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Academia capturada

Mauricio García Villegas
junio 4, 2016

Publicado en: El Espectador

Hace un par de semanas la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional homenajeó a un grupo de docentes por su trayectoria académica. Entre ellos estaba el sociólogo Miguel Ángel Beltrán, quien, como la opinión publica sabe, fue destituido por la Procuraduría, acusado de colaborar con las Farc y posteriormente condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

 

Más de 30 profesores de la Facultad de Ciencias Humanas escribieron una carta en protesta contra esa decisión. Según ellos, no sólo es cuestionable que se incluya a alguien que ha sido condenado por la justicia, sino que tal inclusión no se hizo como se debe, a través de un procedimiento de pares académicos. Los defensores de Beltrán, por su parte, sostienen que en esto hay una persecución, encabezada por el procurador Ordóñez, contra un profesor, por su manera de pensar, y contra la libertad de cátedra y la universidad pública.

Este es un debate difícil y doloroso para la universidad, pero necesario y muy importante, incluso para la paz del país. Yo estoy del lado de quienes ven con preocupación la inclusión del profesor Beltrán en este homenaje académico y tengo, en esencia, dos argumentos, que expongo con todo respeto frente a los colegas que piensan de manera diferente.

El primero es que a Beltrán no se le acusa por lo que piensa, sino por hacer parte de un grupo insurgente. Un profesor puede pensar lo que quiera sobre el régimen político que necesita Colombia, incluso puede enseñar eso que piensa. En el 2007 defendí al profesor Óscar Mejía cuando fue acusado por José Obdulio Gaviria por escribir en contra de la democracia liberal y a favor del uso de ciertas formas de violencia. Pero el caso de Beltrán es muy distinto. Aquí no se trata de la libertad de pensamiento, sino de la obligación de respetar la ley. Entiendo las razones humanitarias (Beltrán está en la cárcel) que tienen quienes promovieron esta distinción, pero esas razones no justifican una decisión que tiene consecuencias tan graves para la universidad.

Es cierto que en los procesos legales a través de los cuales se ha condenado a Beltrán hay asuntos probatorios debatibles, empezando por el hecho de que las pruebas en su contra se originan en el computador de Raúl Reyes. Pero justamente, si lo que se debate es controvertible, lo mejor que se puede hacer es dejar el asunto en manos de los jueces. Si no es la justicia la que decide esto, ¿entonces quién? ¿Es acaso conveniente que cada unidad académica decida casos como este, según sus simpatías políticas? Me pregunto qué habrían hecho las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas si, por ejemplo, un profesor vinculado a una organización paramilitar hubiese sido condenado judicialmente por eso. ¿También descalificarían la justicia y se opondrían a los fallos? Y si ese profesor paramilitar fuese un gran académico (supuesto bien difícil), ¿también le harían un homenaje? No lo creo.

Y esto me lleva al segundo punto. El homenaje al profesor Beltrán es, a mi juicio, una captura de la academia por parte de los intereses políticos.

La universidad es, en esencia, un lugar en donde profesores estudiosos y dispuestos a dejarse convencer cuando alguien tiene mejores argumentos producen conocimiento para bien de la sociedad. Lo político, en cambio, obedece a intereses partidistas o a dogmas ideológicos y con mucha frecuencia sacrifica la verdad a esos fines. Esta captura también ocurre en las universidades confesionales, sólo que allí es la religión (o la ideología conservadora) la que se impone.

El hecho es que en ambos casos, que se parecen mucho, el espíritu universitario sale derrotado.

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