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Bogotá sospecha para todos

Mauricio Albarracín
marzo 9, 2016

Todo parece indicar que desde que llegó Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá, todos somos sospechosos de haber cometido un delito.

 

Recientemente, he tenido varias conversaciones con amigos sobre el tema de la solicitud de la cédula y la verificación de antecedentes por parte de la Policía. Uno de ellos me pregunta: “¿qué está pasando en Bogotá?” Y continúa: “la Policía me ha pedido los documentos cinco veces esta semana”. Me cuenta que le pidieron la cédula en el puente peatonal frente a Gran Estación, en la avenida Primero de Mayo con carrera Décima, durante un trayecto del bus en la carrera Décima, saliendo de la estación de Transmilenio en la avenida Primero de Mayo y en el puente peatonal sobre la carrera 30 con calle 72. Por otra parte, una colega me contó que estaba caminando por la Zona G (carrera 5 con calle 66) y le pidieron los documentos. Ella me preguntó “por la norma que autoriza a la Policía a realizar esto”. El policía, por su parte, dijo que la Constitución lo autoriza. Ella dijo que eso no era cierto. Luego, el policía invocó el Código de Procedimiento Penal, pero no supo decir con precisión la norma que lo autoriza. Además, mi colega le preguntó si sospechaba de su comportamiento y el policía le contestó: “uno puede sospechar de cualquier cosa”. De hecho, el domingo pasado cuando estaba en la ciclovía con un par de colegas, nos pidieron la cédula en la intersección de la calle 26 con avenida Boyacá (fueron los policías del cuadrante 32 del CAI de Normandía). Le pregunté al policía si era posible tener un certificado por escrito de las razones por las cuales me pedía los papeles y me contestó que debía solicitarlo a la Dirección General.

Con esta información, decidí indagar con un policía sobre este asunto. Le pregunté cuál es la norma que autoriza esta solicitud de antecedentes y me dijo: “con sinceridad no sabría decirle”. Agregó que tal vez sea el Código distrital de Policía. Seguí conversando con él sobre el tema e indagué si tenía cuotas mínimas al respecto y me respondió: “tenemos 70 vehículos, 30 personas diarias, pero cuando trasnochamos la cuota ya cambia de 70 vehículos, 30 personas porque ya es muy difícil encontrar tantas personas”.

Puede sostenerse razonablemente que la Policía tiene esta autorización en la ley para solicitar la identificación de una persona. Además, muchas personas pueden sostener que está actuación puede tener efectos preventivos en materia de seguridad. Sin embargo, es preocupante que estas normas son ambiguas, datan de un código de Policía de hace 45 años, tienen un lenguaje que facilita la arbitrariedad y no contienen ninguna garantía para el ciudadano.

Más allá de las dudas sobre la regulación, me inquieta lo que está ocurriendo en Bogotá: ¿Enrique Peñalosa dio la orden de solicitar de manera masiva la cédula a cualquier persona? Si esto es así, ¿puede un alcalde ordenar que esta facultad se use de manera masiva y sin control judicial ni administrativo? ¿En qué lugares de la ciudad se puede hacer? ¿Existe una orden escrita y motivada del alcalde mayor que autorice realizar este comportamiento policial? Al final uno se pregunta: ¿puede la Policía pedirme la cédula en la puerta de mi casa en cualquier momento?

En caso de que el alcalde no diera esta orden, ¿la policía está haciendo esta acción a espaldas del gobierno de la ciudad y del alcalde (primera autoridad de Policía de la ciudad)? ¿O será que los policías se sienten autorizados para llevar a cabo esta acción en la ciudad por el discurso de “mano dura” de Peñalosa?

Dudo mucho que la solicitud de cédula a cualquier ciudadano en cualquier momento sea constitucional y mucho menos una estrategia masiva y permanente. La solicitud de la cédula de ciudadanía es una restricción a varios derechos fundamentales como la intimidad, la libertad, el debido proceso y el principio de buena fe. Toda restricción por parte de la Policía a un derecho fundamental debe estar debidamente motivada, ser excepcional; además, debe ser proporcional y razonable (ver Sentencia C-024 de 1994). Si es cierto que la administración de la ciudad decidió hacer solicitud de cédulas de ciudadanía masivamente sin causas de seguridad que lo ameriten, esto podría ser ilegal y debería generar algún tipo de control judicial.

Lo que es aún más decepcionante es el gesto político que revelaría esta política de seguridad. Si es cierto que existe una orden de verificar los antecedentes de cualquier persona en cualquier lugar, Enrique Peñalosa y su gobierno están enviando un mensaje a la ciudadanía, incluyendo a sus votantes: todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.

Nota: recomiendo algunas columnas de mis colegas que muestran otros ángulos de este problema

Rodrigo Uprimny. “Requisas, ¿a discreción?”. El Espectador. 25 de octubre de 2014.

Camilo Sánchez. “Permítame sus documentos”. El Espectador. 26 de junio de 2015.

Sebastián Lalinde. “Requisas dependiendo del cliente”. Vice. 16 de febrero de 2016.

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