El primer año de gobierno de Gustavo Petro, junto a Francia Márquez en la Vicepresidencia, llega justo en el momento en que uno de sus hijos, Nicolás Petro, declaró ante la Fiscalía que a la campaña presidencial habrían ingresado dineros de manera irregular, que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral y que habrían superado los montos permitidos por la ley.  

Dada la gravedad de estos hechos y su trascendencia para la estabilidad nacional, desde Dejusticia emitimos un comunicado en el que manifestamos que tales hechos deben ser investigados con rigurosidad, independencia y con el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales. 

Mira aquí nuestro balance del primer año de Petro en video

Mientras avanza la justicia en este caso, nuestras líneas de investigación hicieron un examen riguroso de las promesas, las acciones, las inacciones y omisiones, es decir, la ejecución real de lo que planteó y llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

En ese sentido, en nuestra organización identificamos 70 asuntos que hemos clasificado en tres niveles: con banderas rojas calificamos aquellos asuntos que han tenido retrocesos o  se han agravado; con banderas amarillas, los que aún no despegan, y con banderas verdes, las acciones que van por buen camino. 

De los 70 temas que priorizamos, 28 se agravaron o retrocedieron durante un año de Gobierno (banderas rojas); hay 18 temas que, si bien parecen prometedores, todavía no hay avances (banderas amarillas); mientras que en 24 asuntos sí se ha visto ejecución e implementación(banderas verdes). Les contamos los detalles a continuación:

Estado de derecho, transparencia y tecnología

Banderas rojas:

• El Gobierno no ha promovido activamente el acceso a la información pública. En dos asuntos de interés público es evidente la opacidad estatal: la política de Paz Total y la información relacionada con el medio ambiente. Además, continúa la persecución contra periodistas y líderes sociales que se atreven a solicitar información y controvertir a las instituciones locales.
• Aunque una de las políticas priorizadas por el Gobierno es la lucha contra la corrupción, no ha habido mayores cambios en el trabajo de la Secretaría de Transparencia, los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación. Esto es problemático, porque se ha demostrado que las estrategias de investigación que tenemos hoy son ineficientes, puesto que se basan en la persecución de casos individuales y no de grandes entramados de la corrupción.

Banderas amarillas:

• Educación: el proyecto de ley estatutaria de educación es atinado cuando se compromete a garantizar la educación preescolar (prejardín, jardín y transición), pero no es claro cómo se articulará con la formación de niños y niñas entre los cero y tres años. En la misma línea, el Gobierno insiste en su intención de aumentar significativamente los cupos universitarios y construir nuevas universidades en regiones periféricas, pero estas ideas, aunque bien orientadas, parecen no estar todavía soportadas en un plan de acción claro y robusto. 
• El presidente Petro ha invitado al pueblo a las calles para manifestarse con el ánimo de presionar al Congreso para aprobar las reformas propuestas. Si bien el presidente no ha desconocido la función del Legislativo, estas invitaciones son problemáticas porque pueden llevar a que las instituciones y la deliberación sean reemplazadas por la aclamación del líder en la plaza pública, poniendo en jaque el Estado de derecho.

Sistema judicial

Banderas rojas:

• Las fricciones entre el presidente y la Fiscalía General de la Nación parecen estar aumentando con el tiempo, lo cual posiblemente dificultará la puesta en marcha de los planes de sometimiento a la justicia de los grupos de crimen organizado. 
• El Gobierno no ha priorizado las reformas estructurales a la Policía Nacional exigidas por la ciudadanía. Durante el Paro Nacional de 2021 se identificaron aspectos como la impunidad frente a casos de violencia policial, el manejo inadecuado de la protesta social y la falta de rendición de cuentas, que no han sido abordados por el Gobierno.

Banderas amarillas

• Las propuestas sobre acceso a la justicia han estado concentradas en factores institucionales (como el número de jueces) sin considerar la información existente sobre las necesidades jurídicas reales de la población. Del mismo modo, aunque el Gobierno va en la dirección correcta al apostarle a la articulación entre la justicia estatal y otras formas de justicia (por ejemplo, la justicia indígena o comunitaria), habrá que ver si esta apuesta se implementa adecuadamente. 
• A diferencia de gobiernos anteriores, el actual no ha desconocido frontalmente ni el contenido de las sentencias judiciales ni las potestades investigativas de la Fiscalía. Sin embargo, el Presidente ha tenido fricciones con el poder judicial, con pronunciamientos que desconocen la separación de poderes y ponen en riesgo la legitimidad judicial. El presidente debería abstenerse de hacerlo. 
• El antiguo ESMAD, que hoy se llama Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – UNDMO, atraviesa transformaciones internas (los uniformados están recibiendo entrenamiento en derechos humanos), pero se siguen reportando usos excesivos de la fuerza de esta unidad contra manifestantes estudiantiles. Por otro lado, el Ministerio de Defensa tiene espacios de participación en torno a la regulación del uso de la fuerza y las armas menos letales, pero percibimos una reticencia institucional a aceptar críticas estructurales. Hay que hacer seguimiento para que estas reformas sean más profundas y efectivas.

Banderas verdes:

• El Gobierno ha promovido y sacado adelante la creación de la jurisdicción agraria. Este fue un paso en la dirección correcta para conseguir una justicia agraria eficiente, accesible y experta en las dinámicas propias del mundo rural. 
• El Ministerio de Justicia se ha esforzado por fortalecer los centros de conciliación a lo largo del territorio nacional y en relación con diversas áreas del derecho, lo cual constituye una vía de resolución pacífica de los conflictos y una herramienta efectiva de descongestión judicial. 
• En contraste con gobiernos anteriores, este Gobierno ha reconocido el uso excesivo del encarcelamiento como la causa fundamental de la crisis penitenciaria y ha priorizado la solución de esta crisis. Destacamos: su proyecto de reforma legal de humanización del sistema penitenciario, sus esfuerzos por implementar la Ley de Servicio de Utilidad Pública para Mujeres Cabeza de Hogar, el proceso participativo que ha impulsado para reformar el INPEC y la USPEC y la creación del Plan de Intervención Inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario. 
• Se instaló, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado colombiano, el mecanismo conjunto de seguimiento a las recomendaciones que formuló la CIDH luego de su visita a Colombia en junio de 2021, como consecuencia del Paro Nacional. 

Justicia fiscal

Banderas rojas:

• No hay precisión de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta de este Gobierno.
• Preocupa la sostenibilidad fiscal de las reformas que están en trámite en el Congreso, como la pensional, pues no corrige del todo el problema de regresividad. De ser aprobada esta reforma, se seguirá subsidiando a personas con mayor capacidad de ahorro a través de Colpensiones.

Banderas verdes:

• Colombia lideró la Primera Cumbre por una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, para crear un Pacto Fiscal en la región de Latinoamérica y el Caribe, un paso esencial para luchar contra la evasión y elusión fiscal  en la región y recaudar mayores recursos para la inversión social.
• La aprobación de una reforma tributaria que, consideramos, es un paso importante en el ajuste del sistema tributario colombiano a los principios constitucionales de progresividad y equidad.  
• La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con: la intención política de reconocer la realidad del sector de la economía popular, el propósito de crear un registro único de ingresos que permita tener una única base de información de los ingresos de las personas y el establecimiento de un programa de renta ciudadana que aportará a la superación de la pobreza. 

Justicia transicional

Bandera roja:

• La política de Paz Total es confusa. Hay poca claridad de los avances con los grupos de crimen organizado y grandilocuencia en el proceso con el ELN sin claros impactos en el desescalamiento de la violencia en el país.

Bandera amarilla:

• El presidente Petro manifestó su compromiso con la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; sin embargo, al menos para las que se hicieron al Gobierno, no hay claridad sobre el plan de trabajo ni la articulación institucional para cumplirlas.

Bandera verde:

• Existe una apuesta por actualizar y ajustar la política de atención, asistencia y reparación a las víctimas, Ley 1448 de 2011, que era una deuda desde el Acuerdo de Paz en 2016.

Política de drogas

Banderas rojas:

• Hay débil liderazgo internacional y se evidencian alianzas problemáticas. El presidente Petro ha cuestionado el modelo internacional de prohibición y guerra contra las drogas, pero poco se ha visto de las iniciativas para reformarlo o controvertirlo; además, está desarrollando alianzas regionales con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien tiene un discurso de estigmatización sobre personas que usan drogas y ha perpetuado la militarización, con efectos nocivos para la sociedad mexicana.
• En medio de la crisis cocalera, sumado a un recrudecimiento del conflicto en algunas regiones, la confusión sobre los cambios al programa de sustitución ha generado mucha incertidumbre en las poblaciones que dependen de la coca. Aún no se sabe si el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) continuará en los mismos términos o habrá modificaciones sustanciales. 

Banderas amarillas:

• Existen anuncios de reforma, pero pocas acciones concretas de cambio, sumado a una desarticulación entre entidades que tienen competencia en la política de drogas, en particular MinJusticia y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI). Se esperaban acciones más concretas en un año de mandato. En esto, el Gobierno debió ser más contundente en apoyar el trámite del acto legislativo sobre cannabis y llevar a cabo reformas con solidez jurídica y sostenibles en el tiempo.
• Faltó compromiso desde la Vicepresidencia en respaldar las iniciativas sobre encarcelamiento y mujeres.

Bandera verde:

• El Ministerio de Justicia lideró la elaboración de una política decenal de drogas, que contiene ejes de salud pública, transformación territorial, regulación justa y responsable. El proceso contó con espacios participativos con comunidades y sociedad civil. Una vez se adopte, regirá las acciones sobre drogas por diez años en el país.

Salud

Bandera roja:

• La falta de transparencia en la información de recobros y la intermediación informática de los diferentes actores del sistema de salud en Colombia. El Gobierno debería contemplar la apropiación de una cultura de información institucional y mejor interacción entre entidades, para no caer en la fragmentación.

Bandera amarilla:

• Aunque la reforma a la salud está en vilo, uno de sus puntos podría mejorar la trazabilidad y el análisis epidemiológico. Se trata de la creación de un Sistema Único e Integrado de Información en Salud, el cual promueve procesos eficientes para obtener datos que puedan ser utilizados de manera directa en la creación de política pública. 

Alimentación

Banderas rojas:

• Aún no tenemos la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia que debía salir en el 2020. Esta encuesta permite obtener datos integrales sobre las distintas variables de la malnutrición (obesidad, sobrepeso, hambre oculta y desnutrición) con una diferenciación por edad, sexo, genero, etnia, entre otros. Sin datos no hay manera de implementar políticas.
• Desde la sociedad civil hemos evidenciado un vacío en la correcta vigilancia y control de la implementación del etiquetado frontal en alimentos y bebidas ultraprocesados.
• Falta de regulación en la publicidad dirigida a niños y niñas. En la actualidad no existen políticas públicas que la limiten, teniendo en cuenta los efectos que tiene en la garantía del derecho a la alimentación adecuada.

Bandera amarilla:

• Es un acierto la declaratoria de emergencia por la crisis en La Guajira, puesto que reconoce la situación de emergencia humanitaria que tiene el departamento, especialmente en relación a la muerte de niños y niñas por falta de políticas integrales que garanticen el derecho humano a la alimentación adecuada. Sin embargo, está pendiente de que la Corte Constitucional resuelva si las medidas adoptadas se ajustan al marco constitucional y si son realmente necesarias para combatir la crisis.

Banderas verdes:

• El Gobierno incorporó el derecho a la alimentación en el PND y estableció algunas estrategias para garantizar este derecho. 
• La aprobación del impuesto a las bebidas azucaradas y a los comestibles ultraprocesados también tuvo un respaldo del Gobierno.

Género

Bandera roja:

• Durante la campaña, Petro se comprometió a que el 50 % de los cargos públicos en todos los niveles serían ocupados por mujeres. De hecho, inició su gobierno con un gabinete ministerial paritario. Sin embargo, la paridad se ha desdibujado y, con el reciente cambio en el Ministerio de Minas, sólo hay 8 mujeres en la cabeza de 19 ministerios, incluyendo el Ministerio de la Igualdad. La Procuraduría alertó que el panorama podría ser aún más preocupante en otros altos cargos de la rama ejecutiva como los viceministerios y entidades descentralizadas donde ni siquiera se estaría cumpliendo la ley de cuotas.

Bandera amarilla:

• La Presidencia firmó tres decretos que reglamentan la estructura y funcionamiento del Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, hay dudas sobre su diseño, pues sería la cartera con más viceministerios del país. Además, no hay claridad sobre la articulación del ministerio con otras instituciones que trabajan con las mismas poblaciones priorizadas. Claro está que, en algunos casos, una estructura robusta podría llegar a garantizar el avance de los derechos de poblaciones históricamente marginadas. Esperemos que el Ministerio de la Igualdad cumpla los objetivos para los que fue creado y no se quede una institución puramente burocrática. 

Bandera verde:

• La creación del Sistema Nacional de Cuidado es un avance para el reconocimiento del trabajo de cuidado realizado, principalmente por las mujeres, lo que responde a la necesidad de que no sea solamente reconocido sino también recompensado, reducido y en últimas redistribuido. La Ley 2281 que creó el Ministerio de la Igualdad, establece el Sistema Nacional de Cuidado y que su objetivo es dar respuesta a las demandas de cuidado de los hogares de manera corresponsable entre la nación, el sector privado y la sociedad. Además, en el Plan de Desarrollo 2023 – 2026 fueron aprobadas varias disposiciones como la creación del Fondo para la superación de brechas que le permitirá contar con recursos para su implementación. 

Étnico-racial

Bandera roja:

• Pese al acercamiento del gobierno con las comunidades, el «cambio» en las regiones no se ha visto. Distintas poblaciones en el país han expresado su preocupación por la falta de materialización de las promesas y propuestas del Gobierno. Es importante solucionar las problemáticas históricas de los territorios donde habitan las comunidades afro e indígenas. 

Banderas verdes:

• Representación afro e indígena: es el gobierno que, a la fecha, ha contado con un mayor número de personas que pertenecen a pueblos afros e indígenas en cargos directivos y de representación. 
• Diálogo con las comunidades: el Gobierno ha propiciado espacios para dialogar y concertar con las comunidades, promoviendo una mayor cercanía con poblaciones históricamente discriminadas. 
• Los avances con pueblos afro en la agenda internacional, acercándose y generando acuerdos con países del continente africano.
• El impulso del cumplimiento de los acuerdos de los paros cívicos en Buenaventura y Chocó.

Migración

Banderas rojas:

• Gran parte del articulado de la Ley 2136 de 2021, que establece los principios y lineamientos para la reglamentación de la Política Integral Migratoria, sigue sin estar reglamentado. Por ejemplo, sigue sin establecerse cuáles serán las estrategias que se quieren implementar para promover y garantizar la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, pese a que ya existe la Estrategia para la Integración de la Población Migrante Venezolana como Factor de Desarrollo para el País, propuesta por la Gerencia de Fronteras con el apoyo del PNUD, y el CONPES 4100 de 2022.
• El Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la posibilidad de ampliar el plazo para poder aplicar al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y no es claro que esto realmente llegue a pasar, pese a que en noviembre de 2022, en la audiencia pública de la Comisión Segunda del Senado sobre migraciones, Migración Colombia manifestó la necesidad hacerlo, así como extender el estatuto a otras nacionalidades. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que la migración irregular no ha cesado, ni siquiera durante el cierre de la frontera terrestre a causa de la pandemia, que impedía el paso de las personas por un puesto de control migratorio autorizado.
• Es evidente la falta de actualización de datos oficiales por parte de Migración Colombia sobre el estimado de personas venezolanas que podrían estar en situación migratoria irregular en el país. De acuerdo con la última actualización, a febrero de 2022 se estimaba una población de 2’477.588 personas con vocación de permanencia, de las cuales 295.038 estaban en situación irregular. La ausencia de estos datos impide tener claridades acerca de los flujos migratorios y sus características, lo cual evita una intervención estatal efectiva para atender a la población migrante que llega a Colombia.
• El sistema de refugio tiene muchas falencias. Actualmente, las personas solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado no pueden trabajar sino hasta el momento en que sean reconocidas como tal, situación que se agrava todavía más porque la legislación no establece un plazo determinado para que el Ministerio de Relaciones Exteriores responda a dichas solicitudes. Esto dificulta la integración socioeconómica de las personas y el acceso a condiciones de vida digna.
• Hay poca información sobre las Oficinas de Movilidad Segura (SMO), también llamados centros de procesamiento de migrantes. Su objetivo es “identificar, registrar y categorizar las razones de la migración irregular y canalizar a quienes califiquen por vías legales desde Colombia hacia los Estados Unidos”. Sin embargo, preocupa que la estrategia de EE. UU. de extender su política migratoria hacia los países de América Latina ponga barreras adicionales al derecho que tienen todas las personas a buscar y solicitar asilo. Tampoco es claro cuál es el plan de acción entre Colombia y EE. UU. para evitar que las personas que apliquen a este proceso no se queden estancadas en Colombia sin posibilidades de acceder a permisos de permanencia, mientras esperan una respuesta del gobierno norteamericano. 

Bandera verde:

• Es una buena noticia que el Decreto 1075 de 2023, que adopta la estructura del Ministerio de la Igualdad, establezca la creación de la Dirección para la Población Migrante, adscrita al despacho del Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza. Aunque esta es una buena noticia, llama la atención que se haya creado una entidad que ejercerá un rol similar al que tenía la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante (antes Gerencia de Fronteras).

Tierras y campesinado

Banderas rojas:

• A pesar de ser una de sus banderas, el Gobierno no logra poner en marcha la reforma agraria. No hay avances claros en materia de redistribución de tierras y las políticas de desarrollo rural parecen estar quedándose en anuncios. 
• Algunos territorios campesinos enfrentan el recrudecimiento de la violencia derivada de las dificultades para concretar la Paz Total y al accionar de la fuerza pública resulta problemático para muchas comunidades rurales que enfrentan el despliegue territorial de algunos actores armados que aprovechan las apuestas de desescalamiento del Gobierno.  

Banderas amarillas:

• Aunque en el PND se dio un lugar privilegiado a las Zonas de Reserva Campesina, el articulado no incluyó órdenes concretas en el avance de estas zonas. La financiación directa de los Planes de Desarrollo Sostenible formulados por las comunidades campesinas sigue siendo un asunto pendiente. No hay rutas claras para la constitución de nuevas ZRC, por ende no se vislumbra cómo superar los cuellos de botella que detienen el avance de los procesos de constitución de las mismas.
• Aunque el PND incluyó en su articulado la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y clarificó su composición de cara a cumplir con la articulación entre las organizaciones agrarias y de provisión de servicios rurales, este asunto no avanza con contundencia en los territorios rurales.
• El PND incluyó dentro de la propuesta de política pública para el Trabajo Digno y Decente una propuesta de promoción de empleo, sistemas de protección social y otros derechos ampliados a la población campesina. Su materialización aún está pendiente.

Banderas verdes:

• El Gobierno ha logrado controlar la inflación y moderar el precio de los fertilizantes que hace unos meses parecía imparable.
• La aprobación de dos reformas constitucionales, derechos del campesinado y jurisdicción agraria, son logros que sin duda impactarán positivamente el desarrollo de los conflictos rurales en Colombia. 
• El Gobierno ha mostrado un talante dialógico abierto a la participación de las organizaciones campesinas. Especialmente en el marco de la comisión mixta aprobada en el PND.

En las regiones

Banderas rojas:

• Aunque el Gobierno ha presentado una estrategia de seguridad nacional, no ha podido crear ni implementar una estrategia territorial que contenga los altos niveles de violencia en las regiones. Esta situación no sólo ha impactado en la continuidad de homicidios, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de líderes sociales en departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Cesar y Santander, sino que ha aumentado la gobernanza territorial que ejercen grupos armados ilegales, confinando a la población, reclutando jóvenes y mimetizándose en la cotidianidad de las comunidades. 
• Hay alerta frente al panorama actual de seguridad de cara a las elecciones regionales de octubre próximo, pues los líderes sociales no cuentan con garantías para aspirar a un cargo público, hacer reuniones comunitarias libres o realizar alianzas independientes de clanes tradicionales. Sin una estrategia gubernamental integral es muy difícil garantizar el ejercicio transparente de los derechos civiles y políticos en las regiones. 
• La seguridad a nivel urbano también preocupa. Ciudades como Cartagena, Sincelejo y Barranquilla siguen registrando un aumento acelerado de sicariato. Solo Cartagena, una ciudad que no supera el millón de habitantes, ha tenido un aumento del 96% de los homicidios en los últimos 4 años, superando a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. 

Bandera amarilla:

• Los Diálogos Regionales Vinculantes, aunque tuvieron una participación masiva de la ciudadanía en lugares apartados del país, carecieron de una metodología clara para vincular las necesidades territoriales y las aterrizara adecuadamente en el PND. La estrategia «Gobierno Escucha», para hacer seguimiento a estos diálogos y a la ejecución del PND, carece de los mismos vicios. No se tiene clara la metodología de enlace con los diálogos regionales iniciales ni con el PND, la priorización de los espacios, el cronograma ni la periodicidad con el cual se implementa. 

Justicia ambiental

Banderas rojas:

• Se evidencia una ausencia de políticas para garantizar el acceso efectivo al derecho humano a la información pública ambiental (hoy incluido en el Acuerdo de Escazú).
• Se han promovido estrategias de mitigación de la deforestación y el cambio climático (créditos de carbono, pagos por servicios ambientales, entre otros), pero se han hecho sin una evaluación de los impactos en los derechos humanos ni la desigualdad de las comunidades.

Banderas amarillas:

• En el PND se impulsan algunas soluciones para proteger los derechos de comunidades que viven en áreas de protección ambiental. Sin embargo, falta claridad sobre el alcance de las concesiones forestales campesinas y una política más decidida sobre el impulso de estrategias como los acuerdos de conservación en Parques Nacionales Naturales. 
• Cumplimiento de la sentencia de la Amazonía: si bien avanzan los procesos participativos, no hay un borrador oficial sobre el Plan de Acción Nacional ni el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, que eran dos de las órdenes expresas de la sentencia.
• Pese a que se ha promovido la participación local en las decisiones sobre el territorio, no existe una estrategia de política pública que incluya con decisión el enfoque de derechos humanos en las políticas ambientales.

Banderas verdes:

• La aprobación del Acuerdo de Escazú, mediante la Ley 2273 de 2022.
• La reducción en el avance de la deforestación en 25 %. 
• Se evidencia un impulso para el reordenamiento del territorio alrededor del agua en el PND. Este asunto es determinante para adaptar los territorios a la variabilidad climática y a los cambios a largo plazo por el calentamiento global. 
• El Gobierno ha estimulado el uso de energías renovables como propuesta de la diversificación productiva y energética del país.

Seguridad vial

Bandera roja:

• Según el más reciente estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo corrido del 2023 se han reportado más de 3.500 personas fallecidas en accidentes viales en el país, lo que representaría un incremento del 10% en comparación al mismo periodo del 2022. Esto refleja el recrudecimiento de una problemática de salud pública en el país. El Gobierno no ha logrado implementar una política pública que haga frente a esto, ni comprometa a entidades y ciudadanía para lograr reducir la siniestralidad vial.