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¿Ahora sí la CIDH?

César Rodríguez Garavito
septiembre 4, 2015

Publicado en: El Espectador

La expulsión ilegal e inexcusable de migrantes colombianos confirma lo poco que importan las libertades básicas en Venezuela, o en países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua que apoyaron la medida con su voto. Pero el revés colombiano en la OEA también es fruto de la política internacional del gobierno Santos en materia de derechos humanos.  

 

Hay mucho de paradójico en el lamento de la canciller sobre la OEA. No porque no haya razón de indignarse por la inacción del organismo regional ante la emergencia humanitaria en la frontera, sino porque la Cancillería ha contribuido a debilitar el sistema de derechos humanos de la OEA cuya intervención ahora solicita.

Hagamos un poco de memoria. Hace un par de años, cuando Venezuela y Ecuador lideraron una campaña para quitarle poderes a la incómoda Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Cancillería osciló entre la ambigüedad deliberada y el silencio pragmático. Con la ambigüedad intentaba quedar bien con todos; con el pragmatismo, subordinaba los derechos humanos a otros intereses de política exterior, como el comercio con los vecinos.

Así terminó ayudando a darle vuelo a la campaña del ALBA y poniendo en riesgo los pocos poderes reales que tiene la CIDH para actuar en casos como los de la frontera, como dictar medidas cautelares para evitar violaciones inminentes de derechos básicos. De paso aprovechó que la CIDH estaba contra las cuerdas para priorizar la reforma que le interesaba al Gobierno (que la CIDH sacara a Colombia de la lista de países con graves violaciones de derechos humanos), antes que la defensa de la Comisión.

Luego vino el caso Petro. Como se recordará, el Gobierno desconoció abiertamente los poderes del organismo cuya intervención ahora demanda, argumentando (erróneamente) que no estaba obligado a cumplir la orden de la CIDH que suspendía la destitución irregular de Petro por parte del procurador (quien ahora pide medidas cautelares contra Venezuela, aunque entonces decía que esas medidas no eran obligatorias).

El pragmatismo y la ambigüedad de la Cancillería han sido tales que, en ocasiones, sus posiciones han terminado asemejándose a las de países como Venezuela y Ecuador, que reaccionan a las derrotas en la OEA y la CIDH con llamados a reformarlas. “Hay que replantear para qué está la OEA”, dijo la canciller Holguín al conocer el resultado de la votación sobre la crisis en la frontera.

Muy por el contrario, lo que muestra ese resultado son los límites del pragmatismo. Y la necesidad de apoyar por convicción, no por conveniencia episódica, el sistema internacional de derechos humanos y los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos.

Cuando se sigue el juego de otros de debilitar la protección de los derechos humanos, tarde o temprano se debilitan los propios. Afortunadamente la CIDH no está en ese juego, como lo muestra su pronta condena a los atropellos del Gobierno venezolano contra los ciudadanos colombianos expulsados ilegalmente. Ojalá la Cancillería juegue a lo mismo.

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