Con Uribe probablemente llegarán más tropas. Y, claro, cámaras de televisión que captarán cada promesa y cada orden a los ministros que se abanicarán con desespero para espantar este calor húmedo que se estampilla en la piel.

Mejor dicho: llegará el Estado de la seguridad democrática, el de la fuerza y el espectáculo en vivo y en directo. Que no es poca cosa, porque no hay colombiano que no quiera vivir sin miedo ni se haya cansado de las atrocidades de las Farc y los paramilitares por igual.

El problema es que la fórmula de Uribe tiene mucho de seguridad y poco de democracia, como lo dijo Mauricio García en este diario. Y ningún lugar mejor que esta esquina miserable del país para palpar las tragedias de semejante Estado manco, con un brazo armado reforzado pero sin siquiera un muñón de institucionalidad para lidiar con la crisis humanitaria de desplazamiento e indigencia. El Estado ausente que podría constatar el mismo Presidente si se aventurara sólo unas cuadras más allá del escenario que le tendrán montado los políticos locales.

Podría subir a las barriadas quibdoseñas que miles de desplazados han bautizado con nombres inverosímiles —La Gloria, El Futuro, La Victoria— para conjurar la guerra que llegó a sus parcelas a mediados de los noventa. Si en el camino se desviara por una trocha, llegaría a Villa España y encontraría a decenas de familias desplazadas que, después de doce años de haberse tomado el coliseo de la ciudad para exigir atención estatal, la siguen esperando validos de papeles que les anuncian subsidios de vivienda y proyectos productivos que no llegan.

Podría pasar por la Diócesis de Quibdó o la Defensoría del Pueblo, que, junto con las misiones humanitarias internacionales, parecen ser todo lo que hay de Estado social en el Chocó. Allí se toparía con las familias negras e indígenas que huyen de la guerra que se libra por el control de las tierras apetecidas para actividades ilícitas y lícitas, desde el narcotráfico hasta la explotación de madera y minerales. Para la muestra están las comunidades desplazadas de municipios con violencias tan agudas como sus nombres: Bagadó, Jiguamiandó, Curbaradó, Lloró, Bajo Baudó, Bojayá.

Si se asoma por Acción Social, la Alcaldía o la Gobernación, verá cómo la burocracia ha tornado a pescadores, labriegos y mineros desarraigados en tramitadores expertos que deambulan de oficina en oficina con gruesos expedientes de constancias y oficios bajo el brazo. Y que, aún así, siguen aguardando que los registren como desplazados o les den la ayuda humanitaria prometida.

Si, finalmente, se da una vuelta por cualquier puesto de salud, se dará cuenta de que nada ha cambiado desde el escándalo del año pasado por la muerte de 49 niños por física hambre y falta de atención médica. (A propósito, ¿alguien sabe del Gerente Presidencial para el Chocó que nombró el Gobierno para responder al escándalo?).

Bienvenido a este Chocó, señor Presidente.