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Borradores de promesas

Mauricio García Villegas
septiembre 27, 2014

Publicado en: El Espectador

Al leer los preacuerdos entre el Gobierno y las Farc, que fueron publicados esta semana, tuve la impresión de haber repasado el programa de gobierno de alguno de los últimos presidentes de Colombia.

 

Con esto no pretendo menospreciar lo acordado, sino simplemente señalar que esos borradores de acuerdo parecen recoger las innumerables promesas incumplidas por la clase política tradicional de este país. Para ilustrar lo que digo, en lo que sigue haré un recuento apretado de lo que dicen esos borradores.

Ellos contemplan, en esencia, tres grandes propuestas. La primera es una reforma rural integral (RRI) destinada a sentar “las bases para la transformación estructural del campo…”, la cual entraña la creación de tres grandes proyectos: 1) un fondo de tierras, alimentado con predios expropiados, donados, baldíos, o producto de la extinción de dominio; 2) un sistema general de información catastral que permita, entre otras cosas, el cobro del impuesto predial rural y el cierre de la frontera agrícola, y 3) una serie de programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), a partir de los cuales se promueva la economía campesina familiar y comunitaria, se proteja la riqueza multicultural y se invierta en infraestructura rural, desarrollo social, economía solidaria y seguridad alimentaria.

La segunda propuesta intenta acabar con el problema del narcotráfico a través de tres mecanismos: 1) un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), integrado a la RRI y al PDET; 2) un programa de prevención del consumo y de la salud pública, y 3) una política de represión judicial y policiva contra lo que quede del narcotráfico y del lavado de activos.

La tercera busca ampliar la democracia participativa. Esto implica tres cosas: 1) otorgar derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición; 2) establecer mecanismos democráticos de participación ciudadana y comunitaria, y 3) implementar medidas efectivas para promover la participación de todos los sectores sociales y políticos, entre las cuales está la eliminación del umbral, el acceso a los medios de comunicación, la reforma a la organización electoral y la promoción de una cultura política democrática y participativa.

En resumen, los acuerdos están construidos a partir de dos ideas fundamentales: la adopción de un enfoque territorial para el posconflicto y la promoción de la participación política, sobre todo en áreas rurales. Uno podría simplificar el asunto diciendo que lo que se ha acordado es una política para incluir social y políticamente al campo y a los campesinos.

Tuvieron que pasar cinco décadas, con todos los horrores imaginables de una guerra, para que el Gobierno aceptara que debe, por fin, cumplir con su promesa de integrar el campo y que la guerrilla reconociera que esas promesas no requieren de una revolución violenta, sino que las puede llevar a cabo un gobierno democrático a través de una economía de mercado.
Esta puede ser una conclusión triste si se mira el tiempo perdido y la cantidad de vidas sacrificadas en estas cinco décadas, pero también puede ser una conclusión promisoria si se asume como una oportunidad para llevar a cabo, por fin, esas promesas incumplidas.

En los dos últimos años se ha hablado mucho de los sapos que tendremos que tragarnos para lograr la paz. Con la publicación de estos acuerdos ya sabemos que, por lo menos en los temas acordados hasta el momento, esos sapos no existen. Es muy probable, eso sí, que aparezcan luego, en los temas que faltan por tratar (desmovilización y justicia transicional). Pero el hecho de que los actuales borradores de acuerdo contemplen transformaciones tan importantes para el país hará menos doloroso el engullimiento de esos batracios.

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