Lo cuestionable de la contratación del chamán Jorge Gonzáles para que no lloviera durante la clausura del Mundial es que para este fin se destinaran recursos públicos (para la posesión del Presidente parece que se invirtieron recursos privados).

En principio, el dinero público no debería financiar la expresión de cultos religiosos. De esta manera el Estado preserva su neutralidad frente a las diferentes creencias religiosas, incluyendo a quienes no tienen ninguna.

Pero si las noticias acerca de Alejandro Ordóñez son ciertas, ¿qué diferencia habría entre el Distrito gastando en chamanes y el Procurador gastando en un Te Deum en la Catedral Primada, en un oratorio con imágenes del culto católico en el edificio de la Procuraduría, y en calendarios con citas bíblicas?

Las dos expresiones religiosas necesitan de la fe. No veo mucha diferencia entre creer que se está investido por Dios para evitar la lluvia y otras ideas que desafían la lógica racional tales como la inmaculada concepción o la consideración de que utilizar anticonceptivos es pecado.

Algunos dirán que la diferencia es que Iglesia tiene una estructura, un arraigo cultural y muchos seguidores. Pero esto en sí mismo no puede hacerla más merecedora de nuestros impuestos. De una parte, la neutralidad del Estado aplica independientemente de qué tan popular es un culto religioso. Y de otra, el nivel de apoyo de una idea no es una buena medición de su valor; la historia está plagada de ideas nocivas apoyadas por millones de seguidores.

Los servidores públicos de un Estado laico o neutro deben abstenerse de apoyar con nuestros recursos a cualquiera de estas ideas metafísicas. Pero el Instituto Distrital de Cultura y Deporte y el Procurador consideran algo diferente.