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Cárcel, justicia y paz

Rodrigo Uprimny Yepes
septiembre 5, 2016

Publicado en: El Espectador

Una crítica recurrente de los opositores al acuerdo de paz es que se trataría de una paz con impunidad, pues no habría cárcel para todos los responsables de crímenes atroces, como secuestro, desaparición, asesinato, masacres o violaciones, conocidos técnicamente como crímenes internacionales.

 

Muchos colombianos, indignados por estas atrocidades, comparten esa objeción y están dispuestos por esa razón a votar negativamente el plebiscito, pese al riesgo de que la guerra con las Farc retorne.

Esta objeción debe entonces ser examinada pues es central para la suerte del plebiscito y de la paz. Pero es una discusión difícil y polarizada, que genera emociones encontradas y descontroladas, lo cual es hasta cierto punto normal, pues remite a una clásica pregunta de la llamada justicia transicional: ¿cómo encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la paz negociada y los esfuerzos por satisfacer los derechos de las víctimas y sancionar las atrocidades cometidas en la guerra?

La respuesta no es fácil, ni en Colombia ni en el mundo, pues la paz y la justicia pueden ir en la misma dirección en el largo plazo, pero en el corto plazo están en tensión: los crímenes atroces merecen penas severas pero ese tipo de sanciones hace imposible una paz negociada.

Lo paradójico es que en Colombia este debate debería ser más tranquilo pues nuestra discusión ha evolucionado y hemos llegado a importantes consensos: hoy la discusión no es si debe o no haber justicia frente a esas atrocidades, sino únicamente sobre el grado y la forma de la sanción.

Explico el punto: el acuerdo de paz excluye de amnistía a los crímenes internacionales, por lo que los responsables de esas atrocidades serán sancionados; señala que irán a cárcel de 15 a 20 años aquellos que sean condenados sin haber aceptado su responsabilidad; y que también irán a la cárcel de cinco a ocho años (igual que los paramilitares en justicia y paz) aquellos que reconozcan tardíamente la verdad y su responsabilidad. Los únicos que no van a la cárcel son aquellos que de manera inmediata reconozcan plenamente la verdad y su responsabilidad, pero estos también tendrán una sanción que puede llegar a ser tan dura o significativa como la cárcel, pues incluye la restricción efectiva de la libertad personal de cinco a ocho años para realizar labores reparadoras, que incluyen actividades como el desminado, en donde la vida está en riesgo.

El debate está entonces reducido a esta discusión: ¿debemos votar No para insistir en que los responsables de crímenes atroces que reconozcan inmediatamente verdad y responsabilidad vayan en todo caso a la cárcel, aunque eso ponga en riesgo la paz? ¿O podemos aceptar en nombre de la paz que es suficiente (e incluso mejor) que cumplan por un tiempo igual una sanción alternativa, que bien ejecutada es significativa, rigurosa y puede incluso ser socialmente útil?

Yo acepto la segunda opción. Y creo que Fatou Bessouda, la fiscal de la CPI, también. Pero el tema de la cárcel es tan central en el debate del plebiscito que en otros escritos, en los próximos días, lo seguiré abordando.

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