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| EFE

El largo camino de las personas migrantes indocumentadas para acceder a servicios de salud en Colombia

En Colombia, las puertas del derecho a la salud se cierran por completo para las personas sin un estatus migratorio regular y para los solicitantes de refugio cuyas aplicaciones son rechazadas. En una nueva investigación explicamos por qué.

Por: DejusticiaMarzo 20, 2024

Colombia ha sido el principal destino de las personas que han tenido que huir de Venezuela por la aguda emergencia humanitaria que atraviesa ese país, causal de una violación masiva de derechos civiles y políticos, así como de derechos económicos, sociales y culturales. 

Una vez llegan a Colombia, toda una serie de necesidades básicas están insatisfechas. Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida de Venezuela, en 2022, el 50% de los hogares de ese país vivían en una situación de pobreza multidimensional, y la prestación de servicios de salud por parte del Estado era precaria, mientras la atención privada, muy costosa. De hecho, la misma encuesta mostró que, durante ese año, el uso de los servicios del sistema público de salud había disminuido en un 70 %.


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Lo paradójico es que, si bien muchas personas migran con la esperanza de encontrar mejor acceso a servicios esenciales, en Colombia siguen enfrentando enormes barreras. Por ejemplo, quienes no pueden acceder a un estatus migratorio regular, no pueden recibir servicios de salud (con excepción de las urgencias vitales y atención de parto), ni tener un trabajo formal e incluso no pueden matricularse en una institución universitaria.  

Las puertas del derecho a la salud se cierran por completo para las personas sin un estatus migratorio regular y para los solicitantes de refugio cuyas aplicaciones son rechazadas. Su situación se agrava con las limitadas posibilidades de denunciar, pues temen ser expulsados o deportados por la falta de documentación. 


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Teniendo en cuenta la compleja situación de vulnerabilidad de esta población, así como los enormes vacíos informativos que hay en Colombia al respecto, desde Dejusticia, la Universidad de Queen’s en Belfast y la Universidad del Rosario realizamos una investigación sobre el alcance del derecho a las atenciones en salud para las personas migrantes con situación irregular en Colombia, con una mirada  particular en la situación de mujeres,  personas gestantes, niños y niñas. 

Para ello, analizamos las normas y la jurisprudencia en Colombia sobre el derecho a la salud, en particular respecto a la atención en urgencias de la población migrante en situación irregular. De igual forma, analizamos  las contribuciones  para la realización del derecho a la salud de una variedad de actores: personal clínico y humanitario y líderes comunitarios de Bogotá, Soacha, Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander). 

Nuestros hallazgos

Los resultados de la investigación muestran que, pese a que la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que los servicios a los que pueden acceder estas personas van más allá de las urgencias vitales (por ejemplo, cuando hay situaciones que a medio y largo plazo pueden poner en riesgo su vida, funcionalidad y salud si no son atendidas de forma oportuna), casi la totalidad de las personas que participaron en la investigación, y que no hacen parte de instituciones, denunciaron que en el día a día eso no se materializa. 

Aunque la jurisprudencia de la Corte señale que el sistema de salud debe prestar atención a personas gestantes (antes, durante y después del parto), priorizar a niños y adolescentes y cuidar y tratar a quienes padecen enfermedades crónicas, los servicios que se prestan a las personas migrantes en situación irregular son solamente aquellos comprendidos en la atención inicial de urgencias (estabilizar los signos vitales) y atención de parto. 

De hecho, un profesional de la salud entrevistado en el municipio de Soacha, Cundinamarca afirmó que, aunque es “extremadamente frustrante”, la ruta para prestar un tratamiento a personas migrantes no aseguradas es: estabilizar signos, dar de alta y sugerirles que regresen si se sienten descompensados. “Tenemos que cumplir con la normatividad que nos ata a las atenciones iniciales de urgencias”, señaló. 

Dejar de lado a pacientes con enfermedades crónicas y a personas especialmente vulnerables tiene graves consecuencias. Sobre esto, un profesional de la salud de una organización de base comunitaria que esta investigación entrevistó dijo: “para pacientes con diabetes, se atiende la urgencia, pero no se entrega algún medicamento. Además, hay pacientes asintomáticos con VIH, hepatitis y algunos casos de cáncer que puede que no generen condiciones que afecten la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración o la temperatura corporal, pero entonces en estos casos no va a haber atención de urgencias”. 


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Si tantas son las barreras para atender la salud física, las personas migrantes en situación irregular encuentran todavía más dificultades para recibir atención frente a situaciones de malestar psicosocial y enfermedades  mentales. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado que la prevalencia de estos trastornos suele ser mayor en población migrante, pero, en Colombia, estas personas se enfrentan a condiciones estructurales del sistema que terminan por alejarlas mucho más del bienestar. En su contra juegan la falta de personal idóneo y sensible a los temas de salud mental, la dificultad que tienen algunos profesionales para definir qué es una urgencia en este ámbito y el desconocimiento de las normas, estándares y procedimientos que protegen a las personas que necesitan atención u orientación relacionadas a su salud mental . 

Sobre esto último, nuestra investigación encontró que la población migrante en situación irregular padece de forma particular el hecho de que en nuestro sistema de salud haya que atravesar un laberinto para identificar con claridad cuáles son las fuentes de financiación para cada tipo de atención en salud. Esto lo viven las entidades territoriales —responsables de la dirección y organización de los servicios de salud a nivel municipal y departamental—quienes deben traducir la normativa nacional a sus realidades y financiar (en ocasiones sin los recursos suficientes) al llamado régimen subsidiado, es decir, a toda la población no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Empleando reglas y modelos básicos de salud pública y derechos humanos, y gracias al trabajo de campo, nuestra investigación encontró que el enfoque “atención de urgencias” para realizar el derecho a la salud y respetar la dignidad de la población migrante en condición irregular es completamente insuficiente. Los actores humanitarios y las ONG lo saben, por eso han desarrollado muchos servicios desde un enfoque de atención primaria de la salud (prevención, atención de primer nivel, planificación familiar, controles prenatales, promoción de la salud a través de programas comunitarios, oferta de bienes de necesidad básica).

Esta atención complementaria y necesaria, que corresponde a los mejores estándares de derecho internacional de los derechos humanos, no está cubierta por el marco normativo y jurisprudencial en Colombia. El escenario se agrava, sobre todo a medio y largo plazo, por la limitada cobertura geográfica y financiera de estas organizaciones y actores humanitarios, que lleva a una precarización en la disponibilidad de servicios esenciales de sus programas. 

Nuestros llamados

La migración forzada desde Venezuela continúa, y es probable que no se detenga en los próximos años. El agravamiento de la situación en dicho país y el fortalecimiento de las redes de apoyo que se han tejido en la región para estas personas puede motivar cada vez más éxodos. Este escenario lleva entonces a plantear una serie de recomendaciones que permitan afrontar la realidad de la migración hacia Colombia y su necesaria relación con el sistema de salud. 

En el documento que aquí citamos, los investigadores le proponen al Estado varias medidas. La primera, que continúe fortaleciendo su respuesta para garantizar los derechos de la población migrante en situación irregular, que a su vez deben estar alineados con los estándares internacionales de protección. También le sugieren que, en sus acciones, consideren las necesidades diversas y particulares que existen en el enorme conjunto de personas que migran. 

Los investigadores también resaltan la necesidad de poner en marcha reformas legales y acciones coordinadas entre las instituciones (tanto a nivel nacional como territorial), así como mantener los apoyos de la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil, pero diseñados e implementados con un enfoque de largo alcance en prevención y promoción de la salud para todas las personas y basado en derechos humanos. 

De igual forma, será clave incluir las necesidades de las personas migrantes y refugiadas en los esfuerzos de reforma legal al sistema de salud, crear medidas de regularización permanentes, accesibles y de largo plazo (que vayan más allá del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos) e incluir medidas de enfoque diferencial en las políticas, los programas y los planes de atención en salud. 

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