando gracias al mantenimiento de empresas privadas que intervienen temporalmente en el territorio. El mantenimiento de estas obras luego quedará en manos de las alcaldías municipales, pero la experiencia con los pozos construidos por el DPS en 2016 muestra el alto riesgo de que no cumplan con ese compromiso.

• Otra flaqueza en términos de sostenibilidad se evidencia en el hecho de que no existen programas de soberanía alimentaria que garanticen que las comunidades puedan producir sus alimentos y no dependan eternamente de la asistencia estatal. 

8. Participación: Garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu

• Según la Consejería para las Regiones, “entre agosto y septiembre de 2021 se realizaron 40 reuniones de pre consulta, a partir de los cuales se logró llegar a los 40 corregimientos de los municipios priorizados por la sentencia, socializando en lengua Wayuunaiki el alcance de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional y levantando un diagnóstico que sirvió como insumo para la construcción del Plan de Acción”.

• Una de las barreras al diálogo genuino es, como lo mencionó la Procuraduría General en su informe a la Corte, la poca credibilidad y la desconfianza de las comunidades en las entidades del Estado, así como el desconocimiento por parte de las instituciones sobre los usos y costumbres de los wayúu.