El grupo GPaz, conformado por 8 organizaciones de derechos humanos que le hacen seguimiento a la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz, lanzó su informe de 2019, que presenta un panorama de los avances en este tema y algunas recomendaciones para que las medidas pasen del papel a la realidad. 

El informe revela que de las 122 medidas relacionadas con género en el Acuerdo de Paz, 13 ya fueron satisfechas, 19 presentaron avances satisfactorios, 50 tuvieron avances parciales y 40 no presentaron ningún avance entre agosto de 2018 y agosto de 2019. 

Este periodo de análisis coincide con el tiempo que lleva Iván Duque en la Presidencia. Para Isabelita Mercado, una de las autoras del informe, fue previsible encontrarse con una implementación fragmentada pues “este Gobierno tenía la responsabilidad de implementar un Acuerdo que desde su campaña anunció transformar”.

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Varias voceras de Gpaz reiteraron que existe una desaceleración en el cumplimiento de las medidas de género en comparación con el gobierno anterior. Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, destacó particularmente la falta de voluntad política para implementar la medidas que involucran a las personas LGBT, y explica que “eso se nota incluso en los conocimientos y la experiencias de los funcionarios encargados”.

Estos son algunos de los datos más reveladores del informe frente a cada punto del Acuerdo de paz.

Una reforma rural sin tierra para las mujeres

Solo 2 de las 25 medidas del primer punto del Acuerdo relacionadas con género presentan avances satisfactorios. El informe destaca un dato preocupante que refleja cómo la inequidad en el acceso a la tierra afecta especialmente a las mujeres: solo el 5,5% de las hectáreas formalizadas a través del Fondo de Tierras han sido entregadas a mujeres. María Victoria Chavarro, de Sisma Mujer, explicó que esto representa un incumplimiento al Acuerdo, pues ahí se establecía que esa proporción sería 50-50.

Participación política: sin estrategia contra la estigmatización

Frente al segundo punto del Acuerdo de paz, el informe destaca avances como la difusión en medios públicos de comunicación de los proyectos y acciones de las personas LGBT, así como la formación de mujeres en escuelas de formación política. Sin embargo, hay un compromiso que debía estar listo en 2019 y sigue sin avanzar: la formulación de la Estrategia de no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad y la Estrategia de promoción, convivencia y tolerancia. Ambas medidas son claves para darles garantías a las mujeres LBT que participen en política.

Reincorporación, con avances impulsados por las mujeres

Las autoras destacaron un avance importante en este punto: la creación de la Estrategia Integral para la Reincorporación de las Mujeres de las FARC, un documento que busca garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres en el proceso de reincorporación. Para Isabelita Mercado, este es un ejemplo de que “algunos temas avanzan, pero no por la iniciativa del Gobierno, sino porque las mujeres de las Farc lo han promovido e impulsado”. 

La preocupación más grave frente a este punto es que continúan los asesinatos sistemáticos de excombatientes y lideresas, sin que se identifique una acción contundente del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales. Además “las lideresas LBT siguen siendo perseguidas por su orientación sexual e identidad de género diversas”, señala el informe.

Mujeres cocaleras: en la mira de los armados

El punto de drogas ilícitas es el que menos avances presenta. Por un lado, la desfinanciación del programa de sustitución de cultivos y el incumplimiento del Gobierno en los pagos a quienes cultivaban coca han expuesto particularmente a las mujeres: “Muchas mujeres fueron quienes pusieron la cara y ahora están quedando como personas que comprometieron a la comunidad en un plan que no tiene continuidad”, explicó Luz Piedad Caicedo de Humanas.

A esto se suma la situación de riesgo que viven las lideresas que han liderado estos procesos de sustitución. Por eso, el informe recomienda al Gobierno “redoblar las garantías de seguridad frente a los factores de riesgo extraordinario de las violencias contra las mujeres en el marco de la erradicación del cultivo”. 

Víctimas, el mayor avance 

En este punto, 12 de las 20 medidas presentan avances satisfactorios. El informe destaca especialmente el enfoque de género que han incorporado la JEP y la Comisión de la Verdad en su conformación y en el análisis de los casos. La plataforma 5 Claves reiteró el llamado a la JEP para que abra un caso temático sobre ‘Violencia Sexual, Reproductiva y otras formas de Violencia Motivadas en la Sexualidad de las Víctimas’; “esta sería una oportunidad de saldar la deuda de justicia con las mujeres y la población LGBT”, dijo Mariana Ardila, de Women’s Link.

*Si le interesa ampliar esta información o entrevistar a algunas de las voceras de GPaz, puede comunicarse con:

Linda Cabrera, Sisma Mujer: [email protected] 

Maria Victoria Chavarro, Sisma Mujer: [email protected] 

Laura Guerrero, comunicaciones Red Nacional de Mujeres: [email protected] 

Carolina Dueñas, Womenslink: [email protected]  

Marcela Madrid, comunicaciones Dejusticia: [email protected] 

Jose Vargas, comunicaciones Colombia Diversa: [email protected] 

Adriana Benjumea, directora de Humanas: [email protected] 

¿Qué es Gpaz?

GPAZ es un grupo de organizaciones que ha velado porque se incluya y se dé cumplimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz. Hemos estado presentes desde el aporte de elementos para las negociaciones en La Habana hasta hacer seguimiento y recomendaciones para su implementación.

Las organizaciones que lo integran son: la Red Nacional de Mujeres, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, Sisma Mujer, Humanas Colombia, Womenslink, la Red Nacional de Mujeres Defensoras y Colombia Diversa.