En Venezuela existe una política estatal de cierre continuado del espacio cívico. Por ejemplo, en julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que los individuos u organizaciones que recibieran financiamiento internacional podrían ser juzgados por “traición a la patria”. Luego, en diciembre de 2010, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional”, que impide a las organizaciones dedicadas a la “defensa de derechos políticos” recibir financiamiento internacional, al tiempo que impone severas multas a las organizaciones que inviten a extranjeros a emitir opiniones que “ofendan” a las instituciones de gobierno.

Según nuestra investigación ‘Defender los derechos humanos en Venezuela’, publicada en 2021, las organizaciones de este país enfrentan además múltiples barreras relacionadas con el retroceso democrático y social de Venezuela, entre las que están los ataques a la seguridad e integridad personal y organizacional, la ausencia de institucionalidad y las restricciones legislativas y financieras. Se suman además obstáculos relacionados con las dificultades para acceder a servicios públicos, débil infraestructura para que cualquier organización funcione, suspensión de las misiones de cooperación internacional en el país y reducción de la financiación.

La última dificultad que ha tenido que enfrentar la sociedad civil venezolana ocurrió hace una semana, el martes 24 de enero, cuando la Asamblea Nacional de ese país, cuya elección en 2020 fue cuestionada por la oposición y por organismos internacionales, aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que podría obstaculizar (aún más) el trabajo de las organizaciones.

El proyecto, denominado Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, emplea un lenguaje jurídico muy amplio y que deja poco margen para la transparencia, para proponer que las organizaciones sociales de Venezuela hagan parte de un régimen uniforme que las obligue a pedir un permiso para crearse y funcionar, así como a reportar periódicamente al Gobierno si reciben financiación extranjera. De acuerdo con el artículo 8 del proyecto de ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica la otorgará la autoridad competente a través de una resolución.

El proyecto prohíbe a las organizaciones recibir aportes destinados para realizar actividades políticas, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República y “cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”. Incumplir con estas normas acarrearía graves sanciones que van desde multas, cancelación de inscripción oficial al régimen uniforme y disolución o suspensión de las actividades de la organización, hasta acciones penales no detalladas en el proyecto.

¿Por qué este proyecto de ley amenaza la democracia? 

Existen al menos cinco razones para considerar que el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela podría implicar u grave riesgo para la democracia de ese país:

1. Sus prohibiciones atentan contra los derechos a la privacidad, a defender derechos y a la participación política.
2. Al obligar a las organizaciones a pedir permiso para registrarse y funcionar, se restringe el derecho a la libre asociación y se abre la puerta para que el gobierno autorice -pero sobre todo rechace- la actividad de las organizaciones.
3. Tener que reportar la financiación extranjera puede llevar potencialmente a una restricción de los fondos que reciban las organizaciones, sin los cuales no tendrían con qué operar y se amenaza su supervivencia.
4. Con el reporte de la financiación extranjera también se permite que el gobierno solo deje entrar fondos a las organizaciones que le son afines, diezmando el poder de crítica que tiene la sociedad civil y vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Eso ya ha pasado en países como Etiopía, Rusia y Egipto.
5. Limitaría las opciones que tienen estas organizaciones para luchar contra las violaciones a los derechos humanos y atender la crisis humanitaria que vive Venezuela.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a este riesgo?

Por un lado, es clave hacer llamados a la cooperación internacional, que ha sido fundamental en distintos países y que en Colombia ha hecho posible la paz, pero también es importante lograr expresiones públicas y pronunciamientos de organizaciones de otros países. Por ejemplo, un llamado de la sociedad civil colombiana en contra de este ataque podría ayudar.

Un conjunto de ocho organizaciones internacionales, entre las que están WOLA, Human Rights Watch y Organización para el Debido Proceso (DPLF), suscribieron un comunicado en el que expresan que en medio de esta grave situación será importante instar a la comunidad internacional de países democráticos a que rechacen este proyecto de ley e invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien visita Venezuela esta semana, a rechazar y exigir a las autoridades el archivo de esta propuesta de ley.

Desde Dejusticia expresamos solidaridad con las organizaciones amigas de Venezuela y resaltamos uno de los fragmentos de nuestra investigación Defender derechos humanos en Venezuela: “Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela evidencian su compromiso y proactividad ante las adversidades y la agudización de la crisis. Al igual que el resto de las organizaciones de la sociedad civil en el mundo, resisten y desarrollan capacidades para reconstruirse cuando son atacadas. En las entrevistas realizadas nadie mencionó la intención de dejar sus actividades; al contrario, se observó determinación para avanzar ante cualquier panorama desfavorable”.