Esta semana continúa el #JuicioALaDeforestación convocado por el Tribunal Superior de Bogotá para verificar de qué manera se está cumpliendo la sentencia STC 4360 de 2018, en la que la Corte Suprema de Justicia declaró la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó que se tomaran medidas, a nivel nacional y local, para proteger los bosques amazónicos.

Hasta el 19 de noviembre, 94 entidades del Gobierno nacional y regional seguirán rindiendo cuentas ante los magistrados del Tribunal, quienes ya escucharon, durante la primera semana, a diferentes funcionarios públicos de la Presidencia, los Ministerios involucrados en el cumplimiento de la sentencia y también a los jóvenes accionantes que llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

La primera ronda de audiencias sirvió para confirmar el interés de la sociedad civil y de los jóvenes accionantes frente a la defensa de la Amazonía. Ante los magistrados, los jóvenes accionantes han sido claves como veedores de la implementación de las órdenes. Intervinieron para entregar su preocupante balance frente al proceso de implementación de la sentencia, llamaron la atención sobre los incumplimientos del Gobierno y cuestionaron a los representantes del Estado frente a la manera como vienen interpretando las órdenes de la Corte.

Del otro lado, la representación del Gobierno reveló muy pocos avances frente al cumplimiento del fallo y un desinterés frente a las audiencias: los ministerios decidieron enviar al Tribunal a funcionarios públicos que no eran los responsables de implementar la sentencia como en el caso de los Ministerios de Defensa y Minas y la Presidencia. Además, no se presentaron los voceros de los Ministerios de Comercio y Cultura y las intervenciones que se escucharon evidenciaron los pocos avances del Gobierno de Iván Duque en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema.

Pero para entender lo que ocurre en las audiencias, vale la pena recordar que el fallo de la Corte se compone principalmente de cuatro órdenes:

1. Formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonía.

2. Crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano – PIVAC-.

3. Los Municipios de la Amazonía deben actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial.

4. Realizar un Plan de acción que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas los problemas de deforestación informados por el IDEAM.

Ahora, hablemos del balance de lo ocurrido durante los cuatro primeros días de audiencias:

Lo bueno

Las voces de los accionantes, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas y campesinas han enriquecido el debate durante el #JuicioALaDeforestación. Mientras los accionantes, acompañados por Dejusticia, han participado activamente como veedores del proceso, trayendo a los tribunales preguntas clave para obtener más información de las instituciones, los miembros de las comunidades locales han enviado mensajes de alerta para que el fallo no sea malinterpretado afectado la vida de las poblaciones rurales.

Aunque los organismos de control (Defensoría, Procuraduría y Contraloría) llegaron dos días tarde a las audiencias, sus preguntas e intervenciones han entregado un panorama más amplio sobre el problema de la deforestación, incluyendo los evidentes déficits económicos que tienen instituciones como Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Tierras y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Uno de los asuntos más positivos ha sido el compromiso de lo magistrados del Tribunal Superior de Bogotá con las audiencias. Los jueces han escuchado de manera activa las intervenciones, haciendo preguntas incisivas para comprender cómo funciona el fenómeno de la deforestación y llamándole la atención, en diferentes oportunidades, a las entidades del Gobierno por lo lento de sus actuaciones y por su falta de articulación para avanzar en el cumplimiento del fallo.

Además, en plena audiencia, los magistrados le han exigido a diferentes entidades que se articulen de manera inmediata para avanzar planes y presentación de documentos que tendrán que entregar en las próximas dos semanas. Le exigieron informes a Parques Nacionales y a la Agencia Nacional de Tierras sobre sus más recientes actuaciones y a Corporinoquía y Mindefensa que en 15 días entreguen un plan de acción para atender los focos de deforestación en el resguardo indígena unificado Selva Matavén (Vichada), donde la deforestación se incrementó un 87% entre 2017 y  2018. Esta petición es bastante positiva teniendo en cuenta que la Selva Mataven representa el 3,4% del total de la Amazonía colombiana.

Lo malo

La Presidencia de la República no entregó avances sobre la creación del Plan de Acción para frenar la deforestación. Además su vocero admitió que el tema de la deforestación del Amazonas no es competencia directa de ninguna de las altas consejerías presidenciales. Frente a esto, los magistrados llamaron la atención sobre la gravedad de no contar con funcionarios encargados del cumplimiento de la sentencia. Esto influye directamente en los retrasos y en la falta de articulación, liderazgos y medidas extraordinarias para dar cumplimiento.

Lo anterior desencadenó en que más adelante algunas carteras afirmaran que muchos temas relacionados con la deforestación no fueran su responsabilidad. “No hay un control territorial de los cultivos de palma ilegal. Eso les corresponde a otras entidades”, aseguró el Ministerio de Agricultura cuando fue cuestionado. Por su parte, el del Interior agregó que la creación de un plan de acción articulado no era de su competencia.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente aseguró que ha delimitado los motores de deforestación. Entre ellos están la tala ilegal, la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y la minería. Según esta cartera, las alertas de deforestación del 2019 están actualizadas. Sin embargo, Dejusticia encontró que el último informe no está disponible en portales del Gobierno para consulta de la ciudadanía.

Una de las críticas reiteradas que hicieron los jueces y los accionantes fue la presencia de funcionarios sin la información pertinente y sin poder decisión al momento de rendir cuentas. Tal fue el caso de los ministerios de Minas y Transporte y algunas corporaciones regionales, que fueron duramente cuestionados por los magistrados. “La directiva ordenó la ejecución de proyectos en el Amazonas, pero eso no lo veo por ningún lado. No buscamos informes de gestión, no nos interesa la política pública nacional, queremos que en diciembre nos informen qué es lo que se va a hacer en la Amazonia, no en el resto del país”, advirtieron.

Otro punto álgido de las audiencias llegó con las intervenciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, que expusieron graves dificultades para poder ejercer control a la deforestación. “Estamos perdiendo el año por situaciones económicas y de orden público. Reforestar es muy caro», denunció la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA).

Los jueces les dieron la razón a los representantes de las CAR y exigieron celeridad al Gobierno Nacional para dar medidas de protección a estas organizaciones. “Aquí vemos a unas autoridades ambientales que están actuando solas y maniatadas porque trabajan en zonas con fuertes problemas de seguridad y criminalidad. Nuestra pregunta es cuánto tiempo más le va a tomar al Ministerio de Defensa llegar a estas zonas. Cómo es posible que el crimen pueda llegar y el Estado no”, cuestionaron.

Lo feo

Durante las audiencias, organizaciones campesinas denunciaron presuntos abusos contra la población civil por parte de las autoridades en zonas como el Parque Nacional Natural La Paya. “Todas sus pertenencias, casas y animales fueron incinerados durante la intervención. La sentencia es buena, pero las afectaciones que están haciendo son pésimas”, denunció Arnulfo Tusarma, delegado campesino de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Leguízamo. “Los campesinos no somos el factor de deforestación. El señor terrateniente que le ha quitado mil hectáreas al parque anda tranquilo”, agregó.

Frente a esto, el accionante Jesús Medina, encargado de la formulación de preguntas a los voceros, sostuvo que la tutela presentada no estuvo dirigida a atacar los eslabones más débiles de la cadena de la deforestación, quienes en muchas ocasiones son campesinos empobrecidos. Por el contrario, señaló que una de las finalidades de presentar la acción de tutela, era que el Estado pudiera identificar a los grandes motores estructurales de la deforestación.

Sobre el tema, Parques Nacionales Naturales se refirió a la realización de cinco operativos militares contra la deforestación en la Amazonía ligados al cumplimiento del fallo entre 2018 y 2019. Operativos que no solo se realizaron en La Paya, sino también en el Parque Nacional Natural Chiribiquete y Los Picachos. Parques respondió a las fuertes críticas justificando que como autoridad ambiental tienen el deber de actuar frente a los focos de deforestación y que mediante estos operativos ha podido detener la deforestación y recuperar cerca de 4.000 hectáreas que fueron deforestadas.

‘Ustedes entenderán que cuando hacemos estos operativos sorpresa se deben judicializar a las personas que encontramos en la zona donde se está deforestando. Aunque varios son campesinos instrumentalizados por estructuras criminales más grandes, son personas que se prestaron para cometer un crimen y por eso siguen vinculadas al proceso. Pero aclaramos que ninguna de estas personas tienen privación de la libertad. Lo que se quiere es dar con las verdaderas cabezas de estas mafias. Esperamos tener resultados y conocer y sancionar a los verdaderos responsables”, dijo el vocero de Parques Nacionales.

Después de escuchar la intervención, los magistrados le preguntaron a Parques:“¿qué ha previsto para brindarles reubicación o alguna acción para garantizar sus derechos?  siendo conscientes de la instrumentalización de estas personas, que de alguna manera son campesinos vulnerables, instrumentalizados y víctimas de quienes financian la deforestación”.

El funcionario respondió que Parques ha impulsado diálogos y acuerdos de restauración y posible reubicación con poblaciones que habitan las áreas protegida, pero que no es la autoridad competente para llevar a cabo esa reubicación y dijo que no todas las personas que operan en la zona están dispuestas a dialogar con Parques ni a salir de las áreas protegidas. Además, ‘en los operativos hemos incautado armamento y motosierras que no son propias de la actividad campesina. En uno de los operativos incautamos hasta 800 millones de pesos en cabezas de ganado, aquí estamos atacando grandes operaciones’, aclaró el funcionario en la audiencia.

En respuesta los magistrados llamaron la atención frente a la manera reactiva con la que algunas instituciones vienen interpretando el fallo de la Amazonía y, en el caso de Parques les pidieron a los funcionarios revisar la manera como están realizando estos operativos para que su accionar esté enmarcado en una estrategia más completa, mejor articulada con otras instituciones y que proteja los derechos de las víctimas.

Algunos avances a medias

Ante el Tribunal el MinTIC, dijo estar promoviendo el uso sistemas de divulgación de información sobre bosques y biodiversidad, conectividad en zonas de deforestación, apropiación de tecnología y sistemas de información y prometió que en 2020 estarán funcionando plenamente los centros y zonas digitales en los departamentos donde existen focos de deforestación. Sin embargo, quedó en evidencia que el MinTIC tendrá que articularse mejor con los medios de comunicación local, como radios comunitarias, para divulgar información relevante entre los habitantes de las zonas apartadas.

El Ministerio de Educación, por su parte, afirmó que desde el conocimiento del fallo, la educación frente al cambio climático se ha vuelto un tema imperativo para las instituciones académicas y se comprometió al fortalecimiento y los ajustes de los proyectos ambientales escolares (PRAE), pero al preguntarte si había evaluado el impacto de la educación ambiental en los estudiantes colombianos dijo que no tenían esa información.

La conclusión de los magistrados

Este martes 22 de octubre, luego de cuatro días de audiencias, fue posible sentir la preocupación de los magistrados frente a los inclumplimientos de las órdenes de la sentencia. “Llevamos más de un año desde la sentencia de la Corte y no vemos acciones concretas por parte de las autoridades. Lamentablemente vamos a tener que tomar decisiones, porque el tiempo se nos acaba. Las audiencias van a terminar y desde el Gobierno solo hemos escuchado que ahora sí van a empezar a conceptualizar cómo actuar. Reducir la deforestación en el Amazonas es una tarea gigantesca. Si no la ejecutamos, nos va a coger la noche y no hemos hecho nada más que hablar”, concluyeron los magistrados.

Si usted desea exigirle al Gobierno que tome medidas definitivas para frenar la deforestación en el Amazonas colombiano, únase a la conversación en redes sociales con las etiquetas #JuicioALaDeforestación y #TodosSomosAccionantes.

Prográmate con las audiencias, escúchalas aquí en vivo https://bit.ly/2qvYgW8 y haz veeduría a la rendición de cuentas del Gobierno sobre sus acciones para frenar la deforestación en el Amazonas. Sigue nuestro cubrimiento en Twitter.

Inicia la segunda semana del #JuicioALaDeforestación citado por el Tribunal Superior de Bogotá. Escucha aquí la audiencia en vivo y haz veeduría a la rendición de cuentas del Gobierno sobre sus acciones para frenar la deforestación en el Amazonas https://t.co/eQ8P3zkgMA pic.twitter.com/FN6lJOlPuM

— Dejusticia (@Dejusticia) 22 de octubre de 2019