En el mundo, cada año mueren millones de personas por causas prevenibles relacionadas con afectaciones a la salud pública. Los mal llamados accidentes de tránsito son una de esas causas: alrededor de 1.35 millones de personas mueren al año por siniestros viales y varios millones más resultan heridas. De seguir así, se prevé que para 2030 se alcance la cifra de 1.8 millones de fallecidos.

En respuesta a esta problemática de salud pública, algunos gobiernos han implementado marcos regulatorios estrictos para reducir el impacto mortal de estos siniestros. Estas normas inciden en los procesos de la industria automotriz, lo cual puede ayudar a ‘nivelar la cancha’ entre las fábricas que operan en distintos países, de manera que los usuarios del sistema de transporte accedan a vehículos seguros sin importar el lugar en donde viven.

En Colombia, sin embargo, aún no existe una regulación  de los estándares de seguridad vehicular. Por ello, para avanzar en una decisión que tenga en cuenta la seguridad vehicular como un asunto de salud pública y derechos humanos, escribimos el libro Seguridad vehicular y derecho internacional económico.

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¿Cuáles son los estándares ideales de seguridad vehicular para Colombia?

Por décadas, las Naciones Unidas han regulado la seguridad vehicular a través del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos —también llamado WP.29—. Sus reglamentos, implementados por la mayoría de los países de la OCDE, han permitido que sistemas de seguridad que hoy consideramos elementales hayan sido estandarizados por la industria automotriz.

Dado que los Acuerdos del WP.29 pretenden ser las reglas mínimas para la adecuada comercialización internacional de vehículos, su adopción por parte de nuevos Estados es flexible; cada país puede decidir cuáles normas de la ONU se adecúan a sus necesidades particulares de seguridad vehicular y salud pública, sin que implique una contradicción a los acuerdos comerciales de los que es parte.

Colombia lleva años de retraso en la regulación de la seguridad que ofrecen los vehículos para prevenir siniestros viales. Desde hace 20 años el promedio de fallecidos por esta causa ha sido de 7,000 personas al año y ha sido una de las 10 primeras causas de muerte durante los últimos 14 años. Adoptar  nuevos reglamentos técnicos nacionales con base en una planeación estratégica de las normas del WP.29 es un primer paso para tratar la seguridad vehicular como un asunto de salud pública. Así, el documento que escribimos presenta con sencillez las implicaciones que traería para Colombia la incorporación de estos estándares internacionales en seguridad vehicular en el marco de los acuerdos comerciales e inversión suscritos por el país.

Cabe aclarar que, debido al uso internacional de otros estándares, como el FMVSS estadounidense, Colombia puede reconocer otros marcos regulatorios que permitan alcanzar los mismos niveles de protección que el país busca conseguir a través de los acuerdos del WP.29 y, de ese modo, evitar barreras innecesarias al comercio internacional de vehículos. Si Colombia, en todo caso, decidiera adherirse por completo a dichos acuerdos, deberá justificar técnicamente por qué no pueden ser homologados por otros marcos regulatorios.

A continuación, presentamos el procedimiento que Colombia tendría que seguir para una correcta adopción de las normas del WP.29: