El pasado 27 de enero, la Corte Constitucional confirmó lo que decenas de excombatientes de las Farc le habían manifestado: que los están matando. En la sentencia SU-020 de 2022, la Sala Plena de la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional como respuesta a ocho tutelas de excombatientes que denunciaban graves amenazas a su vida. 

En esa decisión histórica, la Corte concluyó que el Gobierno no está cumpliendo con las medidas establecidas en el Acuerdo de Paz para proteger a las personas que firmaron la paz. Por eso, emitió una serie de órdenes para que las autoridades cumplan el numeral 3.4 del Acuerdo.

Rodrigo Uprimny, investigador y cofundador de Dejusticia, responde cinco preguntas clave para entender las implicaciones de esta decisión.

¿Qué es el estado de cosas inconstitucional y por qué es tan importante?

El estado de cosas inconstitucional (ECI) es una figura o una forma de decisión que la Corte Constitucional adopta cuando se cumplen ciertos requisitos para enfrentar una situación grave: 1. que haya una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de cierta población; 2. que esa violación no se deba a circunstancias específicas sino a problemas generales usualmente ligados a la falta de cumplimiento de ciertas autoridades de sus obligaciones legales y constitucionales y que, por consiguiente; ,3. las tutelas individuales no sirven porque, 4. se necesitan medidas generales.

En esas ocasiones lo que hace la Corte es declarar que existe ese estado de cosas inconstitucional y formular a las autoridades órdenes generales para que entre ellas cooperen y se supere la situación.Luego hay un seguimiento a la sentencia para decidir si se levanta o no el ECI según el mejoramiento de la situación.

La Corte ha usado el ECI en el pasado frente a distintos tipos de problemas; el más célebre es tal vez en relación con el desplazamiento forzado, pero también la ha usado por el hacinamiento en las cárceles, la falta de concurso para notarios, la desnutrición en La Guajira y las demoras en el trámite de pensiones. 

¿Cómo ayuda un estado de cosas inconstitucional a superar la situación de vulneración de derechos?

La experiencia ha mostrado resultados diversos. En algunos casos la situación se superó y se levantó el estado de cosas inconstitucional. Eso sucedió en el caso de Colpensiones y del concurso de notarios. En otros casos se ha mantenido la situación y la Corte sigue supervisando, como en el caso de desplazamiento forzado, en el que solo ha habido levantamientos parciales. 

A pesar de esos resultados diferenciados, el consenso académico es que esas declaraciones son fundamentales a nivel político y a nivel técnico-jurídico. A nivel político, porque al declarar el estado de cosas inconstitucional, la Corte pone el tema en el debate político nacional. Además, se da un diálogo entre la Corte, las autoridades, la academia y las organizaciones sociales y eso genera lo que algunos llaman una jurisprudencia dialógica, que ayuda a mejorar la transparencia y la calidad de las políticas públicas destinadas a enfrentar el problema. Entonces, incluso cuando no se ha levantado un ECI, las políticas pueden mejorar.

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¿Por qué la Corte estimó que la situación de seguridad de los excombatientes es un estado de cosas inconstitucional?

En la sentencia SU-020 de 2022, la Corte primero constató las graves violaciones a la vida y a la seguridad de los excombatientes: más de 300 han sido asesinados en los últimos años y la situación no ha mejorado. Es cierto que en 2021 disminuyó el número de excombatientes asesinados, pero siguió siendo alto: 54, es decir, más de uno por la semana. Y la disminución llegó después de un pico en 2019 y 2020.

Lo segundo que comprobó la Corte es que la cantidad de tutelas y peticiones que habían presentado los reinsertados mostraba que la situación no se iba a resolver a través de casos individuales sino que se requerían políticas generales. Eso tenía que ver con un tercer elemento que constató la Corte y es que el Gobierno se ha resistido a aplicar robustamente los instrumentos del Acuerdo de Paz relacionados con las garantías de seguridad de los reincorporados. 

Por ejemplo, hay una instancia de alto nivel que, entiendo, nunca se ha reunido; una comisión nacional de garantías que debería reunirse mensualmente y se ha reunido muy pocas veces.

¿Qué ordenó la Corte?

Básicamente lo que la Corte le ordena al Gobierno es que cumpla con los instrumentos que están en el Acuerdo de Paz. A la Procuraduría y Defensoría les ordena que monitoreen ese cumplimiento. 

El Gobierno, en vez de criticar la decisión de la Corte, debería aprovechar para cumplir con su obligación constitucional. Este es un problema gravísimo que pone en riesgo la paz y la vida de los excombatientes que le han cumplido a la paz. Los que no han cumplido obviamente deben ser combatidos, pero a quienes han cumplido deben garantizarles su vida y su seguridad.

¿Por qué es importante esta sentencia para avanzar en la paz?

Hasta ahora el Gobierno ha dicho que tiene estrategias para garantizar la seguridad de los excombatientes y también de los líderes sociales (los mecanismos son semejantes), pero sus resultados hasta ahora son muy pobres. Eso es lo que el Gobierno no ha querido aceptar y han manipulado cifras incluso. La importancia de esta sentencia está en reiterarle al Gobierno que hay herramientas en el Acuerdo que pueden funcionar y que debe ponerlas a marchar.

Además de la jurisprudencia dialógica, que ha generado buenos resultados en otros casos de ECI, puede haber una eventual consecuencia sancionatoria -que para mí no es lo más importante, pero existe- y es que si se incumple la sentencia puede haber sanciones. Pero creo que lo central es que mejoren las políticas públicas para mejorar la seguridad de los excombatientes que le han cumplido a la paz e igualmente (porque son situaciones semejantes) de los líderes sociales que están siendo asesinados en los territorios. 

 

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