Dejusticia-WHITE-with-transparent-background

Argentina y Colombia tras los actores económicos de la violencia

Nelson Camilo Sánchez León
enero 5, 2016

Publicado en: Global Rights Blog

En las últimas semanas se han producido dos noticias muy interesantes para la causa de exigir la responsabilidad de los actores económicos que apoyaron graves violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto y represión, como es el caso del apoyo de Chiquita Brands a grupos paramilitares en Colombia, o el de empresas argentinas que financiaron y apoyaron al régimen militar. 

 

La primera noticia es la decisión del Parlamento argentino de crear una  “comisión investigadora sobre la complicidad de grupos económicos con la última dictadura cívico militar” ocurrida en ese país. 

La segunda es el anuncio de una futura “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” en Colombia, a ser instalada una vez finalice el proceso de paz que sostienen el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc. Entre otras tareas, la Comisión tendrá dentro de su mandato promover el reconocimiento de:

  • responsabilidades no solo de quienes participaron de manera directa, sino también indirectamente del conflicto.
  • factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto
  • el fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse; su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación 

Estos anuncios son buenas noticias pues la lucha por la rendición de cuentas de quienes cometieron o han ayudado a cometer graves crímenes durante épocas de represión o conflicto ha sido larga y difícil. 

  • En unos pocos casos las sociedades que padecieron la violencia han logrado lanzar procesos serios para el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las víctimas y el juzgamiento de los responsables. 
  • Y, en la gran mayoría de éstos, los procesos de rendición de cuentas han llegado hasta los perpetradores directos, pero muy poco se ha logrado frente a quienes planearon, dirigieron y, especialmente, a quienes financiaron o se beneficiaron económicamente de estos crímenes.          

Estas dos iniciativas, que, pese a que parten de contextos muy distintos, se terminan alineando en el tiempo, caen además muy bien en este momento. En primer lugar, la cuestión de la responsabilidad económica (y particularmente de empresas) sigue siendo un tema poco explorado en la discusión académica especializada.  

En segundo lugar, si bien algunas experiencias de comisiones de la verdad pasadas han buscado enfrentar el tema (un reciente estudio de la Universidad de Oxford encontró que al menos 11 Comisiones lo han hecho), las lecciones son variadas y los resultados alcanzados en estas experiencias han sido criticados. 

En tercer lugar, estas discusiones, y el mecanismo de las comisiones de la verdad, le dan un nuevo aire a las experiencias de litigio estratégico que se han dado en varios lugares del mundo, pero que también han tenido resultados muy mixtos, y cuyas oportunidades de avance se han venido achicando en los últimos tiempos, como ha sucedido con el litigio de responsabilidad civil en los Estados Unidos mediante el Alien Tort Statute (ATS), una ley que permite que extranjeros presenten demandas civiles ante los tribunales federales de EEUU por violaciones del derecho consuetudinario internacional.  En los últimos años, la Corte Suprema de ese país ha ido limitando el alcance del ATS, en particular con relación a las corporaciones. Las empresas extranjeras ya no pueden ser demandadas bajo el ATS y las empresas norteamericanas deben tener conexiones fuertes entre sus actividades domésticas y sus violaciones de DDHH en el extranjero. 

Las iniciativas están rodeadas tanto de oportunidades como de retos. En el caso de Argentina, la iniciativa viene acompañada de un largo proceso de judicialización de crímenes de lesa humanidad y de litigio contra algunas compañías que apoyaron la violencia. Recientemente, además, se publicó un exhaustivo estudio en donde se investigaron más casos de responsabilidad empresarial y crímenes de lesa humanidad. Pero enfrenta retos derivados de la transición política actual y el posible impacto que ésta podría tener en las iniciativas de justicia transicional. Además, como comisión parlamentaria, enfrenta el desafío de estructurarse de manera técnica, independiente y responder a un mandato que deberá realizar en un muy limitado marco temporal.  

El contexto colombiano es muy distinto. El proceso de negociación de un acuerdo de paz aún está por ser  finalizado y, por ende, la transición todavía está pendiente. El proceso de esclarecimiento incluye un marco temporal muy grande (más de cinco décadas de conflicto) y la agenda de la responsabilidad de actores económicos compite en importancia y tiempo frente a otras (como la responsabilidad de combatientes, el Estado, los políticos, entre otras).  A diferencia de Argentina, el mecanismo de comisión de la verdad es adicionalmente nuevo para la experiencia colombiana y deberá realizarse de manera paralela con otros procesos como el de justicia que adelantará un tribunal excepcional y especializado. 

El 2016 será entonces un año importante para ver cómo estas dos experiencias latinoamericanas pueden consolidarse como iniciativas innovadoras y eficaces que aporten en la discusión sobre mecanismos de justicia. 

Powered by swapps