Como parte de nuestro objetivo de promover los derechos humanos, en Dejusticia trabajamos de la mano con comunidades para desarrollar investigaciones, litigios, actividades de formación y campañas de comunicaciones. Por esta razón construimos una “Política de respeto de los derechos y no generación de riesgos de las poblaciones participantes de los programas y proyectos”, con la que buscamos prevenir los posibles daños y abusos a quienes participan de nuestras actividades. 

En esta política brindamos especial atención a las personas que han enfrentado situaciones de discriminación históricas, como mujeres, personas con identidad u orientación de género diversas, comunidades campesinas, comunidades étnicas, niños, niñas y adolescentes, entre otras. 

Nuestras acciones se basan en ocho principios de investigación-acción sin daño: Igual protección, enfoque diferencial, apoyo comunitario, dignidad de personas en situaciones vulnerables, acción sin daño, participación, transparencia y cooperación. 

La política entró en vigencia en 2020 pero materializa las acciones que de manera cotidiana había adelantado el equipo de Dejusticia desde sus primeros años. Incluye una serie de obligaciones por parte de las directivas y del equipo de trabajadores para garantizar que la organización respeta los derechos de todas las personas y comunidades con las que trabajamos.

Esta política se aplica a todos los miembros de la organización, incluyendo a director/a, subdirectores/as, investigadores/as senior y a miembros del consejo directivo o comités asesores, a los trabajadores, pasantes, fellows, practicantes, a los contratistas, aliados, cooperantes y financiadores, y a cualquier persona que trabaje o participe en una actividad en nombre de la organización.