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La despenalización a la colombiana, como una exaltación a la autonomía personal, requiere contar con garantías, como poder optar por servicios de reducción de riesgos y daños, libre de acoso policial y prejuicios sociales.

Paradójicamente, los intentos por re-criminalizar no solo no han cumplido con su objetivo, sino que han permitido salvaguardar y reforzar los derechos de los usuarios de drogas.

A menos de un año de celebrarse los 30 años de la despenalización del consumo personal de sustancias psicoactivas en Colombia, parece que las autoridades no han logrado salir de la caverna del prohibicionismo.

Al poner en primer plano los derechos humanos en la política de drogas se reconoce que las personas que consumen, cultivan o están implicadas de algún modo en los mercados de drogas son, ante todo, ciudadanos, no enemigos públicos ni delincuentes.

Enviamos un informe de cara al 44 Examen Periódico Universal que realizará la ONU para analizar la situación de derechos humanos en Colombia.

Impedir el acceso de «Échele Cabeza» al Festival Cordillera es una muestra de que la Policía es un obstáculo para promover la reducción de riesgos y daños, así como que la persecución a usuarios de sustancias y sus derechos no cesa.