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Restitución de tierras

La Ley 1448 de 2011 fue prorrogada y tendrá vigencia hasta el 10 de junio del 2031. En el contexto de un nuevo gobierno consideramos que es fundamental poner en el centro del debate el proceso de restitución de tierras. | EFE

Cinco desafíos para el futuro de la restitución de tierras en Colombia

Los resultados que ha dejado la restitución de tierras en Colombia son desalentadores. Entregamos al nuevo gobierno algunas preocupaciones para los próximos diez años.

Por: Dejusticiaseptiembre 6, 2022

En medio de incumplimientos y numerosos retos, la Ley 1448 de 2011 tendrá que sortear una nueva década y un cambio de gobierno. Por eso, ante la necesidad de fortalecer el marco general de garantía del derecho de las víctimas a la reparación, consideramos que es fundamental poner en el centro del debate el proceso de restitución de tierras.

Sin embargo, existe una fuerte discusión en relación con las cifras y sus variables. Por ejemplo, el universo actual de solicitudes de restitución no coincide con el que se proyectó en el CONPES desde 2011 y la Corte Constitucional no se volvió a pronunciar para replantear la cifra inicial del CONPES. Insistimos en que la cifra que se proyectó para el universo de solicitudes de restitución no puede ser estática, pues el desplazamiento forzado continúa en Colombia.

Varios aspectos de la política pública siguen careciendo de información básica para hacerles seguimiento. Por ejemplo, aquel relacionado con el número de familias y hectáreas de tierras que deben ser restituidas. En 2011, un Documento CONPES hizo una proyección al respecto. No obstante, 10 años después el número de peticiones recibidas – y el número de casos resueltos y hectáreas entregadas– está muy por debajo de la proyección que hizo el gobierno en ese entonces. Y esta discrepancia no tiene en cuenta que el desplazamiento y el despojo no han parado en estos diez años. En consecuencia, el estimado inicial de 2011 debe ser revaluado y, dada la continuidad de la violencia, todo estimado debe ser dinámico e incluir los nuevos despojos.


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Recordamos que la restitución de tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado y que la Ley 1448 de 2011 tendrá vigencia hasta el 10 de junio de 2031.

A continuación, presentamos cinco retos para el nuevo gobierno en relación con los desafíos que enfrenta la Ley 1448 de 2011 para los próximos años. Estas conclusiones son producto del segundo intercambio técnico sobre el futuro y los desafíos de la restitución de tierras en Colombia (2021-2031), un encuentro convocado por Dejusticia, CINEP, CCJ y CODHES con el apoyo del Centro de Género, Justicia y Seguridad (UKRI GCRF) del London School of Economics.

1. La etapa judicial de restitución y la planeada jurisdicción agraria
Si bien hay un cambio de escenario con el nuevo gobierno, el poder judicial sigue siendo el mismo. Es importante que el poder judicial se inscriba en las lógicas transicionales y de construcción de paz, y que cuente con un presupuesto adecuado para su funcionamiento. Para el caso de la jurisdicción agraria, que es una de las banderas del nuevo gobierno, es importante que se nutra de toda la experiencia de restitución de tierras. Y si es posible, que haya participación de la sociedad civil, de la academia y de los tanques de pensamiento. Por otro lado, es importante que los jueces agrarios puedan tener múltiples competencias, pues los problemas de la tierra arrastran décadas a cuestas.

2. Mejorar los registros de información
Los problemas en el retraso de los procesos de restitución se presentan desde la etapa administrativa. Esto puede convertirse en un cuello de botella para la etapa judicial. Sin embargo, no es posible hacer un diagnóstico porque la calidad y el acceso a la información es limitado.

3. Poca presencia de las mujeres y el enfoque de género
Las organizaciones de mujeres deben ser parte de los debates sobre los procesos de restitución de tierras.Los mecanismos de seguimiento a los PDET y los PATR deben contar con indicadores robustos de seguimiento e implementación con enfoque de género.En relación con el Acuerdo de Paz, es propicio que se amplíe el marco de indicadores en perspectiva de género. El gobierno saliente reporta un alto porcentaje de metas cumplidas, pero con metas pobres.

4. Un marco amplio para las reparaciones
Hoy en día, tal y como existe, la indemnización individual no se cumplirá. El modelo ha fracasado.
La política de reparación y restitución se debe ver desde una perspectiva más amplia. El gobierno ha sectorizado la política entre retornos, indemnizaciones, y esto no dialoga con el sector en su complejidad. Es decir, la reparación integral funciona de manera diseccionada. Con el diálogo social podría orientarse la política pública de reparación, los PDET, las indemnizaciones, entre otros.

5. El régimen de protección de tierras
Los nuevos lineamientos sobre el registro de protección de tierras (RUPTA) definieron que la URT solo activará la ruta de protección cuando hay un desplazamiento forzado efectivo. Anteriormente la ruta de protección se activaba con el riesgo de desplazamiento. Al modificar esta ruta se desnaturalizó la figura de la protección de tierras. No hay una ruta en la que se estén dictando las medidas de inclusión en el RUPTA en zonas en las que hay riesgos inminentes o en las que ya se están presentando desplazamientos forzados.

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