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¿Al fin ley de justicia y paz?. La ley 975 de 2006 tras el fallo de la Corte Constitucional

Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon Sanín
junio 30, 2006

Publicado en: Dejusticia

El 18 de mayo de 2006 la Corte Constitucional decidió declarar la ley 975 de 2005, también llamada ley de justicia y paz, ajustada a la Constitución Política, con excepción de algunas de sus disposiciones, que fueron declaradas inconstitucionales o cuya interpretación fue condicionada. Este documento pretende registrar cómo quedará el texto definitivo de la ley después de su revisión por parte de la Corte, y qué implicaciones tendrá su cambio en el proceso transicional que en la actualidad enfrenta el país con motivo de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos paramilitares. Dado que el fallo fue anunciado cuando este libro estaba ya en prensa para su publicación, este registro parte de información que es aún parcial, pues todavía no se conoce el texto completo de la sentencia y, por consiguiente, nuestras fuentes principales han sido los comunicados de prensa emitidos por la Corte Constitucional para dar cuenta de la decisión, así como los artículos de prensa y los análisis de corto plazo que algunas organizaciones no gubernamentales han realizado sobre la decisión.

 

El 18 de mayo de 2006 la Corte Constitucional decidió declarar la ley 975 de 2005, también llamada ley de justicia y paz, ajustada a la Constitución Política, con excepción de algunas de sus disposiciones, que fueron declaradas inconstitucionales o cuya interpretación fue condicionada.

Este capítulo pretende registrar cómo quedará el texto definitivo de la ley después de su revisión por parte de la Corte, y qué implicaciones tendrá su cambio en el proceso transicional que en la actualidad enfrenta el país con motivo de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos paramilitares. Dado que el fallo fue anunciado cuando este libro estaba ya en prensa para su publicación, este registro parte de información que es aún parcial, pues todavía no se conoce el texto completo de la sentencia y, por consiguiente, nuestras fuentes principales han sido los comunicados de prensa emitidos por la Corte Constitucional para dar cuenta de la decisión, así como los artículos de prensa y los análisis de corto plazo que algunas organizaciones no gubernamentales han realizado sobre la decisión.

Así las cosas, presentamos este capítulo con cierto beneficio de inventario, ya que somos conscientes de que es posible que algunas de las afirmaciones aquí consignadas varíen una vez se conozca el texto de la sentencia de la Corte. Aún más, admitimos que en este punto cualquier análisis sobre el tema puede parecer prematuro. A pesar de estas limitaciones, consideramos de fundamental importancia que este libro incluya una reflexión, así sea preliminar, sobre las implicaciones del fallo de la Corte Constitucional, pues todo parece indicar que éste modifica de manera importante el contenido y los alcances que tendrá la ley de justicia y paz.

Para lograr ese propósito, en la primera sección del capítulo explicaremos el sentido general de la sentencia de la Corte, que consistió en avalar el principio básico de la justicia transicional para Colombia, al declarar la constitucionalidad de la ley de justicia y paz y al admitir, en consecuencia, que la concesión de una generosa rebaja de la pena a los actores armados que han cometido crímenes atroces y se desmovilicen puede ser considerada como un medio necesario para alcanzar la paz. Sin embargo, dado que -como lo argumentamos en los capítulos 4 y 5- la ley 975 contenía importantes declaraciones de principio que reconocían los derechos de las víctimas, pero no disponía los mecanismos adecuados para su debida protección, la Corte precisó que la constitucionalidad de una rebaja de penas como ésa dependía de que la misma estuviera acompañada de una garantía adecuada y suficiente de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. En consecuencia, la Corte Constitucional reforzó en algunos casos y modificó en otros los mecanismos a través de los cuales han de garantizarse cada uno de esos derechos, y le puso así importantes ?dientes? a la ley de justicia y paz, de los que antes carecía.

Dada la trascendencia de estos cambios, en la segunda, tercera y cuarta sección del capítulo, analizaremos detenidamente las decisiones de la Corte referentes, cada una, a los derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Por último, dedicaremos la quinta sección del capítulo a analizar los retos que deja la nueva ley de justicia y paz tras su revisión por la Corte Constitucional. En particular, analizaremos las nuevas posibilidades que ésta abre para el desmonte de las estructuras de poder del paramilitarismo y para la garantía de no repetición de las atrocidades, y plantearemos los desafíos que esas nuevas posibilidades imponen a las autoridades estatales encargadas de la aplicación de la ley, así como a las demás autoridades y a los miembros de la sociedad civil. Argumentaremos que, si bien con el fallo de la Corte mucho se avanzó en la protección legal de los derechos de las víctimas, la materialización de esta protección dependerá, en la práctica, de un compromiso serio de las autoridades públicas y del ojo crítico de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

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