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Cambiar derechos por desafueros

Mauricio García Villegas
mayo 13, 2011

Publicado en: El Espectador

QUE UN ALCALDE MALO SEA SACADO de su cargo y reemplazado por otro bueno, qué más quisiera uno. El problema con esto es que no es fácil encontrar un mecanismo adecuado para lograr ese propósito.

 

QUE UN ALCALDE MALO SEA SACADO de su cargo y reemplazado por otro bueno, qué más quisiera uno. El problema con esto es que no es fácil encontrar un mecanismo adecuado para lograr ese propósito.

Lo correcto sería que quienes lo eligieron voten de nuevo para escoger su reemplazo. Pero eso tiene enormes dificultades de tipo técnico y político (¿quiénes pueden votar?, ¿qué porcentaje de votos se necesita para revocar?, etc.). Tan difícil es la cosa que casi ninguna Constitución del mundo contempla la posibilidad de revocar el mandato de funcionarios de elección popular. Los constituyentes de 1991, sin embargo, creyeron que sí se podía y por eso consagraron esa figura en el artículo 40 de la Carta. Pero, en la práctica, esta norma no ha tenido efectos: según la Registraduría General de la Nación, en veinte años se han presentado 37 solicitudes de revocatoria contra alcaldes y ninguna ha prosperado.

Pues bien, el procurador Ordóñez ha conseguido lo que nadie había podido lograr hasta ahora: sacar del puesto a un alcalde (nada menos que al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno) por ser un alcalde malo. A falta de revocatoria del mandato por voluntad popular, ahora tenemos revocatoria de mandato por voluntad de procurador.

Y esto con dos agravantes. Primero, Orddóñez no suspendió a Moreno por corrupción sino por omisión en el cumplimiento de su “deber de asegurar las obras en debida forma”. Para soslayar el peso político que entraña esta afirmación, el procurador habla de “omisión culposa”. Me pregunto: ¿en qué se diferencia la omisión culposa que el procurador controla a través del derecho disciplinario, de la ineptitud política que el pueblo controla a través de la revocatoria del mandato? A mi juicio, ambas cosas se parecen mucho y si pienso en el perfil político-religioso del procurador, se me parecen todavía más. Segundo, la suspensión está prevista como una medida cautelar, destinada a evitar males mayores. Lo que creo es que, en este caso, la suspensión no sólo no previno nada, sino que empeoró las cosas.

¿Cómo se explica que semejante decisión del procurador sólo haya recibido unas cuantas críticas, más bien tímidas? Sencillo: como la ciudad está manga por hombro y como el alcalde es un inepto, buena parte de los bogotanos está feliz con la suspensión.

Yo no me incluyo en esa celebración y me parece reprochable la actitud de quienes, por el hecho de no gustar del alcalde Moreno, están dispuestos a dejar de lado la manera arbitraria como el procurador lo saca del puesto.

La estrategia de Ordóñez consiste justamente en camuflar su arbitrariedad sacerdotal con su audacia política; en combinar el arrojo con el abuso (igualito a como lo hacía el presidente Uribe) con la certeza de que sus críticos dejarán pasar lo segundo para celebrar lo primero. Así, de esta manera, el procurador consigue que la gente, complacida con sus decisiones audaces, pase por alto sus intervenciones abusivas.

En un país como este, carcomido por la corrupción y el inmovilismo, uno entiende que una buena parte de la población, cansada de que los vivos y los violentos se salgan con las suyas, pierda la esperanza en las leyes y esté dispuesta a remplazar al derecho por la moral y a los juristas por los sacerdotes. Pero este es un remedio peor que la enfermedad: es un remedio que no consiste en cambiar “los derechos por los deseos”, como dijo esta semana Ordóñez que había hecho la Corte Constitucional, sino en cambiar los derechos por los desafueros.

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