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“Reductio ad barbosam”

Si tenemos un sistema de elección que pueda conducir a la escogencia como fiscal general una persona como Francisco Barbosa, con sus problemas de ineficiencia, falta de independencia, arrogancia y utilización política del cargo, deberíamos considerar erróneo e inaceptable ese sistema.

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Por un debate razonado sobre política criminal

En la carta que envió Claudia López sobre el proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria que piensa presentar el Gobierno hay al menos cuatro inexactitudes. En esta columna, Rodrigo Uprimny invita a la alcaldesa de Bogotá a pensar en nuevas estrategias para enfrentar el problema carcelario.

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Mi primera navidad como una mujer libre

Este es el relato de Claudia Cardona, activista por los derechos de las mujeres privadas de libertad y sus familiares. Aquí nos cuenta cómo fueron sus navidades en la cárcel el Buen Pastor y cuál es la esperanza que hoy tienen las madres cabeza de hogar que permanecen en prisión.

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Justicia restaurativa

Aunque su ejemplo de robo de celulares pudo no ser el mejor, el ministro de Justicia Osuna tiene toda la razón en que debemos reenfocar la política criminal y recurrir menos a la cárcel y más a mecanismos de justicia restaurativa, como lo recomendó el informe de la Comisión Asesora de Política Criminal de 2012,…

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Una masacre inexplicable

Hay un hecho reciente que tiene conmocionada a toda la región, relacionado con la masacre de 3 jóvenes civiles en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo. Este hecho, al parecer, sucedió en medio de un operativo que la Policía de Sucre desarrollaba en contra del Clan del Golfo.

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¿Qué hacer con la Procuraduría?

La propuesta de eliminar la Procuraduría está bien orientada, pero tiene dos riesgos: que la Corte Constitucional considere que su eliminación sustituye parcialmente la Constitución y no puede hacerlo el Congreso sino que requiere una constituyente; y que quedemos con una Fiscalía demasiado poderosa ya que asumiría tareas de la Procuraduría.

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La crisis delegada: hacinamiento en estaciones de policía y URIs

Durante la pandemia, el Gobierno Nacional suspendió los traslados de personas privadas de la libertad en estaciones de policía hacia las cárceles nacionales, lo que generó hacinamiento en las primeras. Ahora, por decisión de la Corte Constitucional, los municipios y departamentos tendrán la carga de la crisis carcelaria que el Gobierno Nacional se ha rehusado por años a resolver.

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Todavía hay jueces en Colombia

Los tres casos que presento en esta columna muestran que, a pesar del grave deterioro del Estado de derecho ocurrido durante el gobierno Duque, podemos decir con algo de esperanza: “Todavía hay jueces en Colombia”.

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Jueces, policía, derechos y delincuencia

Las declaraciones coincidentes de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, contra los jueces penales, en especial los jueces de garantías, son lamentables. Los jueces deben poder decidir, en forma independiente y conforme a derecho, sin temor a represalias. De ello dependen nuestras libertades.

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Las tres heridas

Hoy más que nunca deberíamos ser conscientes de que en Colombia la violencia termina despertando los viejos demonios del conflicto armado y que cuando eso ocurre la sociedad entera sale perdiendo y en particular las grandes mayorías insatisfechas que tienen buenas razones para protestar.

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Abusos judiciales y Estado de derecho

En las décadas que llevo leyendo y analizando decisiones judiciales, he encontrado pocas que sean tan arbitarias como el auto del pasado martes de la magistrada  Nelly Villamizar del Tribunal de Cundinamarca, que pretendió prohibir el paro nacional.

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Duque escoge a su juez

Que un tinterillo haga leguleyadas para que su caso quede en un juzgado amigable es hasta comprensible, pero que un expresidente recurra a esa artimaña es inaceptable. Peor aún que lo haga el presidente en ejercicio, pues es una ruptura del Estado de derecho que no creo que ningún juez vaya a validar.

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Sin verdad, sin justicia, sin confianza

Restaurar la confianza en las instituciones, especialmente en la Policía Nacional, debería ser la prioridad número uno en materia de seguridad hoy en Colombia. Mantener en la impunidad las violaciones a derechos cometidas por miembros de la entidad, mientras se estigmatiza la protesta y se respalda a quienes agreden a la ciudadanía sólo lo va a empeorar.

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La puerta del magistrado Bernal

El magistrado Carlos Bernal llegó a la Corte Constitucional para defender una agenda cristiana que supedita la Constitución al Antiguo Testamento, renunció a su cargo después de tres años para salir a litigar con EPM, y desconoce sus propios principios, saliendo por la misma puerta que antes condenaba.

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Solicitamos a la Corte Constitucional ampliar el Decreto de excarcelación eliminando algunos apartados inconstitucionales

En el marco de la revisión del Decreto Legislativo 546 de 2020, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucionales varios apartados porque contrarían la Constitución Política y hacen que el Decreto sea insuficiente para proteger a las personas privadas de la libertad en la pandemia del coronavirus

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Objeciones del Fiscal ponen en riesgo a la población reclusa

El Coronavirus representa un grave riesgo para la población privada de la libertad, especialmente por el hacinamiento que afecta a la gran mayoría de establecimientos de reclusión en el país. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación se ha opuesto a los proyectos de excarcelación del Ministerio de Justicia que buscan proteger a esta población, basado en argumentos errados o que carecen de sustento y que, por tanto, obstaculizan de manera injustificada las medidas de protección que el Estado debe adoptar.

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Estado chico, infierno grande

Las decisiones tomadas por el Gobierno en la última reforma tributaria han dejado al Estado sin los recursos públicos necesarios para asegurar el mínimo vital de millones de hogares que dependen de la economía informal y que tienen un gran riesgo de quedarse sin ingresos durante el periodo de la cuarentena impuesta desde el pasado 25 de marzo.

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V Informe de la Comisión de Seguimiento de Cárceles responde al Gobierno Nacional sobre situación carcelaria

Frente a la crisis carcelaria, el nuevo Gobierno Nacional ha presentado planes y medidas que pretenden aliviar la grave situación humanitaria que enfrentan las cárceles. Sin embargo, la Comisión de Seguimiento encuentra que el Gobierno tiene serias falencias en su acercamiento al problema, como su falta de coherencia en sus propuestas, su omisión de problemas como la corrupción, entre otros.

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Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 responde a la Corte Constitucional sobre hacinamiento en estaciones de policía y URIs

Debido a la grave situación de hacinamiento y de derechos fundamentales que enfrentan los centros de detención transitoria del país (estaciones de policía y URIs), la Corte Constitucional solicitó a la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 contestar a unas preguntas sobre cómo resolver la crisis. La Comisión concluyó que desmontar los aumentos punitivos y reformar la legislación penal es necesario para superar la crisis.

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El caso Arias y la “doble instancia”

El impacto del caso Arias es obvio, pues algunos sectores políticos, en especial del Centro Democrático (CD), consideran que su condena es injusta y fruto de una persecución política. Varios congresistas de la oposición se oponen a esa propuesta, pues consideran que la condena contra el exministro no es arbitraria y que no puede hacerse una reforma penal solo para beneficiar a una persona.

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Una Reforma a la Justicia para la Transición

A pesar de las discusiones y diferencias alrededor de los acuerdos de paz, el Gobierno colombiano enfrenta una etapa de transición que ya es una realidad y, con ella, una deuda histórica en materia de justicia. Las reformas judiciales que presente están profundamente relacionadas con el éxito de dicha transición y la prevención de nuevos conflictos.

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¿Puede un espejo resolver la crisis carcelaria?

La actual crisis carcelaria cumple ya 4 años de haber sido declarada y, aunque existe un consenso en que la solución yace en una reforma a la política criminal que reduzca el uso de la prisión, esta todavía no se ha reformado. ¿Cómo puede Colombia construir una política criminal respetuosa de los derechos humanos y que, a su vez, pueda reducir el delito?

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Por una política criminal basada en la evidencia

Una política pública no evaluada produce graves efectos en una democracia, pues impide a la ciudadanía juzgar sus resultados y a los tomadores de decisión corregir sus errores. Hoy, Colombia necesita evaluar su política criminal para superar la crisis carcelaria, pues hasta ahora sus esfuerzos no están respaldados por una evaluación adecuada.

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Política criminal: una estrategia sin visión de conjunto

La política criminal debería ser una respuesta adecuada a las injusticias que se expresan en la comisión del delito. Sin embargo, en la actualidad, es una colcha de retazos, tejida al vaivén del discurso punitivista de la coyuntura. Se requieren reformas, es cierto, pero para hacerlas debe verse al sistema penal como un conjunto.

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Ni elitista ni populista. Apuntes sobre política criminal reactiva en Colombia

La respuesta punitiva a cualquier evento de coyuntura ha llevado a que la política criminal colombiana sea incoherente y desproporcionada, sin que haya un efecto disuasivo real sobre la comisión de nuevas conductas delictivas. La superación de una política criminal populista pasa por una verdadera inclusión ciudadana bajo condiciones de deliberación argumentada.

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La distorsión del castigo

En una democracia robusta, la facultad para castigar que tiene un Estado debe aplicarse en proporción al daño causado. En Colombia las repetidas reformas a la política criminal hacen precisamente lo opuesto, castigando excesivamente conductas que no son tan nocivas.

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Cárceles: lo que la fuerza no puede

Las políticas de “mano dura” contra el delito de muchos Estados de América no sólo han llevado a una crisis de las cárceles del continente, sino que no han reducido la criminalidad y la reincidencia. Un sistema penitenciario más humano, y no un sistema penal del terror, parece ser la solución que nuestro continente necesita.

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Dejusticia y Elementa solicitan al Congreso no aprobar las medidas desproporcionadas de un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana

Entregamos al Senado un análisis al Proyecto de Ley 060 de 2018, presentado por La Fiscalía, y en el que solicitamos a los legisladores rechazar el texto. La persecución penal a personas que consumen sustancias psicoactivas y los aumentos punitivos excesivos tienen graves problemas de constitucionalidad y profundizarían la crisis carcelaria.

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Fisca-líos

¿Qué fiscal o juez hoy tiene la capacidad y el poder para enfrentarse a intereses tan poderosos como los que representa y defiende Martínez Neira?

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Ordóñez embajador: ¿Gobierno en bajada?

¿Cómo creer en el compromiso con la legalidad y la lucha contra la corrupción del presidente Duque, que nombra a Alejandro Ordóñez, cuya reelección fue anulada por haber cometido un acto de “gran corrupción”, como nuestro embajador ante la OEA?

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Lecciones jurídicas de la consulta

Es equivocado prever “umbrales de participación”, ya que desestimulan la participación, pero no conviene tampoco suprimir de tajo cualquier idea de umbral, pues no es bueno que una consulta sea vinculante incluso si es aprobada por una ínfima minoría de ciudadanos movilizados.

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Disciplina para la justicia

La justicia no puede seguir con un esquema disciplinario en interinidad indefinida; tampoco puede seguirse sin un plan de implementación de la reforma de Equilibrio de Poderes. Por eso, desde Dejusticia y junto con la Corporación Excelencia en la Justicia, hemos lanzado la campaña #DisciplinaParaLaJusticia.

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Ya es hora de que se implemente el nuevo órgano disciplinario de la rama judicial que creó la Reforma de Equilibrio de Poderes

A casi tres años de la Reforma de Equilibrio de Poderes, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que debería ser la autoridad máxima del sistema disciplinario de la Rama Judicial no se ha implementado. La Corporación Excelencia para la Justicia y Dejusticia solicitan a MinJusticia y al Consejo Superior de la Judicatura tramitar la regulación necesaria para realizar la convocatoria de los magistrados.

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Una JEP de puertas abiertas

Hasta ahora, pocas decisiones tomadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han estado libre de polémica. No podría ser de otro modo: se trata de una nueva y compleja institucionalidad enfrentada a múltiples retos, que además todavía carece de una regulación completa que oriente sus providencias.

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Inercia paralizante

La falta de regulación propicia la privatización del ejercicio profesional, lo cual crea grandes diferencias de calidad y costo, que son el principal obstáculo para que los protagonistas de la profesión dejen de lado sus afiliaciones particulares y piensen en el derecho como una profesión pública.

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¿Unificar las cortes?

Los argumentos esgrimidos para sustentar la propuesta son debatibles. Así que antes de pensar en unificar las cortes, deberíamos dimensionar el problema de la jurisprudencia contradictoria y analizar distintas vías para afrontarlo; del mismo modo que la posible reducción de costos que ofrecería.

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¿Una sola corte?

El problema de “una sola corte” propuesta por el uribismo es que en la situación concreta de Colombia aporta muy poco a la solución de los problemas de nuestra justicia y, en cambio, presenta muchos riesgos.

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Aristocracia judicial

Antes, los abogados conformaban una especie de aristocracia jurídica que se protegía a sí misma con autorregulación ética y social. Con la democratización de la profesión han ocurrido cambios buenos, pero también problemas como el ingreso de magistrados mediocres a las altas cortes.

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¿Qué reformas para la justicia?

Varios candidatos a la Presidencia proponen una reforma a la justicia; incluso algunos han dicho que harán una Asamblea Constituyente para lograrlo. Pero más allá de eso, los candidatos podrían discutir políticas que fortalecerían el acceso y la legitimidad de la justicia.

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Inhabilidades

La decisión del Senado de prohibir que se posesionen como magistrados de la JEP personas que hayan litigado en derechos humanos contra el Estado, es groseramente inconstitucional.

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Estigmatizar para eludir

En vez de responder y explicar los nombramientos inconstitucionales, Ordóñez ha decidido estigmatizar a quienes los revelamos. Ha dicho, por ejemplo, que Dejusticia lo ha criticado porque él se habría abstenido de darnos contratos. Hemos demostrado en respuestas públicas que eso es falso.

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¿Tutelitis o abusitis?

Las reformas a la justicia deben partir de análisis integrales. Esto no significa que no puedan incorporar herramientas específicas para enfrentar ciertos problemas como la congestión judicial. Significa que en ciertos asuntos, las reformas deben tener una visión de Estado.

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Comisión de aforados

Una salida viable y rápida a la crisis de la justicia sería modificar el Reglamento del Congreso para crear, por reforma legal ordinaria y no por reforma constitucional, una comisión de aforados que reemplazaría en lo fundamental a la comisión de acusaciones.

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Contra lo malo: transparencia

Mientras se toman medidas más profundas para enfrentar la grave crisis judicial que vivimos, las propias Cortes y la Fiscalía deben adoptar acciones inmediatas de transparencia para enfrentar la corrupción y que la ciudadanía recobre algo de confianza.

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La puerta del Estado

Del escándalo en la Corte Suprema lo primero que sorprende es la mediocridad de los magistrados involucrados, pero lo más grave son los indicios de un red de corrupción. De confirmarse, este sería el peor horror institucional de las últimas décadas.

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El DAS, un elefante furioso

Jorge Noguera fue condenado por diseñar y poner en marcha una organización criminal al interior del DAS para cometer delitos contra organizaciones de derechos humanos, periodistas y opositores del gobierno.

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Desinformación judicial

No sabemos realmente cuántos casos recibe y resuelve el sistema de justicia al año. Tampoco sabemos cuántos casos civiles, laborales o de familia se registran, ni cuántos casos de ciertas conductas como la violencia intrafamiliar se tramitan en el país. Y esta falta de información confiable parece no importarle a nadie.

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Es necesario consolidar la JEP lo más pronto posible: comunicado

Dejusticia, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia, celebran el paso definitivo que significó la dejación armas por parte de las FARC-EP para la terminación del conflicto y recalcan la importancia de consolidar la Justicia Especial para la Paz como el siguiente paso fundamental.

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Ampliar la lista

La demora de la Corte Suprema de Justicia para elegir la terna, de donde saldrá el magistrado que falta en la Corte Constitucional, puede deberse a la lista de los 31 inscritos. Al parecer sus nombres no parecen generar el suficiente consenso entre los magistrados.

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Inocencia y cárcel

No todas las personas que han sido privadas de la libertad han debido estar en la cárcel. En el 2013, por ejemplo, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado estaba conciliando 13.385 pleitos por privación injusta de la libertad.

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Corte al “fast track”

La sentencia de la Corte sobre fast track podría ser una oportunidad para lograr una mayor legitimidad democrática del acuerdo de paz, pues las nuevas reglas de juego exigen la construcción de consensos más sólidos en el Congreso.

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¿Cabe el exministro Diego Palacio en la justicia transicional?

El martes causó revuelo en los medios la noticia de que el ex ministro de la protección social Diego Palacio presentó una solicitud para someterse a la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y suscribió un acta de compromiso para que le otorgaran la libertad condicionada que la Ley de Amnistía ampara. Esta…

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Populismo y encarcelamiento en las Américas

Una nociva tendencia se incrustó en la región desde hace años. Consiste en creer que la cárcel es la única forma de combatir la criminalidad y en estigmatizar a ciertas poblaciones como “criminales”.  Como resultado, los políticos incrementan las penas y los delitos, la sociedad pide más cárcel, los medios de comunicación dicen que la inseguridad es alta, el hacinamiento carcelario aumenta y la xenofobia se extiende. Todo esto sin que la cárcel muestre que es efectiva y eficiente.    

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Detención disfrazada de protección

El nuevo Código de Policía crea una facultad para la policía llamada “traslado por protección”(artículo 155). El nombre parece bondadoso, pero este medio de policía, tal y como está diseñado, viola los derechos fundamentales y será una fuente de detenciones arbitrarias contra los ciudadanos más vulnerables.

 

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Una Corte independiente para la paz

Una Rama Judicial independiente es fundamental para la construcción de un país en paz, sobre todo en este ambiente tan polarizado. Por eso, las decisiones judiciales en materia de paz deben ser jurídicamente sólidas y no deben filtrarse sin ser adoptadas.

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La consejera y su última decisión

En Colombia hay cada vez más jueces que se alejan de la visión formalista de la ley, buscando mejorar la condición humana y el Estado de derecho a través de inteligencia, equilibrio, rectitud, paciencia, persuasión y compromiso.

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El crimen organizado contra los jueces

México se estremeció por el reciente asesinato del juez Vicente Bermúdez, ocurrido en el espacio público, a plena luz del día. Bermúdez fue conocido por adoptar decisiones judiciales en casos contra el crimen organizado, como los relacionados con Joaquín Guzmán Loera y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desafortunadamente, no es el único caso de un juez asesinado en México, ni este es el único país de la región donde ha ocurrido algo así.

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El déjà vu de los baldíos: la Corte Constitucional puede evitar que nos devolvamos un siglo

“Una proporción importante de las grandes concesiones de baldíos entre 1849-1872 fue para la extracción de quina (…) Entre los comerciantes de quina que obtuvieron concesiones de baldíos figuran personas que contaban con fortunas apreciables, y otros que habían sido altos funcionarios del Estado o tenían vínculos con el alto Gobierno. Entre ellos también había inversionistas extranjeros. Un peso similar tuvieron otros productos de exportación como el tabaco, el caucho, el añil y el café (…)”.

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Importante elección de magistrados

Dos importantes elecciones judiciales avanzan silenciosamente: la de
cinco magistrados de la Corte Constitucional y la de siete miembros de
la Comisión Nacional de Disciplina. La primera implica la modificación
de la mayoría de la Corte y, con ello, la posible renovación de su
jurisprudencia.

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¿Un acuerdo de impunidad?

Muchos de quienes invitan a votar “No” en el plebiscito afirman que no están en contra de la paz negociada, pero que el acuerdo les parece inaceptable por la impunidad que consagra, debido a que no exige cárcel para todos los responsables de crímenes internacionales, como masacres, secuestros, desapariciones, reclutamiento de niños o violencia sexual.

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Columna

Cárcel, justicia y paz

Una crítica recurrente de los opositores al acuerdo de paz es que se trataría de una paz con impunidad, pues no habría cárcel para todos los responsables de crímenes atroces, como secuestro, desaparición, asesinato, masacres o violaciones, conocidos técnicamente como crímenes internacionales.

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El magistrado caballero

Alejandro Martínez Caballero, fallecido esta semana, fue magistrado de la Corte Constitucional en su momento fundacional. Y tuvo un papel esencial en la construcción de la identidad y de las grandes líneas jurisprudenciales de la Corte.

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Columna

“Sí, se trata de la raza”

Esas fueron las palabras del alcalde de Dallas, Mike Rawlings, en la vigilia celebrada después de que cinco policías fueron fatalmente baleados por un hombre armado durante una protesta pacífica de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan –BLM), organizada tras el asesinato de dos afroamericanos a manos de la policía. Entonces, hablemos de la raza.

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Despenalización del VIH

La criminalización de la VIH parecer ser una medida inadecuada para atender un
problema de salud pública como este y tiene efectos negativos sobre los
derechos de las personas que viven con VIH.

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Interinidad perjudicial para la justicia

Este año, la justicia atraviesa una interinidad que parece importar muy poco. Por un lado, el Consejo Superior de la Judicatura, que subiste hasta que termine el periodo de transición de la reforma de Equilibrio de Poderes, tiene menos de la mitad de sus magistrados en propiedad.

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Libro del juicio final

Hace casi mil años, el entonces rey de Inglaterra Guillermo I tomó una decisión trascendental, de la cual podemos aprender los colombianos, si queremos tener un Estado más sólido y un sistema tributario más eficiente y equitativo.

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Columna

Requisas dependiendo del cliente

En Colombia no existe ninguna ley, decreto, sentencia, –no existe nada, ninguna regulación– que contenga expresamente algún criterio que le indique a los policías cuándo y a quién pueden interceptar, requisar, pedirle papeles, etcétera.

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Columna

Discutamos sobre independencia judicial

Son diversas las noticias sobre los ataques contra la independencia judicial en la región. Pero una gran dificultad cuando se quiere discutir en torno al tema es que todo se mete en una misma canasta, entorpeciéndose no solo el análisis de las vulneraciones que sufre en cada país, sino la posibilidad de debatir seriamente sobre ella.

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Morir en la UPJ

El pasado sábado 5 de diciembre, entre las 9:15 y las 10:20 de la noche, una persona trans murió mientras estaba detenida por la Policía en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda en Bogotá.

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El procurador y el Palacio

Está muy bien que el procurador saque un comunicado en memoria de los magistrados y los miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida en la toma y contratoma del Palacio de Justicia. Lo malo es que esa actitud contrasta con su silencio e insensibilidad frente otras víctimas de esos hechos: los desaparecidos y sus familias.

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Columna

Dejusticia: una década pensando cómo hacer paz con justicia

Los últimos diez años han sido vertiginosos en materia de paz y derechos en Colombia. El país ha convivido con un enorme contingente de desmovilizados, ha visto crecer un dinámico movimiento de víctimas del conflicto y, para dar cuenta de ello, ha sido testigo de la creación y el desarrollo de un sinnúmero de leyes e instituciones oficiales encargadas de cientos de procedimientos para víctimas y excombatientes.

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Columna

El Estado T.V.

Las cámaras de seguridad no han probado su eficacia para combatir el crimen, pero sí han probado su utilidad para invadir la privacidad y encarcelar gente injustamente.

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La infamia contra Carolina

La Fiscalía puede haber violado el derecho a la intimidad de Carolina Sabino de tres formas: la investigó por un asunto privado que no le interesaba a terceros, al parecer trató de usar como prueba una conversación familiar y reveló esta información a todos los medios del país.

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Una terna de mujeres

El reemplazo de Mauricio González en la Corte Constitucional le brinda al presidente Santos una oportunidad de oro: avanzar decisivamente en lograr una mayor equidad de género en las cortes.

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La caja china

En materia de seguridad parece que a las autoridades hoy día les importa más la percepción que la acción. Cuando lo que vale es lo que los ciudadanos perciben, las estrategias se encaminan más al marketing de los problemas que a las soluciones de fondo.

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La nulidad del procurador

El procurador, en una entrevista el pasado miércoles, afirmó que las demandas que buscan que el Consejo de Estado anule su reelección no tienen ningún fundamento jurídico pues están motivadas por intereses políticos y criminales.

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Descalificar no es debatir

La democracia es el gobierno a través de la discusión pública pues pretende que la sociedad adopte decisiones colectivas mejor informadas y más justas, gracias al debate público, racional y transparente, de los asuntos colectivos.

 

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Abogados sofisticados

Cuando se buscan responsables de la crisis de la justicia, se señala a los impresentables: al abogado que dice ante los micrófonos que “la ética nada tiene que ver con el derecho,” o a su cliente, el magistrado que pone en práctica la frase y maniobra para dilatar la investigación que se adelanta contra él en el Congreso.

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¿Una monstruosidad jurídica?

El superministro Martínez calificó de “monstruosidad” que rayaba en la “inmoralidad” la propuesta de que en el Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que reemplazaría al actual y desprestigiado Consejo de la Judicatura, pudieran participar, con voz y voto, los abogados.

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Corporativismo judicial

La fórmula de integración del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que reemplazaría al desacreditado Consejo de la Judicatura, y que fue aprobada en séptimo debate, es un tris mejor que la que venía, pero sigue siendo bastante mala, pues no prevé que haya en el autogobierno judicial voces externas independientes de los jueces y magistrados.

 

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¿Ganaron las cortes?

La reforma al gobierno judicial contenida en el proyecto de equilibrio de poderes tiene elementos positivos pero también “detalles” muy graves que, de no corregirse en esta recta final, no sólo frustrarían su potencial modernizador sino que implicarían incluso un retroceso.

 

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Una carta problemática

LA CARTA FIRMADA POR EL FISCAL general y los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo de la Judicatura, en donde critican ácidamente la reforma a la justicia contenida en el proyecto de equilibrio de poderes y piden su hundimiento, tiene tanto de bueno, como de malo y feo.

 

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Los colados de Transmilenio

EN TODAS LAS SOCIEDADES HAY UN porcentaje de individuos que viola las normas. Ese porcentaje suele ser menor al 1% cuando se trata de delitos como el homicidio, el robo o la agresión física; y rara vez es mayor al 10% cuando se trata de normas ciudadanas, como el respeto de la fila o del semáforo.

 

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Procurando la ilegalidad

El Procurador tiene derecho, como persona, a estar en contra de la eutanasia, pero es ilegítimo que abuse de sus funciones para imponer su visión religiosa. Eso hizo al presionar al ministro de Salud para que no cumpliera una orden de la Corte Constitucional sobre eutanasia.

 

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El salario de los maestros

En una sociedad justa, el mérito y el esfuerzo se ven reflejados en la remuneración que una persona recibe por su trabajo. Esta idea está bien ilustrada en una célebre frase de Bill Clinton: “si usted trabaja duro y no viola las reglas, puede esperar que el país le dé la oportunidad de tener una vida decente y que sus hijos tengan una vida mejor que la suya”.

 

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Carlos Gaviria: nuestro Sócrates

CARLOS GAVIRIA FUE PARA MUCHOS colombianos un gran magistrado y un político de izquierda democrática, que descolló por su inteligencia, sus visiones renovadoras y su comportamiento ético intachable. Y claro que fue eso.

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El deber de renuncia

La negativa del magistrado Pretelt a renunciar por las graves acusaciones en su contra plantea una pregunta, que es abstracta pero relevante no sólo en este caso sino en otros semejantes: ¿existe o no un deber de que un servidor público renuncie en esas circunstancias?

 

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Columna

Hans Kelsen en el trópico

Abelardo De la Espriella, el abogado de Jorge Pretelt, publicó esta semana una columna en El Heraldo, en donde responde a quienes lo criticaron por decir que la ética no tiene nada que ver con el derecho.

 

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La Corte en su laberinto

LAS ACUSACIONES CONTRA EL magistrado Pretelt y los exmagistrados Rojas y Escobar de la Corte Constitucional (CC) son muy graves y no son deleznables. Es sano que generen un fuerte rechazo ciudadano y que exijamos que haya claridad, que se establezcan responsabilidades y que se adopten correctivos más globales. Pero es necesario distinguir entre las posibles culpas individuales y los problemas institucionales de la CC.

 

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El derecho y la ética

Las sociedades que viven de escándalo en escándalo, como la nuestra, padecen de una especie de esquizofrenia colectiva. Cada hecho de corrupción produce dos tipos de reacciones opuestas: mientras unos, los moralistas, se rasgan las vestiduras y claman por castigos ejemplarizantes, los otros, los cínicos, levantan los hombros y dicen que no ha pasado nada mientras no exista sentencia condenatoria.

 

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Columna

Preservar la Corte

Hay dos formas de ver la justificada indignación ciudadana y mediática frente a las gravísimas acusaciones contra el magistrado Jorge Pretelt y los exmagistrados Rodrigo Escobar y Alberto Rojas. Y dos formas de salir de la crisis que significan para la Corte Constitucional.

 

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Reconociendo la verdad

Romper el silencio de los actores armados sobre la violencia sexual, como lo dijo Bangura –Representante de la ONU- es uno de los primeros pasos necesarios para garantizar la verdad y la justicia a las víctimas.

 

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Paz y cárcel

La magia de la cárcel es crear la ilusión de resolver los problemas, cuando apenas los oculta o los pospone. Es la forma de barrer bajo la alfombra la incapacidad de enfrentar nuestros dilemas: prisión para los discriminadores, para los conductores ebrios, para los jóvenes que consumen droga.

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Columna

El derecho no es neutral

 

Es fundamental que todo el sistema de justicia, desde la investigación en la Fiscalía hasta la sentencia en un juzgado, no sea neutral en términos de género.

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Columna

¿Justicia transicional integral?

 

Tiene razón el expresidente Gaviria en que un acuerdo de paz equitativo y sostenible en Colombia tal vez requiera mecanismos de justicia transicional no sólo para las guerrillas que pacten la paz, sino también para los otros actores del conflicto, incluyendo agentes estatales y financiadores.

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Columna

Sexo y moral

 

En los orígenes del cristianismo el sexo no tenía mayor importancia. La esencia del mensaje de Jesús de Nazaret, dicen los teólogos, se resumía en dos ideas : amar al prójimo y prepararse, con la fe y el arrepentimiento, para la llegada del Juicio Final.

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Prejuicios gais

 

La promiscuidad, la inestabilidad, la pedofilia, el VIH, entre otras opiniones, amenazan la vida y el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTI.

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Novela colectiva

 

Al decidir un caso, cuando la ley es ambigua, ¿debe un juez anteponer sus convicciones morales, incluso si al hacerlo afecta la coherencia de la jurisprudencia? ¿O debe proteger la consistencia del derecho, aunque esto colisione con su moral personal?

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Columna

¿En favor de los niños?

Si realmente la adopción por parejas del mismo sexo representara un riesgo para el adoptado, yo me opondría a esa posibilidad pues la adopción existe para que un niño sin hogar logre una familia, y no tanto para que los padres adoptantes puedan tener un hijo. El derecho prevalente es entonces el de los niños a ser adoptados.

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Columna

Falsos positivos y fuero militar

El proyecto de Reforma Constitucional que pretende ampliar el fuero militar, impulsado por el Gobierno y apoyado por casi todas las fuerzas políticas, probablemente implicará que muchos de los llamados falsos positivos, que hoy conoce la justicia ordinaria, pasen a la justicia militar, con enorme riesgo de que queden en la impunidad.

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Columna

Más cárcel, ¿más justicia?

ANIF, en el editorial de su revista Carta Financiera de septiembre, plantea tácitamente la siguiente tesis: a mayor tasa de encarcelamiento (TE), que es la cantidad de presos por 100.000 habitantes, mayor es la eficiencia del sistema penal.

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Kant y la salud

¿Qué podría decir el gran filósofo Kant sobre la discusión, infortunadamente polarizada, sobre la tutela concedida a Camila Abuabara para que el Estado le financie un trasplante en Estados Unidos?

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El deber de descalificarse

Alejo Durán, el primer rey vallenato, y para muchos el más grande de los músicos vallenatos, no sólo nos dejó el legado de su bella música sino una enseñanza de dignidad y ética que merece ser recordada en esta época de tantas indignidades.

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Justicia sin jueces

Creo que no todos los conflictos deben escalar al sistema judicial para ser resueltos porque mecanismos como el acuerdo directo entre las partes sin que ningún tercero intervenga (llámese ese tercero juez, conciliador, árbitro, etc.) funcionan muy bien.

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Condenas erróneas en América Latina

Condenar y sancionar inocentes es una falla muy grave del sistema de justicia. Prevenir las condenas erróneas debe ser una prioridad, por lo que conocer sus causas es fundamental. Pero, ¿qué tan real es su existencia? La evidencia empírica sugiere que bastante real y merece la mayor atención.

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Reampliando el fuero militar

En primer debate fue aprobado el proyecto del Gobierno para ampliar la competencia de la justicia militar y revivir así la reforma constitucional, que fue anulada el año pasado por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.

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Articulado desarticulado

El trámite infortunado de la reforma a la justicia hace dos años deja una lección fundamental: si un proyecto de reforma pretende cambiar muchas partes de la Constitución pero carece de un claro propósito unificador, la situación es institucionalmente muy riesgosa, al menos por las siguientes tres razones.

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Una reforma sin norte

La llamada reforma para el reequilibrio de poderes, impulsada por el gobierno Santos, es una macrorreforma, pues busca modificar muchos aspectos de la Constitución, pero carece de una orientación clara.

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Las magistradas

Por primera vez después de más de 20 años, 3 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional son mujeres. Un dato que alegra pero que no deja de ser cuestionable.

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Federalismo

El prestigio de Francisco Maturarana se vino a pique cuando, después de un partido, dijo su frase más célebre: “perdimos, pero ganamos un poco”.

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Atrapados por la política

Después de ver salir de su cargo a dos magistrados, conocer la condena contra un ex ministro y escuchar a los jueces que tomaron estas decisiones dando explicaciones en la radio -todo en un par de semanas-, se han levantado de nuevo las voces que acusan a las Altas Cortes se dejaron atrapar por la política. Quienes lo hacen, quieren decir que la justicia está politizada, y que esto es negativo. Pero, ¿qué significa que la justicia esté politizada? ¿Es esto realmente nocivo?

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Solo el Estado de Derecho justifica demandar la reelección del Procurador

Algunos comentaristas, en especial twitteros, han planteado que la verdadera razón por la cual Dejusticia como institución y yo personalmente demandamos, junto con otras organizaciones, la elección del Procurador Ordóñez es porque Dejusticia habría tenido contratos de unos 700 millones de pesos anuales con el Procurador Maya, que habrían sido eliminados por Ordóñez.

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