Los destinos de la prohibición de drogas se definen en espacios internacionales que llevan más de 60 años atrapados en una inercia circular, un reciclaje del fracaso. La Comisión de Estupefacientes (CND, por su nombre en inglés), el órgano político de decisiones del sistema internacional de fiscalización de drogas, es uno de ellos, y tiene su sesión anual cada marzo, en el Vienna International Center (VIC), la sede de Naciones Unidas en Austria.

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El VIC y la CND son espacios extraños y confusos. El VIC es un complejo enorme a orillas del Danubio, construido en los años 70. Su forma semicircular hace que perderse en los pasillos sea muy fácil: perderse entre los circuitos de la energía atómica, la política criminal y la política de drogas, las tres agendas que desde ahí se tejen. La CND es igualmente extraña. Compuesta por 53 Estados Miembros, se dedican cada marzo a distanciarse cada vez más sobre lo que el mundo necesita de la política de drogas, entre dos extremos que le dan mucho peso a la palabra extremo: pena de muerte para quien consuma o trafique drogas o regulación legal de todas las sustancias hoy ilícitas.

La versión 67 de la CND tenía un elemento diferente a las Comisiones regulares de cada marzo, pues en 2024 estamos a mitad de camino de los compromisos de la Declaración Ministerial de 2019, y en esta CND se agregó un segmento ministerial de alto nivel para revisar el avance en esos compromisos. Es decir, de esta ronda de la CND tendría que salir una revisión profunda sobre cómo hemos avanzado – o no –  en reducir la oferta de drogas, dar tratamiento a quienes lo necesitan, y generar alternativas viables de ingresos a quienes están inmersos en las economías ilícitas, entre otros. 

El documento de resultados fue decepcionante: no hubo revisión crítica, y es claro que aunque muchos países se alejan de las políticas de mano dura sobre las drogas, reconociendo el fracaso de las medidas represivas, muy pocos se atreven a poner esto en papel. Como demuestra este reporte del IDPC, y de acuerdo con cifras de la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los mercados de drogas se han expandido, los riesgos de estas drogas han aumentado, y las estrategias de la política de drogas están amenazando principios propios del sistema multilateral como son la paz, la democracia y los derechos humanos. La CND y los pasillos del VIC parecen en su mayoría indiferentes a este estrepitoso fracaso.

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Pero hay vientos de cambio, unas grietas minúsculas por las que parece entrar la luz. Tras la adopción oficial del documento de resultados, un grupo de 62 países, liderados por Colombia, leyeron una declaración conjunta que no solo subraya que hay retroceso y que el sistema debe modernizarse para mejorar, sino que también se comprometieron a revisar y evaluar el sistema internacional de control de drogas, para asegurar que se mejoren las debilidades en su implementación y que todos los esfuerzos se destinen a proteger la salud y bienestar de toda la humanidad. En medio de tanta jerga diplomática, esto significa básicamente que 62 estados, con distintos grados de compromiso, están listos para quebrar de a pocos el sistema, someterlo a escrutinio, y generar nuevos y mejores modelos para el control de drogas.

La oportunidad está servida. Si el esfuerzo diplomático en Viena y otras latitudes se mantienen a este ritmo, con la presión de una sociedad civil cada vez más organizada y más potente, podemos imaginar que al interior de Naciones Unidas se inicie una revisión crítica de la prohibición. Esto incluye, por imaginar unos caminos, la creación de un mecanismo independiente de evaluación del sistema de fiscalización así como de un mandatos sobre derechos humanos y política de drogas en Ginebra, y la reubicación de fondos de la UNODC a otras agencias que tienen un mandato sobre desarrollo, medio ambiente y derechos humanos.

Lo cierto es que Viena, a pesar de ir en círculos que se repiten a sí mismos, a veces da giros sorpresivos. Estos giros nos dejan unas fisuras que, bien aprovechadas, nos pueden ubicar en una trayectoria decisiva de cambio a un sistema que ha sido fuente de sufrimiento, violencia y discriminación. Y la sociedad civil tiene un papel fundamental en este camino. Las redes internacionales y los procesos desde organizaciones sociales y de base en cientos de países están listos para seguir mostrando los costos de la prohibición y proponer otros caminos de relacionarnos con las drogas. Para eso, contamos también con las voces de aquellos Estados que se atreven a mostrar las fisuras del sistema, confiando en que no sea un vaivén de emoción política del momento, sino el inicio de un proceso que rompa la prohibición.