El pasado viernes 21 de febrero, la Fiscalía y el Ejército Nacional, con acompañamiento de los Ministerios de Ambiente y Defensa, realizaron operativos de la campaña Artemisa en la Macarena (Meta), en los que capturaron a 20 campesinos de la región. Esto, con el fin de enfrentar los graves daños que está dejando la deforestación de las selvas de la Serranía de la Macarena y, según comunicados oficiales de la Fiscalía y el Ejército, para cumplir la sentencia 4360 de 2018 que declara la Amazonía como sujeto de derechos.

Como Dejusticia, reconocemos la urgencia de tomar acciones para detener la destrucción de los bosques. Sin embargo, observamos con preocupación que tales acciones puedan estar llevándose a cabo afectando de manera desproporcionada a los campesinos. En esta ocasión, organizaciones sociales y habitantes de la región han denunciado excesos del uso de la fuerza estatal en la captura de los 20 campesinos, dentro del marco del operativo militar del pasado 21 de febrero.

Estas personas, además, fueron separadas de sus familias, afectando los derechos de los niños, niñas y familias campesinas.

Es imperativo que, como lo ordena la Sentencia 4360 de 2018, la estrategia de control a la deforestación sea integral, en cuyo centro se encuentre la participación de las comunidades que habitan la Amazonia, y que no se limite a acciones militares y penales. Las medidas de protección del bosque amazónico no deben obviar las historias de vulnerabilidad, desigualdad y desplazamiento que han empujado a miles de campesinos a ocupar los PNN del país.

Adicionalmente, insistimos en que los operativos militares de control a la deforestación no pueden desconocer los derechos fundamentales de las personas afectadas, y deben respetar garantías mínimas de dignidad humana.

Los campesinos son sujetos de especial protección constitucional, por lo que el uso de la fuerza contra ellos es una medida de afectación intensa que requieren de una alta diligencia del Estado para evitar vulneraciones graves. Por ello, para un adecuado manejo de esta situación y de eventuales conflictos socioambientales que surjan con próximas intervenciones del gobierno contra la deforestación, consideramos necesario:

Una ruta de garantía de derechos para los campesinos capturados. Para prevenir vulneraciones graves a los derechos de personas que resulten capturadas con ocasión de medidas de control a la deforestación, consideramos necesaria la creación e implementación de una ruta de garantías a los derechos fundamentales de las personas afectadas y de sus familias.

Una aplicación integral de la Sentencia 4360 de 2018. La mencionada sentencia pretende que se atiendan las causas estructurales de la deforestación mediante la creación estrategias que partan de la participación de las comunidades que habitan la Amazonia. Sin embargo, no se conocen avances en la implementación Planes de Acción, ni del PIVAC, elaborados con participación de los pobladores de la Macarena. De centrarse exclusivamente en acciones militares, la campaña Artemisa puede resultar en una inadecuada aplicación de la sentencia 4360 de 2018.

Para consultas de medios o ampliar la información, comuníquese con Mariana Escobar Roldán al correo electrónico [email protected]