PARA QUE UN PAÍS DEMOCRÁTICO progrese, necesita, entre muchas cosas, estas tres: seguridad, cierta igualdad social y respeto por las leyes.

Casi todos los políticos están convencidos de que todo eso es importante. Sin embargo, en la práctica, cada cual ordena las cosas a su manera, es decir, pone primero lo que más le gusta y, al final, lo que menos (a veces, el orden de los factores sí altera el producto): los de derecha ponen la seguridad primero y dejan la igualdad para cuando se pueda; los de izquierda hacen lo contrario.

Pero el orden de esa lista también depende del país en el que uno vive. Si yo fuera un ciudadano, digamos, de Noruega, en donde hay mucha seguridad, igualdad y legalidad, probablemente votaría por un partido político de centro. Si, en cambio, tuviera que votar en Botsuana, uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo —aunque con una democracia muy estable—, apoyaría a la izquierda.

Tomar esa decisión en Colombia, como casi todo lo que ocurre aquí, es mucho más difícil. En este país hay casi tanta desigualdad social como en Botsuana, lo cual debería despertar simpatía por las propuestas igualitarias, pero el gobierno es de derecha y mucha gente lo apoya. ¿Cómo es eso posible? Por varias razones, pero quizás la más importante sea la prolongada presencia de la guerrilla en la vida política nacional. Es por eso que aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, la elección entre seguridad e igualdad, es decir, entre derecha e izquierda, no es tranquila y mesurada, sino que está cargada de sentido bélico. Para muchos colombianos el dilema no es tanto entre seguridad y justicia social, sino más bien entre, por un lado, atacar primero y con más fuerza a la guerrilla y, por el otro, hacer eso mismo, pero con los paras.

Esta contaminación bélica del debate político hace que en Colombia los paramilitares sean vistos como antisubversivos, más que como criminales, y que los guerrilleros sean vistos como enemigos de los paras y de la oligarquía, antes que como delincuentes. Por eso, porque se les ve como opositores y no como ilegales (la diferencia entre lo legal y lo ilegal resulta menos importante que la diferencia entre la izquierda y la derecha), las acciones de ambos obtienen cierta legitimidad.

Pero no sólo una gran parte de la población ve la política como una guerra, sino que el mismo Gobierno comparte y promueve esta visión, en detrimento, claro, no sólo de la igualdad social, sino de la legalidad.

Así pues, de los tres problemas que señalé al inicio, dos son particularmente graves en Colombia: la injusticia social y el menosprecio por la legalidad. Siendo así, ¿por qué no votar, como en Botsuana, por la izquierda democrática, que respeta la legalidad y promueve la equidad social? El problema de esta solución —deseable, a mi juicio— es que, en el ambiente de polarización malsana que vive hoy en día el país (mucha gente de derecha se siente más cercana de los paras que del Polo y mucha gente de izquierda se siente más cerca de la guerrilla que del uribismo), es muy poco probable que esa opción conduzca a una victoria electoral.

Así las cosas, creo que la única salida es una gran coalición de fuerzas políticas de oposición, con un fuerte apoyo de la opinión independiente, que logre restaurar la decencia de la política y el respeto por la legalidad.