El Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018, en Costa Rica, representa un esfuerzo conjunto de los países de América Latina y el Caribe para promover el acceso a la información, la participación pública y la justicia en decisiones que afectan el ambiente, donde Colombia tuvo amplia participación en el proceso. También es un instrumento fundamental para la protección de las personas defensoras ambientales. Sin embargo, su implementación ha enfrentado diversos desafíos, y su ratificación por parte de Colombia aún está pendiente.

El Congreso de la República expidió la Ley 2273 que aprobó el Acuerdo en 2022, y desde diciembre de ese año la Corte Constitucional tiene la decisión en sus manos. El alto tribunal se encuentra analizando la compatibilidad del Acuerdo de Escazú con la Constitución Política de 1991. En la audiencia pública, convocada para este viernes 26 de abril a las 8:30 a. m., los magistrados escucharán argumentos principalmente sobre la relación entre el tratado regional y la seguridad jurídica y soberanía nacional.

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No obstante, de las 73 personas naturales y jurídicas que presentaron conceptos técnicos en el proceso judicial, 23 fueron llamadas a intervenir oralmente en el espacio. Sin embargo, la composición de la audiencia no refleja una representación equilibrada entre las posturas de los intervinientes. Esto se suma a una inconveniente programación de la audiencia, pues en la misma semana se realizará la COP3 del Acuerdo de Escazú en Chile y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados, ambas agendadas desde principio de año y que, evidentemente, se cruzan con el espacio convocado por la Corte, que congrega al mismo público interesado.