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Colombia, el Vaticano y los Derechos Humanos
Por: Dejusticia | Diciembre 17, 2012
Si la posición de la Santa Sede es tan clara sobre aborto y matrimonio igualitario ¿por qué permanecen esos temas en la agenda bilateral con Colombia? ¿Hasta dónde pueden ir las discusiones dentro de una agenda bilateral entre Estados? Esta pregunta es válida en un contexto internacional como el de hoy donde se discuten los temas más variados y el intercambio interestatal es permanente. Sin embargo, los límites de las negociaciones y diálogos internacionales están dados por los ordenamientos internos y por el derecho internacional de los derechos humanos. En nuestro caso por ejemplo, uno de los principales lineamientos de política exterior es la inclusión social de grupos y personas discriminadas entre otras razones, por su orientación sexual e identidad de género; para ello, la Cancillería tiene como funciones la negociación y promoción de los tratados internacionales de protección y reconocimiento de derechos humanos. Si este es uno de los ejes de la política exterior colombiana, llama la atención que dentro de la agenda bilateral de nuestro país con el Vaticano se incluyan el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo. Frente la posición de la iglesia católica representada por la Santa Sede en contra de estos dos temas tan controversiales ¿por qué Colombia insiste en mantenerlos en la agenda? No pretendo explicar los motivos que dieron lugar a esta agenda –que por demás los desconozco-, ni tampoco afirmar que el Vaticano por representar a la Iglesia Católica no puede entablar relaciones diplomáticas con Colombia, al contrario. Lo que quiero dejar en claro es que ningún acuerdo internacional puede, legítimamente, afectar los derechos humanos reconocidos dentro de un Estado; por lo tanto, Colombia está en la obligación de poner freno a cualquier medida que busque, mediante las relaciones diplomáticas con la Sede Apostólica, menoscabar el derecho de las mujeres a la IVE en los casos permitidos, o desconocer el reconocimiento como familias de las uniones de personas del mismo sexo. La mirada de sospecha ante un eventual retroceso en estos dos temas, no se dirige a cerrar la banda a la discusión internacional sobre el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo; más bien se trata de mirar con lupa la posición que tiene la iglesia católica sobre estos dos puntos, la posible influencia de esa posición en la política interna colombiana y sobre todo, el papel que debe asumir el Estado colombiano al respecto. Entonces ¿cómo debe abordar la Cancillería la presencia de la IVE y el matrimonio igualitario en la agenda con la Santa Sede? Cualquier movida de la Cancillería debe tener presente que el reconocimiento del derecho a la IVE y del estatus igualitario de las uniones de personas del mismo sexo, ha sido producto de una ardua labor gestada en el corazón de la sociedad y consolidada a través de la jurisprudencia de una Corte Constitucional respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, debe tener presente que los avances que han buscado el reconocimiento de igual dignidad para mujeres y personas LGBTI no pueden desconocerse por ningún motivo debido a la posición ideológica de una de las partes dentro de una relación bilateral de derecho internacional; menos aun teniendo en cuenta que para proteger la libertad de cultos -que cobija a la religión católica-, el Estado colombiano no puede darle prevalencia a ninguna religión. Entonces, el llamado no se dirige a que Colombia rompa relaciones con la Santa Sede, pero sí a que no se haga la de la vista gorda frente a temas controversiales que tocan derechos humanos. Si quiere cumplir el objetivo de promoción y respeto de los derechos humanos que se traza en los lineamientos de su política exterior, el Estado colombiano no puede olvidarse de proteger el derecho a la IVE en los casos permitidos y el reconocimiento igualitario de las parejas del mismo sexo, a pesar de la posición institucional que representa el Estado del Vaticano.