La planta del cannabis, cuyo uso se remonta a hace 5 mil años en China, fue traída a América por los españoles y esclavos africanos durante el tiempo de la Colonia, y continuó llegando con las olas migratorias provenientes de Asia. Por ese entonces, tenía múltiples usos culturales, medicinales e industriales, y una fuerte apropiación en la región.

Sin embargo, el actual sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, que en 1925 promovió la firma de la Convención Internacional del Opio de Ginebra, trajo consigo las primeras formas de prohibicionismo. Aunque los controles se limitaban a restringir el comercio internacional y  los Estados  estaban obligados a desarrollar legislación interna al respecto, varios gobiernos –como Argentina, Brasil y Colombia– siguieron los pasos de países europeos y de Estados Unidos, y asumieron posiciones contra el cannabis.

Con la aparición de un discurso “higienista”, donde el usuario de cannabis era un “vicioso” que degeneraba la raza, el prohibicionismo se fue acentuando, y terminó de consolidarse a partir de 1988, con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Aquella herencia punitiva pervive,  y el panorama actual de la región revela que la tendencia a la criminalización del cannabis y sus conductas asociadas son la norma, con manifestaciones que incluyen sanciones administrativas y penales. Exceptuando el caso atípico de Uruguay, ser persona usuaria de drogas en las Américas implica el riesgo de ser alcanzado por la ley penal.

Crece la ola

Pero la región también está a la vanguardia de procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis. Sobre eso trata el libro, ‘Cannabis en Latinoamérica: la ola verde y los retos hacia la regulación’, el resultado de dos años de trabajo de los integrantes del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), un grupo integrado por investigadores de 11 países de las Américas, incluido Dejusticia.

Con una mirada regional y crítica sobre el panorama normativo alrededor de las sustancias psicoactivas, el documento analiza la forma en que las leyes punitivas de drogas afectan de manera desproporcionada a los usuarios, cultivadores y pequeños vendedores de cannabis, pero también muestra las victorias legislativas y electorales que se han promovido en algunos países, y que marcan un pulso hacia la reforma en la región.

En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico, mientras en 2018 Canadá hizo lo mismo y se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis.

México parece estar comprometido en un rumbo similar, con el respaldo del gobierno de Andrés López Obrador. Al momento de redactar este informe estaba pendiente una iniciativa legislativa ante el Congreso mexicano para regular el mercado de marihuana.

Al mismo tiempo, la marihuana medicinal crece a pasos agigantados. En Estados Unidos, 33 de 50 estados y el distrito de Columbia admiten el uso médico del cannabis. Este uso es legal en Canadá desde 2001. En América Latina, alguna forma de cannabis medicinal está permitida en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Al cierre de esta publicación Ecuador había realizado una serie de reformas a su Código Penal que abren la posibilidad de desarrollar vías de acceso al cannabis con fines “terapéuticos, paliativos o medicinales”.

Los países caribeños están revisando sus leyes de cannabis. En 2015, Jamaica reformó sus leyes para descriminalizar la posesión, permitir el cultivo de hasta cinco plantas y autorizar el uso con fines religiosos y medicinales. Recientemente, la Comisión Regional sobre Marihuana, de la Comunidad del Caribe (Caricom), concluyó que el régimen prohibicionista “no es apto para el propósito”, y que el régimen legal actual para cannabis/marihuana, caracterizado como lo está por la prohibición y sanciones penales draconianas, “es ineficaz, incongruente, obsoleto y profundamente injusto”.

Estados Unidos ha influido en las transformaciones de América Latina. Desde 2012, diez estados y el distrito de Columbia aprobaron iniciativas para regular el cannabis para usos no médicos (“recreativos”). Además, la mayoría de los ciudadanos de ese país hoy viven en estados con algún tipo de acceso legal a cannabis medicinal o recreativo, aun cuando la ley federal continúa prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta planta.

Si bien un cambio en el discurso no ha llevado a reformas significativas en la política interna de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (UN), la representación de los países de América Latina en esos espacios ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para promover el debate sobre el fracaso del paradigma prohibicionista, y la necesidad de explorar enfoques alternativos. Sin embargo, como suele ocurrir, esta retórica no ha sido igualada por la acción.

El fracaso de un modelo

 En medio de la falta de acción de gobiernos y de espacios multilaterales, esta investigación también muestra, desde diferentes ángulos, que el modelo de la prohibición frente a cannabis fracasó: no solo no ha logrado su propio objetivo, sino que ha generado efectos colaterales y costos en términos de los derechos humanos.

De hecho, para aquellas personas en países donde aún no existen mercados legales, las consecuencias de ser atrapadas con cualquier cantidad de cannabis pueden ser severas. Estudios previos del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) han mostrado que, a través de la región, las personas que usan cannabis se enfrentan a la estigmatización y el acoso por parte de la policía, y son a menudo detenidas por el cultivo de plantas o la posesión simple de la sustancia.

En varios de los países estudiados, los usuarios de cannabis constituyen un porcentaje significativo de las personas alcanzadas por las leyes penales de drogas. Muchas de ellas terminan sometidas al sistema penal y, en ocasiones, son derivadas a tratamientos compulsivos (o semicompulsivos), incluso cuando no presentan consumos problemáticos. En varios países avanzan modelos de “cortes de drogas” que repiten la lógica de derivar a usuarios a tratamiento mediante el sistema penal. En resumen, en la región las duras y desproporcionadas leyes relacionadas con el cannabis causan un daño significativo a las personas, sus familias, sus comunidades y a la sociedad en general.

Este panorama es un urgente llamado a reconocer los daños que ha causado la política actual, así como a pensar en medidas políticas y reglas basadas en evidencia científica, y en los principios de derechos humanos, salud pública y desarrollo sostenible. Los mercados legales y regulados, que se fundamenten en estos principios, tienen la potencialidad de reparar daños y mejorar condiciones de vida para las poblaciones que se involucran con el cannabis.