La corrupción tiene un impacto directo en la garantía de los derechos humanos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y discriminadas. Así lo han dicho la ONU y la CIDH, y lo demuestran varias investigaciones en Colombia. La Guajira es un ejemplo de ello: en este departamento, la corrupción ha afectado por años el derecho a la salud y la alimentación de las comunidades indígenas. Tanto que la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias.  

La sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hambre de la niñez wayúu, estableció como objetivo mínimo constitucional la garantía de imparcialidad y transparencia en la selección de contratistas. Es decir, además de ordenar medidas para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud, ordenó ponerle la lupa a la corrupción en la contratación de estos servicios.

Como parte del seguimiento a la implementación de la sentencia, en diciembre de 2021 la Corte solicitó más información sobre este asunto. En respuesta, desde Dejusticia, Transparencia por Colombia y el Instituto Anticorrupción enviamos un memorial con una serie de hechos que evidencian la corrupción en el departamento y algunas recomendaciones para superarla. Aquí los resumimos:

Corrupción en La Guajira en datos

1. Entre 2016 y 2020 se dieron 37 hechos de corrupción en el departamento, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción. El 30% de esos casos afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes.
2. La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos diez años. La mayoría de ellos han sido destituidos por estar involucrados en casos de corrupción; algunos de esos hechos tuvieron relación con el manejo de los recursos de la alimentación de niños y niñas. 
3. La Procuraduría alertó que 64 expedientes con denuncias de corrupción llevan más de 10 años engavetados en la Fiscalía Seccional de Riohacha. Los hechos involucran recursos públicos por más de $85.000 millones. 
4. Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi $17.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar y en los paquetes nutricionales de niños de cero a cinco años. El gobernador del momento, José María Ballesteros, fue condenado por la Corte Suprema por estos hechos. 
5. En 2015 se desviaron cerca de $2.000 millones en contratos para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes. Por estos hechos se encuentran imputados 14 funcionarios. 
6. En 2016, el entonces Alcalde y la Secretaria de Educación de Riohacha fueron destituidos e inhabilitados por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.  

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Recomendaciones para garantizar la transparencia

• Que la Corte Constitucional le encargue a la Procuraduría General de la Nación (PGN) una evaluación sobre las garantías del derecho de acceso a la información pública en La Guajira, especialmente en los cuatro municipios priorizados en la sentencia T-302 de 2017: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. 
• A partir de esa evaluación, que las entidades públicas departamentales diseñen un plan de fortalecimiento en materia de acceso a la información. 
• Que la Corte Constitucional le solicite a la PGN un informe de las acciones que ha adelantado en el departamento como garante del derecho de acceso a la información pública.
• Que le ordene al Congreso y al Gobierno crear un registro centralizado, público y de libre acceso con la información de los beneficiarios finales de las empresas que operan en Colombia y que contratan con el Estado. 

Recomendaciones para el fortalecimiento institucional

• Implementar en las instituciones de La Guajira parámetros de ética e integridad pública ya existentes. Por ejemplo, las directrices del Sistema Nacional de Integridad y el Código de Integridad del Servicio Público. 
• Que el Gobierno Nacional -a través de entidades como el DNP, MinHacienda y la Secretaría de Transparencia- haga una revisión en las entidades departamentales de aspectos como la estructura administrativa, los mecanismos anticorrupción, los canales de denuncia, entre otros. 

Recomendaciones para la sanción de la corrupción

• Que la Fiscalía y la Procuraduría pongan en marcha mecanismos que combinen las labores de los equipos nacionales y territoriales para priorizar la sanción de la corrupción en el departamento.
• Que la Contraloría General de la República priorice el acompañamiento a la Contraloría Departamental de La Guajira para fortalecer sus capacidades de control fiscal.
• Que la Corte Constitucional emita órdenes que permitan nombramientos de contralores, fiscales y procuradores territoriales independientes.
• Que el Congreso expida una ley de protección de denunciantes de la corrupción.

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