La transparencia extrema de Wikileaks produce, sin duda, verdades y simpatías. ¿Quién no quiere saber lo que contiene una caja de secretos de los poderosos y apoyar al que nos ilumina? Pero también causa dudas, antipatías y persecución. Para evitar quedar al desnudo, muchos quieren encadenar a Assange y así conocer los métodos y las fuentes de este Prometeo moderno que ha provocado la ira de los dioses al robarles su fuego y repartirlo entre los humanos.

En el campo periodístico, la protección de las fuentes y la inviolabilidad del secreto profesional cobran mucha importancia. De ellas dependen la mayor eficacia en las investigaciones, lo que genera mejores posibilidades de cubrimiento y profundización de lo que pasa en el mundo. A su vez, se beneficia la sociedad, pues está mejor informada. Esto es aún más importante, si se trata de una denuncia sobre un acto de corrupción o violación por parte de quien detenta el poder. Por esta razón es clave proteger políticamente a Assange. También es importante apoyarlo económicamente y luchar contra las excusas de los intermediarios financieros, como es el caso del Banco Caja Social que no quiso tramitar una donación a Assange/Wikileaks alegando un “riesgo reputacional” o el de la Superfinanciera que pretende aplicar el régimen legal para prevenir el lavado de activos.

Por otro lado, un abuso sexual no es cosa de poca monta. Es cierto que en nuestras sociedades es de difícil aceptación que la negativa a usar preservativo sea un acto abusivo. Menos si ya ha habido un acto sexual previo con la misma persona o si en principio no sabía la víctima que había un ilícito, como parecer ser el caso de las denunciantes contra el australiano. También es cierto que es muy difícil imaginarse que grandes potencias como Suecia, Gran Bretaña y el silencioso Estados Unidos, vean a Assange como el peligro sexual ambulante, del que debemos protegernos todas las mujeres. Pero por más aspavientos que hagamos, y aunque consideremos excesivamente feminista a la sociedad sueca, no hay que dejar de considerar que el acto sexual debe ser consentido. Si la ausencia de consentimiento genera un delito, cualquier persona, periodista o no, debe responder.

Ambos problemas son distintos y algunos parecen querer mezclarlos para pescar en río revuelto. Los Estados quieren sacar de en medio a este filtrador de información que resulta incómodo. Como no pueden censurarlo abiertamente, se ocultan en un delito común para poner a Assange en la palestra pública. Y el australiano, por su parte, tampoco parece querer separar su presunta responsabilidad penal de la política.

Si dividimos los dos casos, quizás lo veamos con más claridad: Por un lado, la persecución política debe tener protección. Hace bien entonces Ecuador, aunque sea inconsecuente en relación con su previa censura doméstica y aunque su motivación sea realmente enfrentar al imperio, en otorgarle asilo al fundador de Wikileaks. Es necesario, por otro lado, que Suecia investigue sus delitos internos. De esta manera, frente a las posibles víctimas que exigen justicia y a los serios indicios de persecución política, se debe intentar una armonía. Para lograrlo, Suecia puede ofrecer garantías de que no extraditará a Assange y también puede, con las comunicaciones modernas, indagar en Gran Bretaña para verificar si el australiano cometió un delito. Si no cede Suecia, hace mal. Pero Assange también debe aceptar su investigación, acompañada de garantías.

Incluso si Assange es un valiente Prometeo que por traernos el fuego ahora es perseguido y merece protección, es importante acordarnos que también es mortal y que la luz que trae nos debe iluminar no sólo frente a la corrupción de los poderosos sino de cara a la potencial ilegalidad del propio portador del fuego.