De acuerdo con las organizaciones que solicitaron la audiencia concedida por la Comisión, en los últimos tres años más de 48 mil mujeres y niñas colombianas acudieron a Medicina Legal como posibles víctimas de violencia sexual, pero cerca del 40% de ellas no fueron atendidas por el sistema de salud, y las que sí lo fueron recibieron una atención inadecuada. 

Este es un problema de grandes dimensiones que debe ser atendido de manera inmediata y seria por parte del Estado, especialmente en este momento de transición hacia la paz pues, como han demostrado las experiencias de Guatemala y Perú, entre otros, no atender oportuna e integralmente las necesidades de  salud de las víctimas de violencia sexual hace mucho más difícil la superación de la violencia en países que están saliendo de conflictos armados. 

Corte Constitucional Colombiana estudia el caso

Desde julio del presente año, la Corte Constitucional está estudiando una demanda interpuesta por cinco organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres* que buscan dar un paso para resolver este grave problema que se hizo evidente en 2014 cuando, con la expedición de la ley de atención a víctimas de violencia sexual (Ley 1719), se volvió opcional la aplicación del Protocolo de Atención en Salud a Víctimas de Violencia Sexual. 

Este protocolo había sido expedido con carácter obligatorio dos años antes (2012) por el Ministerio de Salud con el objetivo de buscar activamente a las víctimas de violencia sexual, informarles sobre sus derechos en salud y atenderlas integralmente en términos físicos y psicológicos de una forma digna. 

Para las organizaciones demandantes, esto es un retroceso inaceptable pues aplicar el Protocolo de atención en salud a víctimas de violencia sexual de manera obligatoria contribuye a garantizar un trato digno y unos servicios integrales para las cerca de 44 mujeres que a diario sufrieron violencia sexual en Colombia en los últimos tres años. 

* Las cinco organizaciones que le han pedido a la Corte Constitucional que garantice la atención en salud a las víctimas de violencia sexual en Colombia, y que han llevado el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son:

Women’s Link Worldwide es una organización internacional de derechos humanos que promueve el cambio social a través del derecho para lograr avances en los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente de aquellas que enfrentan múltiples inequidades. 

Dejusticia es una organización que produce conocimiento experto en derechos humanos, que incide en la opinión pública y en el diseño de políticas públicas, y que fortalece y apoya a las organizaciones sociales, contribuyendo así con la vigencia del estado democrático de derecho.

La Corporación Humanas –Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, es un centro de estudios y acción política feminista cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica.

Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres es un colectivo de organizaciones y personas que desde su conocimiento y experiencia técnica trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular los relacionados con la libre opción a la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del aborto en Colombia.

Casa de la Mujer es una organización social feminista que contribuye a la reivindicación, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, desde el fortalecimiento de su autonomía, y desde el aporte a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa, digna y en paz.

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