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Así llegó el invierno de la nueva inquisición

Mauricio Albarracín
noviembre 30, 2016

Publicado en: El Espectador

Después de diez años de primavera para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), hemos entrado en el invierno de una nueva inquisición. Si algo renació y se consolidó en el año 2016 en Colombia fue la homofobia y la transfobia.

 

Desde la marcha homofóbica del 10 de agosto contra la ministra Gina
Parody, se consolidó una nueva forma de discriminación que tiene una
estructura de movilización eficiente, un nuevo discurso estigmatizante y
que se ha aprovechado de los cambios políticos más importantes, como el
proceso de paz, para sabotear la Constitución y la convivencia
ciudadana.

Durante la última década, hemos tenido controversias
sobre los derechos de las personas LGBTI en los espacios democráticos,
en particular, en el Congreso y la Corte Constitucional. Allí acudimos
tanto el movimiento LGBTI y nuestros aliados, como quienes representaban
los sectores conservadores, normalmente encabezados por el exprocurador
Alejandro Ordóñez. Presentamos nuestras ideas en el foro judicial y, de
manera gradual, se fueron reconociendo las discriminaciones legales y
sociales que existían contra nosotros. La Corte Constitucional no nos
reconoció ningún derecho especial o nos concedió un privilegio. Tampoco
fue un capricho de cinco magistrados ni nada por el estilo. Lo que pasó
en los últimos años fue un proceso de eliminación de las
discriminaciones presentes y un diálogo social importante para
 reconocer los mismos derechos, nada más, nada menos.

Sin embargo,
esto empezó a cambiar en agosto de 2014 cuando la recién posesionada
senadora Viviane Morales inició la recolección de firmas para convocar
un referendo que prohibiría la adopción de parejas del mismo sexo. Esta
acción de la senadora Morales fue una respuesta directa a la decisión de
la Corte Constitucional para permitir la adopción de la hija biológica
de una mujer lesbiana por parte de su compañera, más conocido en la
opinión como el caso de las mamás lesbianas de Medellín. Posteriormente,
durante el año 2015, la Corte Constitucional tomó dos decisiones más
sobre el tema de la adopción de parejas del mismo sexo: una en marzo que
reiteraba lo decidido para todos los casos a partir del caso de las
mamás lesbianas de Medellín y, en noviembre, la Corte consideró que las
parejas del mismo sexo podrían adoptar conjuntamente. Estas dos
decisiones movilizaron aún más los sectores más conservadores de las
iglesias.

El proceso de recolección de firmas de este referendo se
prolongó durante todo el 2015 hasta febrero del 2016, cuando Viviane
Morales las entregó a la Registraduría para su verificación. Durante
todo este tiempo, la senadora Morales se dedicó a hacer audiencias y
divulgar información contra la adopción por parte de parejas del mismo
sexo. Ese referendo tiene la intención de negar la posibilidad de que
las personas solteras y las parejas del mismo sexo no puedan adoptar.
Esta iniciativa es abiertamente inconstitucional porque busca someter la
dignidad de una minoría al voto popular lo cual rompe con la un eje
fundamental de la democracia.

El segundo proceso político que
debemos examinar para entender esta nueva inquisición fue el debate
sobre las acciones del Ministerio de Educación para cumplir la sentencia
de la Corte Constitucional sobre el caso de Sergio Urrego, el joven que
se suicidó después del matoneo homofóbico por parte de su colegio. La
Corte ordenó que se cumplieran las obligaciones establecidas en la ley
de Convivencia Escolar (ley 1620 de 2013) para evitar casos trágicos
como el del joven Urrego. En julio de este año irrumpió en el escenario
nacional la señora Ángela Hernández, diputada santandereana que hizo un
debate para evitar, según ella, la “colonización homosexual”  en los
colegios, y fue allí que se inició el debate sobre “las cartillas”. Como
lo conté en la columna “La mala educación“,
ese debate estuvo plagado de mentiras, manipulaciones de los errores,
exageraciones anónimas, y tuvo todos los ingredientes de una cacería de
brujas y de un linchamiento público contra todas las personas LGBTI.
Esas semanas de agosto pasado fueron una tormenta homofóbica muy similar
a la que vivimos después durante la campaña del plebiscito. El culmen
de este debate fue la marcha del 10 de agosto, dónde el Centro
Democrático hábilmente se unió a las iglesias evangélicas para atacar a
Gina Parody, con lo cual hacían un ataque triple en un sólo golpe: Uribe
se vengaba de Gina, saboteaban el proceso de paz atacando a una
ministra muy cercana a Santos y continuaban con su campaña homofóbica. 
El presidente Santos, para no pelear con la Iglesia en plena campaña del
plebiscito, abandonó a Gina Parody en este debate. Lo que sí empezó a
notarse desde aquel entonces fue el silencio del Gobierno y del
establecimiento quienes no rechazaron con vehemencia la homofobia y la
transfobia que se expresó en aquellas marchas y, además, culpan
injustamente a Gina por esta situación. Fue en este debate que emergió
en la política colombiana el famoso término “ideología de género”.

El
más reciente capítulo de esta nueva inquisición fue la discusión sobre
el Acuerdo de Paz. Basados en una teoría de la conspiración, que tanto
le gusta a Alejandro Ordóñez, los sectores del No idearon un sabotaje
delirante según el cual el Acuerdo de Paz tenía “encriptada” la
ideología de género. El método fue sencillo y burdo: decir que el
Acuerdo de Paz era como “la cartilla” del Ministerio de Educación y
empezaron a hacer conexiones hechizas y malintencionadas. Este video de
Ordóñez resume bien cómo movilizaron los sectores evangélicos y católicos contra la paz.
Para ello, contaron obviamente con el apoyo del Centro Democrático,
algunos pastores evangélicos y algunos sectores fundamentalistas
católicos. Así fue como la homofobia y la transfobia fueron parte del arsenal de odio de los sectores del No quienes usaron la maquinaria homofóbica a toda potencia. 

Después
de la derrota del plebiscito del 2 de octubre, el presidente de la
República inició un proceso de interlocución con las iglesias
evangélicas y la Iglesia Católica con el fin de escuchar sus
observaciones sobre el Acuerdo de Paz. Las iglesias están divididas
sobre el Acuerdo de Paz. Mientras unas iglesias apoyan el proceso de paz
y no están de acuerdo con que la “ideología de género” esté en los
acuerdos, otras iglesias militan en los sectores más radicales contra la
paz, como es el caso de la Misión Carismática Internacional, que es
prácticamente un brazo religioso del uribismo. A pesar de esta división
entre las iglesias, es sorprendente el poder político que les dio el
Gobierno en este proceso. Incluso, hasta las Farc les dieron una
interlocución privilegiada a las iglesias en la renegociación del nuevo
acuerdo.

Vivimos bajo una nueva inquisición que se siente en el
clima de exclusión y discriminación contra la población LGBTI, la cual
tiene la intención de que perdamos legitimidad como seres humanos.

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