Con las noticias recientes de nuevos avances científicos que buscan mitigar los efectos de la pandemia, resulta crucial la implementación de medidas que eviten, bajo cualquier circunstancia, la discriminación y las desigualdades injustificadas en el acceso a las futuras vacunas contra la COVID-19. Allí, es de carácter urgente el papel de los Estados, que en nombre del derecho a la salud deben adecuar sus instalaciones, servicios médicos y otros bienes para que estén disponibles, sean accesibles y de buena calidad.

Así lo advirtió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas, en su Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19, la cual tradujimos en Dejusticia para compartir en Colombia y otros países hispanohablantes. 

En este documento, el Comité DESC se detiene sobre cómo las potenciales vacunas contra la COVID-19 serán decisivas para el levantamiento de medidas restrictivas y la recuperación paulatina de los efectos negativos de la pandemia sobre los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo de las poblaciones más vulnerables.

En ese sentido, el Comité es enfático en que todas las personas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental, a gozar de las mejores aplicaciones de los desarrollos científicos y, por ello, sus posibilidades de acceso a programas seguros de inmunización contra enfermedades infecciosas deben ser expeditas.

Acceso universal a vacunas

No basta con que estas vacunas contra la COVID-19 sean producidas y distribuidas, sino que deben ser de alcance universal. Así, como explica el Comité DESC, los Estados deben asegurarse de que en este proceso no haya lugar a discriminación basada en motivos de religión, nacionalidad, sexo, orientación sexual e identidad de género, raza e identidad étnica, edad, discapacidad, condición de migrante o indocumentado, entre otras. 

La declaración insiste en que los Estados tienen la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el acceso, y esto incluye el suministro gratuito a las personas de más bajos ingresos y la adecuación de todos los canales estatales e incluso privados para que grupos marginados o aquellos que viven en áreas remotas puedan acceder a la vacunación. 

Sin embargo, el Comité reconoce que, al menos en las fases iniciales de este proceso complejo de producción en masa y distribución, es imposible garantizar que todo el mundo tenga acceso inmediato a una vacuna, por lo que la priorización por grupos específicos será inevitable. En este caso, la ONU hace un llamado a que en estos procedimientos primen criterios médicos, como dar prioridad a trabajadores de la salud o a las personas que presenten mayores riesgos de desarrollar una afección grave por otras enfermedades preexistentes. 

Flexibilización de patentes

El Comité DESC recuerda que, aunque muchas de las vacunas que pueden ser aprobadas fueron desarrolladas por empresas privadas y pueden estar sujetas al régimen de propiedad intelectual, los Estados son el primer garante de los derechos económicos, sociales y culturales y, por ende, debe prevenir que los regímenes de patentes menoscaben las posibilidades de la población de acceder a las vacunas.  

No se trata ni de una maratón ni de una carrera médica por ser el primero en encontrar la vacuna, y aunque es comprensible que cada país quiera asegurar el acceso a las vacunas primero para sus ciudadanos, el llamado del Comité DESC es a pensar con un enfoque de salud global fundado en la asistencia internacional, la cooperación y la distribución equitativa. 

Dejusticia ya ha hecho seguimiento a este tema y hemos advertido, en cabeza de nuestro investigador Rodrigo Uprimny, sobre los vacíos de información del gobierno Duque con relación al acceso a 20 millones de vacunas para 10 millones de colombianos y las graves consecuencias humanitarias y sanitarias de los nacionalismos en el suministro de vacunas. 

Bajo la premisa de la difusión de este documento, el cual consideramos fundamental y de relevancia pública, Dejusticia presenta aquí la traducción del inglés de esta declaración, con la precisión de que esta versión al español es nuestra y que no se trata de una traducción oficial de las Naciones Unidas.