En febrero de 2018 ocurrió algo histórico para el campesinado en Colombia: la Corte Suprema de Justicia falló la tutela de 1.770 campesinas y campesinos de todo el país que pedían ser incluidos dentro de las estadísticas del Estado.

Bajo el lema ‘Para que el campesinado cuente, tiene que ser contado’, las principales organizaciones campesinas nacionales y algunas regionales* impulsaron una tutela que materializaba una lucha de años por el reconocimiento de sus derechos. La petición central era que el Censo Poblacional de 2018 incluyera preguntas relacionadas con esta población para que el Estado recogiera información que le permitiera formular políticas públicas específicas en su beneficio.

Aunque las preguntas sobre la vida campesina no alcanzaron a incluirse en el Censo porque al momento del fallo este ya había iniciado, la Corte le recordó al Estado las obligaciones frente al campesinado para garantizarle unas mejores condiciones de vida. Más de un año después, aprovechamos el Día del Campesino Colombiano para analizar qué se ha logrado:

Cesar Díaz, uno de los líderes de la tutela y miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), explica la importancia de este reclamo: “Era una reivindicación histórica para que reconocieran el aporte que hacemos al país y a la identidad de las comunidades rurales. Pedíamos un tratamiento no discriminatorio y la posibilidad de tener una política pública propia”.

La exigencia de una política especial no es un capricho de la población campesina y tiene fundamentos en la Constitución. El campesinado es un sujeto de especial protección constitucional por razones relacionadas con la desigualdad que ha vivido históricamente en aspectos como el acceso a la tierra, la pobreza y la falta de reconocimiento. Vea la exposición de Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, sobre este punto:

Una lucha histórica

El reclamo por el reconocimiento campesino tendría su origen en los años 90, cuando líderes del municipio Inzá, en Cauca, notaron cómo el Estado los había excluido como población de la Constitución de 1991. Desde entonces, empezaron a movilizarse para pedir inclusión en las políticas públicas y a organizar un encuentro anual con organizaciones del Cauca y departamentos cercanos, titulado “El reconocimiento del campesinado como sujeto político”.

Esos años de movilizaciones, análisis y discusiones se convirtieron en un insumo para la primera tutela sobre el tema. Se acercaba el Censo Nacional Agropecuario de 2014, una oportunidad para contar al campesinado; sin embargo, este cuestionario “no preguntaba por el autorreconocimiento y además no incluía a los campesinos sin tierra pues solo censaba a las unidades productivas, no a las personas”, según explica Eliécer Morales, líder de la Asociación Campesina Inzá Tierradentro.

La tutela fue fallada en su contra en ambas instancias y perdieron ese primer intento. “El juez nos contestó que no somos una etnia, lo cual era absurdo porque nunca dijimos eso”, recuerda. Como respuesta, los campesinos y campesinas de la región se declararon en resistencia civil y se negaron a responder el Censo.

La historia detrás de la tutela

Pero la lucha no terminaba ahí. En 2017, cuando los líderes campesinos supieron que habría un nuevo Censo Poblacional, contactaron a Dejusticia para presentar una nueva tutela. El primer paso, recuerda Eliécer, fue “convencer a Dejusticia de que nuestra causa era legítima, pero también convencer a los campesinos de que había una organización que quería ayudarnos genuinamente”.

Luego de eso, decidieron que la tutela debía representar al mayor número posible de campesinas y campesinos, no solo a unas cuantas organizaciones. Así empezó la tarea titánica de autenticar miles de poderes para enviarlos a Bogotá. Geidy Ortega, lideresa de Inzá, recuerda esas jornadas: “La gente bajaba de las veredas con su cédula a la notaría del pueblo. Entregaban con esperanza los $6.000 que costaba autenticar el poder, una plata que hacía parte de su jornal”.

A la iniciativa se sumaron otras organizaciones campesinas del país cuando en el sexto encuentro nacional de Zonas de Reserva Campesina, en Chaparral (Tolima), los líderes del Cauca socializaron la idea de la tutela. Fue así como a los 1.400 poderes que se recogieron en el Cauca, se sumaron 370 de Tolima, Boyacá, Nariño y otros departamentos. Varios delegados de las regiones viajaron a Bogotá para presentar la tutela: “Terminamos haciendo una minga con sancocho a las afueras del Tribunal Superior mientras organizábamos las cajas llenas de poderes”, cuenta Cesar Díaz.

Varios delegados de las regiones viajaron a Bogotá para presentar la tutela: “Terminamos haciendo una minga con sancocho a las afueras del Tribunal Superior mientras organizábamos las cajas llenas de poderes”, cuenta Cesar Díaz.

Solo quedaba esperar. Un mes después, el Tribunal negó la tutela por considerar que incluir nuevas preguntas al Censo en ese punto afectaría su presupuesto pues faltaba poco para que iniciara. Los líderes trabajaron entonces en la apelación ante la Corte Suprema, pero con una propuesta alternativa.

Un día para recordar

El 13 de febrero de 2018, la Corte falló la tutela de los 1770 campesinos y campesinas, y le llamó la atención al Estado para que defina un concepto del sujeto campesino, lo incluya en las estadísticas y cree políticas públicas específicas.

Un año y cuatro meses después, se ha avanzado sobre las primeras dos órdenes de la Corte. Por un lado, una comisión de expertos -conformada por Absalón Machado, Darío Fajardo, Olga Lucía Acosta, Carlos Duarte, Ángela Penagos, Francisco Gutiérrez y Marta Saade- elaboró un concepto del sujeto campesino teniendo en cuenta cuatro dimensiones: productiva, territorial, organizativa y cultural.

Con base en ese concepto, el DANE ha avanzado en la segunda orden y ha formulado preguntas relacionadas con el autorreconocimiento y la vida campesina, que incluirá en al menos dos encuestas que realizará este año: la Encuesta de Cultura Política y la Encuesta Nacional Agropecuaria.  

La tutela destrabó así un proceso que los mismos campesinos habían impulsado, pero que el gobierno truncó con su negativa de incluirlos en el Censo 2018. Las preguntas han surgido de un proceso técnico, porque cuentan con la discusión de expertos en el tema, y participativo, pues son aprobadas por las mismas organizaciones.

Sin embargo, frente al tercer punto de la sentencia, que pide formular políticas públicas en favor del campesinado, el Ministerio del Interior creó el Grupo de asuntos campesinos, que debe encargarse de hacerlo y que no ha mostrado avances al respecto.

Para Carmenza Gómez, líder de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), estos “son avances en la lucha para que los campesinos y campesinas seamos reconocidos. Antes de la tutela ni siquiera aparecía la palabra campesino por ningún lado, ahora al menos vamos a ser contados”.

El campesinado sí cuenta para la Corte Suprema de Justicia from Dejusticia on Vimeo.

*Organizaciones que participaron en el proceso de la tutela:

• Asociación Campesina de Inzá Tierradentro -ACIT
• Comité de Integración del Macizo Colombiano -CIMA
• Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -Pupsoc
• Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC
• Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria- Fensuagro
• Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc
• Coordinador Nacional Agrario -CNA