La expansión de los bonos de carbono en la Amazonía, promovida como solución climática, ha profundizado tensiones históricas. Proyectos que comercializan la reducción de las emisiones contaminantes chocan con los derechos territoriales de poblaciones indígenas y afrodescendientes, dividen a las comunidades y operan bajo la opacidad. Este dilema —mercados verdes vs. garantía de derechos humanos— fue el eje del diálogo que impulsamos desde Dejusticia junto al Grupo de Trabajo de la ONU durante el IX Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en São Paulo (Brasil) el pasado 11 de abril.

Las reflexiones a continuación surgieron de un intercambio en un conversatorio moderado por Julián Gutiérrez, investigador de Dejusticia, con el Apu Nixon Vásquez, líder Kichwa de la Amazonía peruana, y Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU para el cambio climático.

¿Solución para la emergencia climática o nueva forma de extractivismo?

Los certificados que monetizan la protección de los bosques proliferan en América Latina bajo esquemas voluntarios. A pesar de la falta de datos sobre este mercado, se estima que el 80% de los proyectos de bonos de carbono que hay en la región se concentran en la Amazonía. Dichos proyectos enfrentan denuncias por la falta de consulta previa, la naturaleza opaca de los contratos y las fracturas comunitarias que ocasionan. 

En Colombia, la Corte Constitucional suspendió una iniciativa en el Resguardo Indígena Pirá Paraná (Vaupés) al considerar que violaba la autodeterminación de los pueblos indígenas (Sentencia T-248/24), exigiendo regulación estatal urgente. Desde Dejusticia intervinimos en este caso con un concepto y en este artículo explicamos brevemente en qué consiste esto de los bonos de carbono y por qué resultan problemáticos.

Igualmente, hemos analizado las posibilidades y los riesgos que tiene abordar estos conflictos a nivel local y buscar la regulación de este mercado a través de las cortes, lo que llamamos un proceso de “judicialización verde”, sobre lo que ahondamos en esta publicación de nuestra serie sobre emergencia climática y derechos humanos.

Una disputa por la gobernanza

El Apu Nixon Vilches, líder peruano del pueblo indígena Kichwa, expuso cómo en el Parque Nacional Cordillera Azul, en su país, se implementaron proyectos sin consultar a las comunidades ancestrales. El Apu señaló que se negoció con pequeños grupos, ignorando la estructura colectiva de la comunidad. Cuestionó, además, la opacidad financiera al subrayar que se desconoce cómo se distribuyen los fondos o quiénes compran estos bonos de carbono.

La voz de Vilches dejó claro que, tras un discurso verde, se multiplican las tensiones internas: aparecen intermediarios, se fracturan consensos comunitarios y se abre paso un modelo que prioriza las ganancias de los mercados sobre el bienestar de los pueblos que habitan la selva.

Dudas sobre la eficacia climática

Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU sobre cambio climático, compartió algunos hallazgos contundentes sobre la efectividad de este mercado. Señaló que los estudios que ha revisado muestran consistentemente una exageración en los datos sobre las reducciones de emisiones que se logran con estos proyectos.

Agregó que muchos incumplen el principio de adicionalidad —es decir, que demuestren que las reducciones de emisiones que promueven no habrían ocurrido sin su intervención—. Por ello, anotó Morgera, sin un marco regulatorio robusto y transparencia total, los bonos de carbono pueden convertirse en una cortina de humo que distrae de soluciones reales.

Finalmente, Morgera insistió en que, mientras no se demuestre con datos sólidos el aporte real, es imprescindible suspender nuevos proyectos y reforzar la supervisión de los existentes. Propuso, además, estándares mínimos de transparencia en cada etapa: desde la definición de líneas de base hasta la distribución de los ingresos generados.

Necesitamos una regulación con enfoque de derechos

A raíz de este diálogo, desde Dejusticia resaltamos la necesidad de avanzar en cinco aspectos fundamentales en este tema:

1. Suspensión inmediata de nuevos proyectos de bonos de carbono en territorios ancestrales hasta definir estándares de consulta y transparencia.
2. Continuar desarrollando mayor evidencia a través de investigaciones que permitan establecer la efectividad climática de este mercado.
3. Regulación estatal robusta que fije criterios mínimos de adicionalidad, distribución de beneficios y supervisión independiente.
4. Mecanismos de rendición de cuentas con participación directa de las comunidades, de la sociedad civil y de organismos internacionales.
5. Articulación Sur–Sur para compartir aprendizajes regionales y diseñar protocolos comunes que prevengan la captura corporativa.

Siguiendo estas premisas es posible pensar que la Amazonía se beneficie de un enfoque de justicia climática, que reconozca sus derechos territoriales y proteja su biodiversidad, sin reproducir viejas dinámicas de explotación.