1) Esta audiencia se da dentro de un proceso de tutela conocido como “El caso Cumaral”, en el que la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd. demandó una sentencia del Tribunal Administrativo del Meta relacionada con las consultas populares. La empresa pretende tumbar una decisión de este tribunal, que declaró constitucional la pregunta que propuso el alcalde de Cumaral para interrogar a los ciudadanos, a través de una consulta popular, si estaban de acuerdo o no con la realización de actividades de hidrocarburos en su territorio.

2) La Corte consideró importante convocar a una audiencia pública para oír opiniones de distintos actores como el Ministerio de Minas, el alcalde de Cumaral, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Tribunal del Meta, la ONG Tierra Digna, y Dejusticia, entre otros, sobre varios temas: la constitucionalidad y legalidad de las consultas populares sobre actividades mineras o petroleras; la competencia de los municipios para convocar estas consultas; la facultad de los municipios para prohibir o no estas actividades en su territorio; los impactos socioeconómicos, ambientales y fiscales de la minería y los hidrocarburos; y los efectos y las consecuencias de las consultas populares.

3) El objetivo de la Corte es proferir una “sentencia de unificación” sobre las consultas populares sobre minería y petróleo, que consolide la jurisprudencia existente. Hasta el momento la Corte ha proferido, por un lado, una sola sentencia sobre consultas populares sobre minería (T-445 de 2016) que declaró legal la consulta popular en el municipio de Pijao y aclaró que los municipios pueden prohibir la minería para proteger el medio ambiente y ordenar los usos del suelo. Por el otro lado, ha sacado sentencias (ej. C-123/2014, C-035/2016; C-273/2016; C-389/2016) sobre las competencias de los municipios para tomar decisiones sobre la realización o no de minería en su territorio.

4) La consulta popular de Cumural es una de las nueve consultas que se han hecho sobre minería e hidrocarburos entre 1992 y 2018. En todas, los ciudadanos han votado abrumadoramente en contra de estas actividades.

Consultas populares sobre actividades minero-energéticas realizadas en Colombia 1992-2018.

5) Lo que está en juego en esta audiencia es la posibilidad de los ciudadanos de poder seguir decidiendo sobre la vocación de sus territorio y el tipo de desarrollo mediante un mecanismo democrático de participación ciudadana como lo es la consulta popular.

Decidir sobre los usos del suelo y el tipo de desarrollo económico, diciéndole sí o no a la minería y los hidrocarburos, es una competencia constitucional de los municipios. Y las consultas populares son un mecanismo constitucional y legal para hacerlo.

Foto: María Paula Rubiano – El Espectador