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Campesinado insiste ante la Corte Suprema de Justicia en ser contado en el Censo 2018


diciembre 21, 2017

Campesinos apelaron el fallo de tutela de primera instancia del Tribunal Superior de Bogotá. El fallo reconoció la importancia de tener información estadística sobre el campesinado, así como el deber del Estado de atender sus necesidades, pero no le ordenó al DANE cambiar el formulario para el Censo del otro año.

 

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió en primera instancia la tutela presentada en noviembre por 1770 campesinos y campesinas de todo el país, en la que solicitaban la inclusión de una serie de preguntas en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 que permitiera contarlos y reconocer su situación actual.

Por más de dos años, las organizaciones campesinas han solicitado al DANE y al Ministerio del Interior que las preguntas del Censo indaguen también por la identidad y vida campesina, a través de mesas de trabajo y distintos recursos, pero la petición no ha sido atendida.

En agosto de este año, antes de interponer la tutela, las organizaciones campesinas presentaron un derecho de petición con esta misma solicitud a la Presidencia, al Dane, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Agricultura pero no obtuvieron una respuesta adecuada. Así lo corroboró el Tribunal Superior al reconocer que las instituciones demandadas en la tutela habían violado este derecho de petición.

El Tribunal también reconoció el deber del Estado colombiano de atender las necesidades del campesinado, a través de políticas públicas adecuadas y la importancia de tener información estadística sobre esta población. Por eso instó a las instituciones demandadas responder integralmente la solicitud y continuar instalando mesas campesinas que ayuden a caracterizar al campesinado.

El Tribunal no aceptó, sin embargo, la vulneración del derecho a la igualdad material pedido en la tutela y se negó a pedirle al DANE elaborar nuevamente el formulario del Censo porque afectaría su presupuesto así como el calendario del ejecución.

Las organizaciones campesinas con el acompañamiento de Dejusticia presentaron una apelación a esta sentencia, argumentando que los campesinos han actuado diligentemente y han hecho todo lo que está en sus manos para lograr su reconocimiento como sujeto en situación de especial vulnerabilidad que requiere de información estadística para el diseño de políticas públicas adecuadas para proteger sus derechos, y han sido las entidades del gobierno las que no han cumplido.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 es la oportunidad para contar al campesinado, en el corto plazo. Los últimos censos de población y vivienda se han llevado a cabo cada 8 o 12 años: en 2005, 1993 y 1985. Mientras el país planea la realización del siguiente Censo Nacional de Población y Vivienda, en unos 10 años, el Estado estaría postergando su deber de mejorar las condiciones de vida del campesinado.

Sobre la tutela

El campesinado cuenta from Dejusticia on Vimeo.

Detrás de la petición de la tutela interpueta en noviembre había un objetivo claro: que el Estado tuviera en cuenta la situación particular del campesinado para el desarrollo de políticas públicas. El campesinado no sólo es una de las poblaciones más pobres del país, sino que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Por años las organizaciones campesinas han pedido ser incluidas en el censo y siempre han recibido respuestas negativas e injustificadas. Desde junio del 2015, estas organizaciones le están solicitando al DANE espacios de diálogo para ser tenidas en cuenta en sus procesos estadísticos. En medio de esas negociaciones el mismo Gobierno le pidió al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) hacer parte de la discusión y dar un concepto sobre el campesinado.

Si la realidad del campesinado no está incluida en el principal sistema de información estadística del país, el Estado no podrá desarrollar políticas diferenciadas que permitan “solucionar la brecha enorme que existe entre el campesinado y otras poblaciones en el goce de los derechos”, como dice Rodrigo Uprimny, el abogado de Dejusticia que representa a las organizaciones y a los campesinos que interpusieron la tutela.

En el siglo XX, se realizaron diez censos nacionales en Colombia: ocho de ellos incluyeron información sobre indígenas y dos sobre afrodescendientes. Hasta el momento, ningún censo, ni siquiera el agropecuario, ha contado al campesinado colombiano y sus condiciones de vida específicas.

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