El cubrimiento del agarrón entre el Vicepresidente y el Ministro del Interior se quedó a medias. La mayoría de comentarios se concentraron en resaltar que la pelea tenía – como de hecho parece que lo tiene- un tinte político entre dos personajes que buscan abrirse espacio para futuras contiendas electorales; otros, entre quienes se encuentran el penalista Yesid Reyes y el ex Vice Humberto De la Calle, hicieron unas atinadas precisiones jurídicas para explicar el agarrón en su contexto.

Pero el tema de fondo tiene mucha más tela de donde cortar, y puede tener consecuencias realmente adversas para los intereses del Gobierno. La historia es la siguiente:

Cuando a finales del año pasado la Corte Constitucional tumbó la ley que le permitía a la Fiscalía aplicar el principio de oportunidad a los desmovilizados, el Ministerio del Interior logró pasar – en una contrarreloj impresionante- la ley 1424 de 2010, con la cual pretendía evitar el “limbo” jurídico en el que quedaban los más de 19,000 ex combatientes que no entrarán nunca al proceso de Justicia y Paz.

La Corte tumbó la ley anterior tras considerar que permitía que el Estado se negara a investigar las conductas de estas personas, incluso en casos de crímenes de lesa humanidad. Permitir la impunidad de estos crímenes está prohibido por el derecho internacional y, por eso, la Corte dijo que una norma que aun sin mencionar las palabras amnistía o indulto lleve al mismo resultado es contraria a la Constitución.

El Ministerio del Interior se ha esforzado entonces por argumentar que esta nueva ley – la 1424 – no es igual a la que tumbó la Corte, pues esta sí garantiza los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Es decir, que no es una ley de perdón y olvido, aun cuando admite rebajas sustanciales a las penas que deberían pagar los desmovilizados.

Por eso, cuando es el propio Gobierno (en cabeza, o mejor, en boca del Vicepresidente), el que de un día para otro sale a decir que se van a otorgar indultos, la medida no solo parece incoherente e improvisada, sino además inconstitucional. De paso resulta ser poco estratégica, pues días antes de estas declaraciones dos reputadas ONGs de derechos humanos, en conjunto con dos representantes del Polo Democrático – Germán Navas Talero e Iván Cepeda Castro-, habían demandado esta ley ante la Corte argumentando que era practicamente una amnistía encubierta. Así las cosas, el Ministerio tiene ahora la difícil tarea de defender la ley ante la Corte, muy a pesar de la confesión del Vice.

Lo que quedó en el aire es que el Gobierno no la tiene clara: no parece saber bien cuáles son las consecuencias jurídicas de la legislación que él mismo promueve, y no sabe qué mensaje darle a los ex combatientes, a las víctimas, a la Corte, y a la comunidad internacional.

Con esto, lo único que el Gobierno logra es minar la credibilidad de un proceso que para que funcione debería estar cimentado en una legitimidad amplia que sea otorgada por el consenso de los distintos sectores de la sociedad y avalada por las Cortes y los organismos internacionales de derechos humanos.

Seguramente en los próximos días saldrá la reglamentación; pero, en unos meses probablemente la Corte tumbará de nuevo la ley y el Gobierno tendrá que salir otra vez a las carreras al Congreso….. y todo de vuelta a empezar… Esa parece ser nuestra historia de nunca acabar.