Actores armados emergentes e industrias extractivas: nuevas amenazas contra indígenas colombianos

Por: Dejusticiamayo 8, 2018

La Comunidad de Juristas Akubadaura y Dejusticia describen ante Naciones Unidas los más recientes ataques a líderes y pueblos indígenas en Colombia. El fortalecimiento de la Guardia Indígena y la implementación de protocolos para proteger colectivamente territorios podrían ayudar a contrarrestar estos riesgos.


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La Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hizo un llamado a la sociedad civil para recibir textos que le sirvan como insumo para la presentación de su próximo informe sobre criminalización y ataques a los líderes y pueblos indígenas.

Como respuesta a este llamado, la Comunidad de Juristas Akubadaura y Dejusticia presentamos el informe “Insumo para el informe temático sobre criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos” en el que se describe  la situación de los pueblos indígenas colombianos después de la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional.

En este documento (que puede consultar en el archivo adjunto) exponemos la grave situación que están viviendo los pueblos en indígenas en Colombia, especialmente en relación a los asesinatos que han sufrido líderes y lideresas indígenas desde el 2016.

El informe concluye que el fenómeno de ataques selectivos en contra de los pueblos indígenas se debe a la combinación de dos factores de violencia: por un lado, la expansión de las industrias extractivas sobre los territorios de los pueblos indígenas y la violencia asociada a estos proyecto; y  en segundo lugar, la proliferación de nuevos actores armados que están llegando a los territorios que antes eran controlados por la guerrilla de las FARC. Ambos fenómenos han afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas que están ejerciendo sus derechos a la autonomía, autogobierno y territorio.

Como principales vías de acción para enfrentar estas amenazas, Akubadaura y Dejusticia recomendamos dos líneas de acción urgentes que debe tomar el Estado y que podrían ser tenidas en cuenta por la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas para para proteger a estas comunidades: en primer lugar, el Estado debe impulsar y apoyar  a la Guardia Indígena para que ella pueda ejercer sus funciones de protección comunitaria. Con estas acciones, además, se avanzaría en el cumplimiento por parte del Gobierno de lo pactado dentro del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

En segundo lugar, mostramos que es obligación del Estado incluir la variable de la protección  colectiva de comunidades dentro de los programas de seguridad y protección. Teniendo en cuenta las prácticas que ya están realizando los pueblos y los retos especiales que impone a la política pública de protección este escenario.

Para conocer el informe presentado a la Relatora descargue el documento adjunto.

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