Desde el 28 de abril, cuando distintos sectores entraron en paro, Colombia se encuentra en medio de un escenario de represión por parte de la fuerza pública, una respuesta estigmatizante del gobierno nacional, la ausencia de denuncia y veeduría contundente por parte de órganos de control y algunos ataques a infraestructura física y miembros de la fuerza pública. El final de esa espiral de violencia no parece cercano. 

Para entender mejor estas fuertes tensiones internas, caracterizadas por múltiples violaciones a los derechos humanos, desde Dejusticia presentamos tres miradas clave: la respuesta del Estado a esta situación, las consecuencias inmediatas de la desinformación y el ineficiente registro y un énfasis especial en la situación de derechos humanos que vive el país.

Al final, además, elaboramos un conjunto de recomendaciones que dirigimos al Estado colombiano para que cumpla con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos y a la comunidad internacional con el fin de que su intervención pueda contribuir a  buscar una solución a la crisis.

Las conclusiones que aquí presentamos parten de nuestro informe “Colombia 2021: una nueva amenaza de crisis en materia de derechos humanos, Informe de situación de las protestas ocurridas en Colombia” de nuestras investigadoras Diana Esther Guzmán, subdirectora de Dejusticia, y Sofía Forero Alba, investigadora de la línea Sistema Judicial. Como la  situación del país cambia a diario, aclaramos que este informe es parcial y está sujeto a actualizaciones.

Respuesta gubernamental  ambigua y estigmatizante

La respuesta del gobierno nacional a la protesta ha sido ambigua y poco asertiva frente al descontento popular. Por una parte, el presidente, Iván Duque, anunció el retiro de una propuesta de reforma tributaria el 2 de mayo del 2021, cinco días después del inicio de las protestas. No obstante, esta decisión no fue suficiente para desarticular el paro, pues las razones de la protesta son diversas, vienen de tiempo atrás y, para ese momento, las muestras de represión policial que circulaban en redes sociales ya habían profundizado el descontento. 

En las alocuciones oficiales del mandatario, Duque ha acudido a narrativas estigmatizadoras de los manifestantes, refiriéndose a ellos como vándalos y denunciando supuestos vínculos entre manifestantes y grupos armados ilegales. 

La cuenta de Twitter de Presidencia Colombia, por ejemplo, publicó el pasado 5 de mayo estas palabras del Presidente: “La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la Fuerza Pública”.

«La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la Fuerza Pública» Presidente @IvanDuque

— Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 5, 2021

En el mismo sentido, el pasado 3 de mayo el Ministro de Defensa mencionó que   “Colombia enfrenta la amenaza terrorista de organizaciones criminales, que disfrazados de vándalos, acosan a ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y Pasto para desestabilizar”.

Colombia enfrenta la amenaza terrorista de organizaciones criminales, que disfrazados de vándalos, acosan a ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y Pasto para desestabilizar. pic.twitter.com/6HAzohl1d5

— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 3, 2021

En otras alocuciones presidenciales y comunicaciones de ministros, el gobierno ha dejado claro su respaldo al trabajo de la policía, no ha rechazado los casos de uso excesivo de la fuerza y, más recientemente, los ha justificado. 

La Fiscalía General de la Nación, por otro lado, no ha abierto las investigaciones respectivas por los abusos y vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Solo se han referido al vandalismo. En un comunicado del 4 de mayo de 2021, la Fiscalía mencionó que avanza en las investigaciones para esclarecer siete homicidios en la ciudad de Cali y que hay más de 185 procesos en marcha por terrorismo urbano. También afirma que “estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y las disidencias de las FARC serían las responsables de los actos vandálicos” en esa ciudad. 

Estas narrativas que asocian protesta con subversión son una herencia del conflicto armado colombiano que ya no reflejan la complejidad del descontento social actual. Además, como lo constató la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela del 22 de septiembre de 2020, este es un discurso que pone en riesgo a quienes convocan y participan en las manifestaciones, al considerarles una amenaza para el orden público y la estabilidad democrática. 

La respuesta de los órganos de control ha sido limitada y poco contundente. Ni la Procuraduría General ni la Defensoría del Pueblo han tomado acciones contundentes, claras y suficientes para enfrentar la violencia policial. 

Desinformación, imprecisión e incertidumbre

El acceso a información precisa e imparcial ha sido uno de los aspectos críticos de esta jornada de protestas.

Algunos medios de comunicación televisivos, siguiendo la narrativa gubernamental, han hecho énfasis en ataques que se han presentado a edificios de entidades públicas, comercios o medios de transporte en el contexto de la protesta, y han prestado menos atención a los excesos en el uso de la fuerza por parte de la policía y a las demandas ciudadanas. 

Mientras esto sucede, en las redes sociales sí han circulado ampliamente distintos videos que dan cuenta de múltiples ataques de la fuerza pública a manifestantes e incluso a observadores, sobre todo jóvenes. 

A pesar de estas limitaciones en la información y las incertidumbres que aún rodean el desarrollo del paro, tanto los informes de organismos de control y derechos humanos del Estado, como los pronunciamientos del Sistema ONU y los reportes de respetadas organizaciones de derechos humanos, muestran un panorama caracterizado por violaciones masivas a los derechos humanos y limitaciones desproporcionadas del derecho a la protesta, especialmente en las noches. 

Balance humanitario grave y desconcertante

A pesar de sus limitaciones, los datos disponibles, recopilados sobre todo por organizaciones de la sociedad civil, reflejan la persistencia de varios patrones de vulneración del derecho a la protesta que constató la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020. En dicha sentencia, la Corte estableció que en las protestas de finales del año 2019, conocidas como #21N, la fuerza pública incurrió en conductas sistemáticas, repetitivas y persistentes orientadas a socavar, desestimular y debilitar el derecho a la manifestación pública. Aunque la Corte emitió órdenes destinadas a evitar su repetición, estas conductas se siguen presentando en el contexto del nuevo ciclo de protestas y, de hecho, han empeorado. 

Agentes del ESMAD han interrumpido y disuelto el curso de manifestaciones pacíficas, persiguiendo manifestantes para golpearlos sin que estos hayan puesto resistencia o signifiquen amenaza alguna. Hay registros de agentes del ESMAD rompiendo vidrios, golpeando personas, lanzando gases lacrimógenos de manera desproporcionada, embistiendo con tanquetas, entre otros comportamientos contrarios a la normatividad nacional e internacional, para el control de protestas. 

También ha sido recurrente el uso de la fuerza y de armas potencialmente letales sin dialogar ni agotar otros medios disponibles. Incluso, la organización Temblores ONG, reportó que entre el 28 de abril y el 5 de mayo del 2021 se registraron 110 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía en manifestaciones.

Entre el 28 de abril y el 5 de mayo, se presentaron  también múltiples casos de presuntas detenciones arbitrarias. El 5 de mayo, la ‘Campaña Defender la Libertad: un asunto de todxs’ reportó la cifra de 1180 detenciones, en su mayoría arbitrarias, y ocho allanamientos que fueron declarados ilegales. 

Temblores ONG, a través de su plataforma GRITA, entre el 28 de abril y el 5 de mayo del 2021, registró 1708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública y 22 víctimas de agresión en sus ojos. 

Las personas que ejercen como periodistas y los defensores de derechos humanos también han sido víctimas de la represión policial. Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han documentado, entre el 28 de abril y el 4 de mayo, 75 ataques a la libertad de prensa. Al 5 de mayo, 58 defensores de DDHH habrían sido agredidos. 

Finalmente, la jornada de protestas y movilizaciones tampoco ha sido ajena a las denuncias de violencia sexual y vulneraciones contra mujeres manifestantes. De acuerdo con la ‘Campaña Defender la Libertad: un asunto de todxs’, se han reportado 15 casos de violencia sexual y violencias basadas en género. A su vez, Temblores ONG, registró 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública entre el 28 de abril y el 5 de mayo del 2021.

Nuestra solicitud a la comunidad internacional

En medio de este peligroso panorama, persiste el temor sobre las consecuencias que el espiral de violencia en el que se ha sumido Colombia pueda tener para la democracia y los derechos humanos, debido a las asimetrías de información, la falta de verificación e investigación de parte de los órganos de control, la polarización creciente y la exacerbación de la violencia. 

Por eso, solicitamos la intervención de diversas agencias de Naciones Unidas y diferentes miembros de la comunidad internacional, sobre todo del Sistema Interamericano, en las siguientes vías que pueden contribuir a desescalar la violencia y buscar una solución a la crisis:

1. Hacer un llamado al Estado colombiano para que cumpla con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el ejercicio del derecho legítimo de protesta pacífica y un llamado general a la no violencia en las manifestaciones.

2. Solicitar al gobierno colombiano el cumplimiento de las órdenes de la sentencia de tutela de septiembre 22 de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que se encuentran incumplidas total o parcialmente, en especial:

a. diseñar y cumplir un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal; 

b. expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.

3.Invitar a la comunidad internacional a condicionar sus apoyos a la fuerza pública al cumplimiento de los derechos humanos, en especial a Estados como EEUU que brindan apoyos económicos al ejército y a la policía nacional. 

4. Solicitar al Ministerio Público cumplir de manera independiente con su función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos humanos.

5. Conminar al ejecutivo a liderar con apertura un diálogo efectivo como respuesta a los reclamos sociales.