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Caso de indígenas de Bojayá que no pudieron votar en el plebiscito, a punto de llegar a la Corte

Dejusticia
septiembre 14, 2017

A través de una tutela un grupo de emberá reclamó sus derechos a la participación política y a la igualdad, porque por su situación económica y la lejanía en que viven les fue imposible desplazarse a refrendar el Acuerdo de Paz. Dejusticia, organizaciones de derechos humanos y líderes indígenas solicitaron a la Alta Corte revisar el caso.

 

Aunque el 2 de octubre del 2016 el 95,78% de los habitantes de Bojayá (Chocó), que fueron a las urnas a refrendar el plebiscito por la paz, le dijo Sí al acuerdo entre el Gobierno y las Farc, triunfó el No y la población quedó sumida en una profunda desazón. La razón: casi el 70% de quienes habitan este municipio, que sufrió uno de los hechos más trágicos del conflicto armado, no pudo votar. Los pobladores aseguran que gran parte de ellos no lo hicieron porque les fue imposible desplazarse hasta las urnas, ya que viven en sitios remotos y no tuvieron los medios económicos para hacerlo.

Quizá los más afectados fueron los pueblos indígenas. Por esto, quince líderes y gobernadores emberá, acompañados por Dejusticia, interpusieron una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, argumentando que en ninguno de los asentamientos de las 32 comunidades indígenas de Bojayá se dispusieron mesas electorales, y que además el Estado no cuenta con medidas para facilitar el voto de sus miembros que no hablan español.

Este hecho, aparte de frustrar la intención de las comunidades de pronunciarse en un tema fundamental para ellos (el fin de la guerra con las Farc), representa un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los sujetos de especial protección constitucional, como son los pueblos indígenas, lo cual afecta la participación en futuras elecciones.

En la tutela, los líderes y gobernadores indígenas sostienen además que sus comunidades tienen que enfrentar difíciles obstáculos para poder votar, como las largas horas de viaje en bote hasta los centros de votación más cercanos, las difíciles condiciones de navegabilidad de los ríos, los altos costos de desplazamiento y manutención durante la jornada electoral y, en no pocas ocasiones, las condiciones de orden público de la zona.

De acuerdo con un estudio de la Misión Especial Electoral, el acceso a puestos de votación en municipios con territorios indígenas es preocupante: una tercera parte de ellos (82 municipios) presenta dificultad extrema de acceso a puesto de votación, los cuales concentran el 45% de los resguardos indígenas del país (un total de 378). Chocó es el departamento con más número de resguardos indígenas en zonas con dificultad para acceder a puestos de votación, y Bojayá está catalogado como un municipio con “dificultad extrema”.

Esta tutela fue rechazada en primera y segunda instancia, y ahora está a la espera de ser seleccionada por la Corte Constitucional. Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y la Ruta Pacífica de las Mujeres, al igual que varios líderes indígenas, enviaron una solicitud a la Alta Corte para que tenga en cuenta este proceso, argumentando que se trata de un caso relevante puesto que involucra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a participar en mecanismos de participación democrática y al voto. Precisamente, lo sucedido con los emberá de Bojayá pone en evidencia la necesidad de que se proteja constitucionalmente el uso y la promoción de las lenguas y los dialectos indígenas en las relaciones entre la administración pública y estas comunidades.

También, argumentamos que existe la obligación de salvaguardar los derechos a la participación política, al voto y a la igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas y demás grupos históricamente discriminados. Y hacemos especial énfasis en que esta tutela busca materializar un enfoque diferencial que no solo tenga en cuenta la condición étnico-cultural y de víctimas de las comunidades, sino también el género de sus miembros. Esto, teniendo en cuenta que para las mujeres emberá es aún más difícil ejercer estos derechos dado que la gran mayoría no habla español.

El caso de las comunidades indígenas de Bojayá, que no pudieron pronunciarse sobre el proceso de paz, está a punto de llegar a la Corte. La selección de esta tutela no sólo representaría una oportunidad para proteger los derechos a la participación política de esta comunidad, sino también de todas aquellas que históricamente se han visto relegadas de los mecanismos de participación democrática.

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