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Cinco años de restitución de tierras

Nelson Camilo Sánchez León
julio 16, 2016

Publicado en: El Espectador

Con la atención pública que han concentrado los recientes anuncios de paz ha pasado casi desapercibido el hecho de que la Ley de víctimas llegó a sus primeros cinco años de vigencia. La mitad de su vida útil si nos atenemos al plazo que se le otorgó.

 

Los balances sobre sus éxitos y fracasos van del fatalismo al triunfalismo. Desde quienes consideran que fue una estafa a las víctimas y que no ha servido absolutamente para nada, hasta quienes promueven que nunca antes el mundo había visto un sistema tan perfecto como este.

Basándome en la política de restitución de tierras, pensaría que la respuesta debería estar en algún lugar en el medio. La mayoría de evaluaciones que conozco miden la ley por el número de casos resueltos. Y en ese rubro los números dan para todo: a la ley le va bien si se contrasta con la justicia que había antes de su promulgación (que era cero), regular si se compara con las metas de ejecución que se fijó el Gobierno al momento de diseñar la política, o muy mal si se confronta con los estimados del despojo que se tenían antes de empezar la restitución.

Pero la política ha dejado otra serie de logros intangibles que son difíciles de medir, pero que aportan a la construcción de democracia e institucionalidad. Uno de ellos es haber regresado a la discusión política el tema de la tierra. Sin ese paso previo hubiera sido mucho más polémico y difícil abordar el punto de reforma rural en La Habana.

Además, a pesar de sus detractores, que siguen al acecho para ver cómo pueden echarla para atrás, la ley se ha consolidado como una victoria de las víctimas y un activo de la sociedad. Como relata Alejandro Reyes en su reciente libro, las Farc llegaron a la mesa postulando que la ley era una trampa del capitalismo y pedían revocarla; pero al final, en lo acordado en el punto de víctimas quedó claro que el compromiso a futuro es reforzarla.

Asimismo, la Corte Constitucional en la reciente sentencia C-330 de 2016 dejó sin piso a quienes critican la ley por su supuesto tratamiento injusto a los segundos ocupantes. La Corte reafirmó la fórmula que ya venían usando los despachos de tierras: brindar garantías en los procesos a los terceros vulnerables, sin abrir la puerta para que los testaferros y despojadores se salgan con la suya. Eso deja sin sustento los argumentos de un grupo que hace cabildeo en el Congreso para reformar la ley, a quienes habría que recordarles que uno de sus principales aliados, el procurador general, presentó un concepto a favor de lo que decidió la Corte.

Pero como sucede con estas políticas, el camino es largo y vamos empezando. El aniversario debería llevarnos a repensar dos aspectos necesarios para mejorar la política. El primero es responder dos preguntas sensibles: ¿Por qué existe una brecha tan grande entre las solicitudes que se esperaban (360.000) y las que se han recibido (90.000)? Y ¿a qué se debe que la mitad de las reclamaciones presentadas hayan sido inadmitidas por la Unidad de Tierras? Hasta ahora no ha habido respuestas con datos duros y análisis serios, sino simples conjeturas e intuiciones.

El segundo reto es articular el camino andado por la restitución con la implementación de lo que se acordó en La Habana, principalmente con la jurisdicción agraria pactada en el acuerdo rural. La restitución no nos llevará a solucionar todos los problemas de la tierra en el país, pero bien administrada puede ponernos en el camino correcto.

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